La historia de España ha estado jalonada de episodios de rebeliones y revueltas por la cuestión regional cada vez que, desde el poder real o los gobiernos de turno, afrentaban los derechos históricos de regiones con pasado político independiente o privativo. Es ese regionalismo, o nacio­nalismo, el tema axial a resolver de una forma pactada entre ambas partes, regionales o nacionales y Estado central, si se aspira a un proyecto de Es­paña viable. Es el tema sensible sin cuya resolución satisfactoria por ambas partes, no será posible la tan ansiada estabilidad política en España y, pa­ra la Corona, la oportunidad de consolidar y justificarse como institución porque, no se olvide, el pacto tácito no escrito con la Corona incluía que partidos políticos de corte republicano no cuestionarían la institución a cambio de un modelo de Estado autonómico y con amplias facultades para las nacionalidades históricas.

En esta coyuntura de crisis económica, social y política, le corresponde a la Corona dar el paso trascendental, como lo dio en el proceso de cambio de la dictadura a la democracia, y acometer una segunda Transición; un nuevo consenso constitucional que dé respuesta a las cuestiones regionales que deberían haberse resuelto en aquella Transición inacabada.

Al rey Juan Carlos se le demanda que tome parte activa en la prepara­ción de ese cambio, saltando su posición institucionalizada y asumiendo el pacto institucional, de garante de la unidad y la convivencia nacional, como lo hizo cuando el Congreso fue asaltado en 1981. En efecto, hoy las instituciones no están amenazadas por un enemigo exterior, pero sí por una endogamia política que impide la transformación, y evolución, de las mismas para adaptarse a las demandas, capacidades e intereses de la socie­dad en proceso de cambio.

Se trata de no poner obstáculos a que las instituciones puedan evolu­cionar incorporando nuevos valores y mecanismos de representatividad haciendo viable que, como si de cualquier empresa económica se tratara,

nuevas tecnologías de investigación, desarrollo e innovación aumenten la calidad de las instituciones y su funcionalidad en la arquitectura del Esta­do; cauces nuevos de participación política enmarcados en teorías como la democracia participativa y deliberativa o experiencias “diputado 2.0”.

La Corona, consciente de la situación anómala en que están las insti­tuciones y sensible a la voz de la calle, no puede permanecer indolente al deterioro sine die de la convivencia política y social. Sin menoscabo del valor de las urnas, ni menosprecio de grupos pacíficos que se mueven por intereses legítimos y puntuales, el rey y la institución monárquica, inter­pretando el sentir de la ciudadanía que se manifiesta por medio de los estudios sociales y de opinión y los medios de comunicación, como hiciera en los últimos años de la Dictadura, tiene que impulsar un nuevo proceso constituyente.

La Corona está legitimada desde su privilegiada institucionalidad no política, pero sí de garante de convivencia, para asumir un liderazgo de cambio que resuelva las dos grandes cuestiones que posibilitaron la Transi­ción, y cuya óptima resolución quedó interrumpida por el cambio de rum­bo político posterior al intento de golpe de estado: pacto en lo territorial y pacto en lo político que, hoy, son también los principales escollos para que colectivamente tengamos un proyecto de país sólido, y para que España recobre su autoconfianza.

En lo territorial, promoviendo un modelo que incorpore el régimen fe­deral para aquellas regiones que reúnan condiciones de masa crítica y viabi­lidad como autonomía federada. Y en lo político, un cambio en las institucio­nes, revisando en profundidad su funcionalidad especialmente el Senado, para adaptarse al nuevo modelo autonómico y federal, y los partidos políti­cos. Una nueva ley de partidos que, entre otras, se refiera a su organización interna, garantizando que en las elecciones de cargos se aseguren mecanis­mos de transparencia y democracia interna, con presencia de las tendencias minoritarias en los órganos de dirección, evitando que se eternicen grupos de presión que impidan la evolución y la movilidad generacional.

Al rey Juan Carlos hay que pedirle visión política, como tuviera su padre don Juan siempre pendiente de España (aún resuenan sus últimas pala­bras como heredero de la institución: “Majestad, ¡por España, siempre por España!”)10, y que impulse esa segunda Transición por el bien y la unidad de España, como Estado plurinacional. Y para la continuidad dinástica, siempre en entredicho mientras la Corona esté más cerca de los poderes fácticos que del pueblo.

