Candidaturas desbloqueadas para abrir los partidos

Reformar la LOREG

El caso de la nueva concejala de Ciudadanos en el ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Evelyn Alonso, aviva otra vez el transfuguismo y reabre el debate sobre la cualidad de la representación política y la disciplina de voto. Ciudadanos se ha apresurado a expulsarla del partido pero deja en el aire la discusión sobre legitimidades; sobre la libertad de criterio y la imposición de los partidos.

Si, en el mejor de los casos, no se trata de una compra de voluntades sino por una cuestión de conciencia ideológica de la concejala, entonces los votantes de la candidatura hubieran querido saber la posición de la señora Alonso, su compromiso respecto a su partido.

La confección de las listas, para el Congreso, en los parlamentos autonómicos y en los ayuntamientos siguen siendo cerradas, constituyendo una anomalía democrática limitando la capacidad de los electores, que no pueden elegir a sus candidatos concretos, teniendo que conformarse con el orden de salida que establece el líder de turno; afianzándose la jerarquía y el clientelismo. No es extraño, así, que se relacione a los políticos por su pugna por el poder más que por la defensa de soluciones a los problemas.

La Ley Electoral que data de enero de 1977, es preconstitucional, fue diseñada por los expertos de la Moncloa para asegurar que el partido de Adolfo Suárez ganara las elecciones generales de aquel año y, en una estrategia general, para fortalecer los partidos recién creados y a sus dirigentes, buscando liderazgos fuertes (que después se han convertido en los mayores obstáculos para la democratización interna de los partido políticos) y evitar que los electores tuvieran demasiado que decir; no fuera que estuvieran por más reformas que las permitidas.

Vemos que desde entonces la rigidez en los resultados electorales, hasta la irrupción de los nuevos partidos, ha sido la tónica del mapa electoral. La mayoría de gobierno depende del partido que consigue los votos de la España interior, extraordinariamente primada en su representatividad en el Senado y, menos exagerada en el Congreso, por su representación más acorde a la población pero, en ese caso, diezmada democráticamente por la imposibilidad de que los electores puedan personalizar su voto; y, por tanto, responsabilizar al político en el cumplimiento o no de sus promesas: todo queda diluido en el liderazgo nacional, tan impersonal como difuso.

Probablemente sin listas cerradas no se hubieran producido las sucesivas repeticiones electorales exprés. Con la actual Ley Electoral las encuestas se mueven de un lado al otro sin salir del corsé de las últimas mayorías de estos cinco años porque los instrumentos electorales solo permiten movimientos pendulares, con poco recorrido, cediendo que las jerarquías de los partidos impongan su rigidez ideológica, no permitiendo cambios significativos en los perfiles de los candidatos. Solo si la ley obligara a candidaturas con inclusión de pluralidad, de matices ideológicos, y el votante pudiera elegir preferencia de voto, entonces, las elecciones dependerían más de las personas y, no tanto, de las imposiciones de los líderes.

A este respecto, cabe recordar que la Ley Electoral, como Ley Orgánica modificable por mayoría absoluta, podría ser reformada por la actual mayoría de gobierno, cosa que en mi opinión, debería impulsarse cuanto antes para separarla de las próximas convocatorias electorales; para que nadie quiera ver oscuras maniobras de remar a favor de nadie.

¿Qué cambiaría de la actual ley electoral?

La síntesis de justificación de la reforma se concreta en dos aspectos: mayor proporcionalidad y representatividad del electorado mediante el cambio del método de Hondt por el de Saint-Laguë y el cómputo de los restos electorales, aumentando el número de diputados de 350 a 400, y promoviendo que del nuevo sistema de elección surjan nuevas mayorías parlamentarias rompiendo mecanismos antiguos que tienden a perpetuar y enquistar el parlamentarismo.

Es pues, la reforma de la ley electoral, una iniciativa axial para un gobierno que busca una modernización del sistema político.

 

El gobierno de coalición está facultado por aritmética pero, también, por apoyos cualitativamente amplios del hemiciclo para una reforma que, cabría suponer, no va a contar con los votos de VOX ni del PP que se nutren esencialmente de la España interior, actualmente primada electoralmente, pero podría conseguir el respaldo de Ciudadanos que llevaba la propuesta de sumar los restos electorales en su programa. En una democracia parlamentaria sumar consensos cualitativos, entre diversos partidos, suma más que la escueta aritmética.

Algunos criterios que me parecen a tener en cuenta:

1- Mayor proporcionalidad entre voto emitido y adjudicación de escaños. En eso, mientras no sea posible una reforma constitucional, sería partidario como muchos han apuntado, de sustituir el método de d’Hont por el Saint-Laguë, que mejora la proporcionalidad.

2- No tocar los mínimos establecidos de votantes sobre la totalidad del censo. Los partidos regionales-nacionalistas deberían mantener las mismas condiciones que hasta ahora, al menos hasta que una reforma de la Constitución resuelva que el Senado sea la Cámara regional, con circunscripción única por autonomía, donde los partidos regionales-nacionalistas tengan la representación que merezcan por el voto de sus votantes. Hasta entonces, el Congreso tiene que reflejar esa identidad regional.

3- Los restos electorales, que dejan a millares de votantes sin representación a causa de circunscripciones electorales muy desiguales, las provincias, pueden ser contabilizados aumentado el número de escaños, como sostienen varias formaciones políticas. Casi un millón de votos, 934.308 en las elecciones de 26-J de 2016, son los que obtuvieron las listas de partidos que no llegaron al mínimo para optar al reparto de escaños o no, aun siendo importante los votos regionales obtenidos no fueron suficientes para obtener representación a los que habría de sumarse los restos de los que sí obtuvieron representación.

3.1- Un sistema racional una opción, más compleja, seria asignar a cada autonomía, y con circunscripción regional, nuevos escaños en relación a su población, asignándolos según los restos no contabilizados, sumando partidos que no consiguieron contabilizar y resto de los que sí obtuvieron escaño, y utilizando la nueva metodología de la ley de Saint-Laguë. Pero, un buen equilibrio, y más en esa coyuntura complicada y tildada de poco nacional-española, la segunda opción, con el seguro entusiasmo de Ciudadanos, sería la circunscripción nacional para la asignación de los nuevos escaños

4- En cuando a las listas. Cabe la posibilidad de permitir que las listas para el Congreso se desbloqueen. Que el elector pueda señalar como preferente, numerándolos, a cada candidato. De modo que, a la hora del recuento de los votos, el marcado como número uno sería el primero, y así en orden sucesivo. En caso de que no se marcara ninguna se seguiría el orden de la lista, pero si en una lista solo apareciera uno señalado, ese tendría preferencia sobre el primero del listado. No se me oculta que, seguramente, en las primeras el electorado mantendría el orden de la lista pero al poco el votante se acostumbraría.

A este respecto, de promover la reforma de la Ley Electoral, he impulsado una campaña de recogida de adhesiones por change.org, a la que os pido firméis y deis la máxima difusión.

http://chng.it/rxg7HMNc