El bloque de cambio se ha quedado a 33 diputados de alcanzar los dos tercios del Congreso y, en el Senado, si en las próximas autonómicas se dieran resultados similares a 2015, se llegaría a la cifra mágica. La reforma constitucional estaría al alcance.

Como era de prever convocar elecciones generales antes que las municipales, como hiciera Adolfo Suárez en 1979, ha sido un acierto. Aunque fuera por rebote, por el no de los independentistas a apoyar los presupuestos. Y es remarcable, que la valentía de buscar una solución a la cuestión catalana no ha sido lastre para el presidente Sánchez, como temían algunos.

Sobre esto, cabe recordar que hace un año, en pleno nuevo envite soberanista, una encuesta (GAD3, La Vanguardia, 19/03/2018) mostraba que el 67 por ciento de los españoles estaban por una reforma constitucional para proveer una solución pactada en la cuestión catalana y en Catalunya ese porcentaje se elevaba hasta el 72 por ciento. Entre votantes del PSOE, el 53 por ciento estaría a favor de esa solución constitucional, frente al 33 por ciento que se manifestaban en contra.

Con la mayoría alcanzada en el Congreso y en el Senado, el PSOE tiene la posibilidad de dar cauce de solución a la deriva independentista. Por un periodo largo, si es osado. Y no me refiero a posibilitar el referéndum exigido por el independentismo sino a abrirse a otro tipo de pacto de relación territorial. Sería coherente que el Presidente lo propusiera porque, como se trasluce de su libro, tiene convicciones ideológicas de profundidad, no solo políticas, de modo que tenemos que pensar que es sincero en su apuesta por la España multinacional y en querer explorar fórmulas de futuro consistentes. Otra cosa será la dificultad de hacer viable una solución realista: dependerá de la dureza que se encuentre en las pretensiones independentistas y en l de Ciudadanos y Partido Popular, VOX por descontado, que impidan una salida negociada global.

Los aires de acuerdo están a favor. Esquerra ha ganado con un discurso dialogante y el PSC ha remontado a segundo partido en Catalunya, todo favorece un diálogo pragmático.

Lo de Catalunya se resuelve con un nuevo encaje territorial. Si se acomete con valentía y realismo, necesariamente un pacto federal, se solucionaría el tema por una generación y, probablemente, dada la dinámica geopolítica global, de modo permanente. Pero si se pretende el apaño de otro Estatuto, para dar satisfacción al Ciudadanos y al PP, que con sus 66 diputados pretende seguir marcando la agenda desastrosa de Rajoy-Santamaría, fracaso a la vista y encrucijada para el PSC, que tendría que optar entre perder la credibilidad recuperada o plantarse en contra.

Está al alcance una reforma constitucional. El hemiciclo que votó la moción de censura (201), se queda a 33 diputados de la mayoría de 2 tercios. En el Senado en este momento, el Senado en número de senadores de los partidos y coaliciones que dieron la mayoría en la moción de censura suman 145 a 33 de la mayoría de 2 tercios, que se consiguen, si todo quedara como está ahora, con los 33 de los 58 de designación autonómica. Ya se verá si, tras el reajuste de senadores de designación autonómica tras el 26-M, se mantienen los 33 de la mayoría del bloque de progreso. Con ésta, el Senado podría tomar iniciativa para redactar la reforma de la Constitución.

La mayoría de dos tercios en el Congreso, faltan de 33 diputados, no habría de asegurarse hasta el final de legislatura, suponemos que en abril de 2023. Hasta entonces, mucho puede pasar en el PP y en Ciudadanos. Alguno de los dos o ambos podrían, al fin,  adecuar su discurso a la nueva sociedad española y abrazar una reforma que, de acometerse desde el federalismo, sería la mejor argamasa para consolidar la unidad de España. Ese sería el plan A. Existe, empero, la posibilidad de un plan B.