Para muchos la división provincial actual no es operativa para enfocar cuestiones territoriales de cierta entidad. No es operativa como sub administración autonómica ni sirve como delimitación estatal,  como se ha puesto de  manifiesto cuando ha habido que definir áreas sociales de relación humana con motivo de los confinamientos y restricciones de movilidad por el Covid-19. Si en una primera fase, a falta de unidades administrativas más coherentes, se ha acudido a las provincias como áreas territoriales de referencia pronto se vieron sustituidas por las áreas de salud, que,  pensadas con criterios demográficos y no antroposociales  (unidades zonales y de segmentación social), tampoco han resultado demasiado operativas. Véase el caso de Barcelona, ciudad dividida en tres zonas de salud con criterios geométricos y demográficos y que, al final, se han tenido considerar en su conjunto.

Lo que está bastante claro es que la división provincial ha sido ampliamente superada por la autonómica y las provincias, excepto en las comunidades uniprovinciales en las que han desaparecido como entes autónomos, han quedado como estructuras de servicios que solo tienen arraigo en algunas autonomías y, aun así, en diferentes grados y por motivos diferentes.

Se habla de que la actual división provincial está obsoleta pero no hay manera de acometer su reforma por intereses electorales. La crisis del Covid-19 y otras que puedan avecinarse y no necesariamente sanitarias requiere una remodelación y, además, porque hoy en día las razones de la división de 1833 ha quedado obsoleta como se argumenta en la página, Las provincias y Nueva Delimitación Provincial.

Al plantear una nueva división provincial Puente, se trata de abrir ese melón espinoso y hacerlo con criterios de siglo XXI en las que los ejes nodales nada tienen que ver en las nacientes infraestructuras de transporte (el ferrocarril) en la primera mitad del siglo XIX.

Además, supondría también una reforma electoral por cuanto la circunscripción provincial se convertiría en autónoma, mientras se preparaba la nueva división provincial hecha con criterios de las necesidades futuras y focalizadas como división administrativa integrada y al servicio de cada comunidad autónoma.

Desde el punto de vista de representación política podría aprovecharse para adelgazar las cámaras representativas de Senado y Congreso.

Respecto al Senado, se pasaría de un mínimo de senadores provinciales de 4 por provincia (48 provincias por 4, con un total de 192 senadores, más 5 por Baleares y 11 por Canarias) con un total de 208 senadores elegidos por sufragio directo en circunscripciones provinciales, a  4 por cada comunidad autónoma (15 autonomías por 4 por autonomías, con un total de 60, más 5 de Baleares y 11 por Canarias) resultando que los senadores de elección directa pasarían de 208 a 66 senadores.

Si los de designación se mantuvieran en los ratio actuales, de 57, el Senado pasaría de 265 a 123 senadores.

Respecto al Congreso, actualmente se eligen 2 diputados por provincia con un total de 100, y los otros 248 se asignan por provincia adjudicados proporcionalmente a su población, aplicando la Ley d’Hont.He realizado un simulación sobre los resultados del 10N, y ese es el cuadro político que queda comparando la actual composición del Congreso (no incluyo Ceuta y Melilla) y cómo hubiera quedado con  la nueva división provincial asimilando las provincias a las comunidades autónomas.

Como se muestra, la diferencia de asignación de escaños con una y otra circunscripción es poco significativa por lo que la nueva división provincial, a efectos de mayoría política, no debiera de suscitar mayores controversias y sí el apoyo de partidos de segunda hegemonía, como Ciudadanos y Podemos, que con la actuales circunscripciones se ven perjudicados electoralmente.

El objetivo una división provincial racional 

Pasar de 50 a 17 provincias, no sería el objetivo final sino una estrategia puente para instar a las comunidades autónomas a proyectar, y proponer al gobierno del estado, una división provincial ajustada a las necesidades de cada Comunidad y a la vez ciertamente equivalentes y operativa para actuaciones de política económica, sanitaria o de planificación territorial.

Las nuevas provincias, excepto en Euskadi que tienen una singularidad específica y Catalunya (donde se reconocería como división provincial propuesta por la Generalitat asimilándola con las vegueries, se convertirían en distritos electorales a efectos de elecciones nacionales, deberían reunir ciertas condiciones de equivalencia: población similar en una horquilla de población cercana al 20 por ciento del total  de la comunidad autónoma y de superficie no inferior al 20 por ciento de la Comunidad.

Con esta fórmula las comunidades autónomas pluriprovinciales afectadas podrían quedar como se muestra en el cuadro.

Habida cuenta que la población de cada nueva provincia habría de contener al menos el 20 por ciento de la población de la comunidad autónoma y el 20 por ciento de su superficie y ser mayor que las actuales provincias. De manera que las provincias en Aragón, Comunidad Valenciana, Extremadura y Galicia continuarían como hasta ahora.