El rey Juan Carlos, con el príncipe Felipe, tiene que dar el paso y saber atemperar tanto a partidos políticos, y a la sociedad civil, como a cenácu­los intolerantes que pretenden reproducir los fantasmas del 36, como hicieron durante la Transición, y tener claro que la Monarquía, que no está consoli­dada sino de prestado porque supo aportar el valor añadido de impulsar el cambio necesario para España, tiene ahora otra oportunidad de validarse y justificarse ante la sociedad.

La Monarquía de Felipe de Borbón, su estabilidad, va a depender de que sea capaz de asumir el papel de vínculo de unión de la España plural, sin imposiciones territoriales, en la que las regiones nacionalistas tengan su máxima expresión como regiones históricas. Una Monarquía federal, de respeto a los territorios, como funcionó la España de los Austria o como funcionan los estados federales modernos.

Si el rey tiene el coraje de impulsar ese cambio que el país, política y so­cialmente, necesita, habrá cerrado su reinado con inteligencia de hombre de Estado como lo inició, y habrá puesto los cimientos para la viabilidad de España como nación en el futuro. Los fantasmas del pasado están ahí, presentes, y pueden volver.

Epílogo. Viabilidad de la reforma constitucional.

La organización de las Jornadas ofreció la posibilidad de corregir hasta final de septiembre de 2013 la comunicación entregada en mayo. He aña­dido una última reflexión teniendo en cuenta las manifestaciones que se han vertido en torno a la Diada catalana.

La cadena soberanista, habría que ver hasta qué punto independentista o federalista, movilizó a miles de personas que coincidían en reclamar una consulta sobre el encaje de Cataluña en España; consulta que de realizarse, según las encuestas, se decantaría por mantener la unidad con España, pero desde un planteamiento de Estado federal.

Esta comunicación cree haber demostrado que el modelo federal se ha­bría impuesto en la Transición de haberse contado con otro sistema electo­ral, más proporcional, que no hubiera primado la representatividad de las provincias menos pobladas. Lejos de alterar el consenso constitucional, el modelo federal supondría la culminación y modernización del proceso autonómico emprendido, y clarificar y adecuar los paquetes competenciales a las necesidades y aspiraciones de las diferentes comunidades autónomas.

En la presente coyuntura social y política, la gran mayoría de la ciuda­danía española podría mostrarse favorable al marco federal si, rescatado el espíritu de concordia que dio lugar al consenso constitucional, desde los partidos políticos se impulsaran iniciativas para explicar la realidad prácti­ca del marco federal.

Una reforma hacia el modelo federal podría contar con el respaldo de la mayoría de los ciudadanos si nos atenemos a las encuestas del CIS11, cuando pregunta sobre la organización del Estado. Aunque un 21,8 por ciento estaría a favor de un único gobierno central y un 12 por ciento por disminuir las competencias de las comunidades autónomas (33,8 por ciento), en cambio, el sesgo de quienes querrían una mayor autonomía y la posibilidad de que se reconociera a las comunidades autónomas poder convertirse en estados independientes (12,2 y 9,7 por ciento respectiva­mente, esto es, el 21,9 por ciento), sumados con el 34,2 por ciento que preferiría mantener el Estado autonómico como en la actualidad, aportan argumentos para sostener que ese 56,1 por ciento podría estar de acuerdo con una reforma territorial que apuntara hacia alguna fórmula de fede­ralismo. El punto de encuentro podría estar en el Estado federal si parte de quienes se muestran conformes con el actual Estado autonómico, y de quienes se posicionan a favor del independentismo, asumieran el modelo federal como vía política con facultades específicas, para que las nacionali­dades que optaran por el régimen federal tuvieran cierta presencia en los foros europeos.

No se oculta que una dificultad residiría en que, a pesar del tiempo transcurrido desde el establecimiento del Estado autonómico, la España interior no entiende ni siquiera el autonomismo; se manifiesta partidaria de una mayor centralización o de disminuir las competencias autonómicas en porcentajes parecidos al momento en que se redactó la Constitución; un 60 por ciento en las comunidades castellanoparlantes y en la Comuni­dad valenciana, llegando al 74 por ciento en Madrid.

Los partidos políticos mayoritarios que, por intereses espurios de clien­telismo electoral, no realizaron la pedagogía de explicar que España es un Estado plurinacional tendrían, ahora, que esforzarse en esa dirección si quieren contribuir a resolver con proyección de futuro la realidad territo­rial de España.

Una reforma constitucional en la dirección apuntada, siempre que el presidente Rajoy asumiera ese liderazgo reformista como el que encarnara Adolfo Suárez en la Transición, sería realizable en poco menos de un año.

El artículo 167 de la Constitución ofrece la posibilidad de reforma de la Constitución de forma rápida y sencilla. Por esta vía de reforma, no se po­drían tocar los principios políticos (arts. 1-9), los derechos fundamentales (arts. 15-29) y la Corona (arts. 56-65). De manera que la reforma constitu­cional, sobre el modelo de Estado, debería concentrase en el título VIII, que tendría que ser compatible con la definición del art. 2, que refiere “el derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones”, conservando, por tanto, la formulación de comunidades autónomas. De otro lado, un mo­delo federal no tendría que hacerse necesariamente sobre el actual diseño territorial, ni tampoco forzando nuevos lindes territoriales. No debiera co­meterse el error de forzar adscripciones territoriales, como ocurrió en la Transición, por lo que la transformación de las comunidades autónomas a la nueva forma federal podría realizarse voluntariamente adoptando una solución similar a la que previó la Constitución para el desarrollo del pro­ceso autonómico; arts. 152 y 148, en el caso que nos ocupa para adquirir al régimen federal.

Sin embargo, y a diferencia del título VIII redactado entonces en un contexto histórico bien distinto, para el acceso a “comunidad federal” se­ría imprescindible la suficiencia económica y financiera, es decir, mostrar ciertos parámetros de tamaño, y de “masa crítica”, que supongan la viabili­dad de la comunidad por sí misma para hacerse responsable de su econo­mía, con fórmulas similares a los estados federados más solventes. Salvada la irritación de pequeñas comunidades uniprovinciales, y alguna otra, la exigencia de solvencia económica y financiera debería imponerse por el bien general del país. Tras esta reforma de calado, sería sencillo ajustar la dimensión y competencia de todas las administraciones a las necesidades reales de la sociedad, redimensionando la Administración del Estado. El Estado vería más saneadas sus cuentas y garantizada su sostenibilidad y, en la medida en que la simplificación administrativa estaría acorde con la realidad sociológica del país, se robustecería el Estado que resultaría más y mejor integrado y fortalecido, como Nación plurinacional y sólida en su presencia exterior.

La reforma constitucional por esta vía del art. 167 se podría completar en seis meses si hubiera un acuerdo PP-PSOE y el resto de la representa­ción parlamentaria no forzara un referéndum (35 diputados o 27 senado­res); en caso de referéndum, completar la reforma, por esta vía, podría completarse en un año como en la Transición. Abundando en esta vía de reforma de la Constitución, y atendiendo a la aritmética parlamentaria, la reforma saldría adelante con el apoyo de los 3/5 del Congreso (210 diputa­dos) y del Senado (105 senadores), de modo que, a pesar de que pudieran darse votos no disciplinados en algún partido, si se consiguiera la adhesión mayoritaria de otros grupos de las cámaras la reforma resultaría viable.

 

NOTA 1.- A final de mayo, tras las elecciones europeas, recibo la primera versión del libro para corrección. Aprovecho la ocasión para decir que la Corona está moviéndose en la línea que sugiere este artículo.

NOTA 2.- Hoy, 2 de junio, recibimos la noticia de que el Rey abdica. Como publiqué en un post de urgencia en las redes sociales, tengo la convicción de que el Rey hubiera querido concluir su reinado con otra aportación crucial para el futuro de España, pero no habría encontrado comprensión en parte de la clase política.

 

 

 

 

[1]En el acto de cesión de los derechos dinásticos a su hijo Juan Carlos, el 14 de mayo de 1977.

[2] Boletín 31. Enero-abril 2003 Estudio CIS 2455, http://www.cis.es/cis/opencms/Archivos/Boletines/31/BDO_31_index.html