Una reforma del modelo

Una reforma de la división provincial habría de identificar y reformular nuevas áreas de actuación efectiva, desde la nueva configuración de la dinámica económica global fijándose en dos realidades de evidencia: Internet (el mercado global se gestiona de forma telemática por empresas que dependen de las redes de comunicación (fibra óptica de gran capacidad), redes de transporte (gestión y distribución de mercancías y de proveedores) y la fiabilidad de las transacciones financieras. La segunda, separar con claridad el concepto de instrumento administrativo, para el equilibrio económico y desarrollo territorial que en su día se pretendió, de la componente política que ahora tiene como contrapoder autonómico, y como circunscripción electoral.

En la primera consideración, la nueva división provincial (así como su funcionalidad) tendría que contar con las Comunidades Autónomas, trasladando a los gobiernos autonómicos el peso de la reforma, aunque la decisión correspondería al gobierno central porque es competencia de la Administración Central, y porque, en la actual situación, intereses espurios locales pueden distorsionar e interferir el interés de orden nacional.

La nueva planta provincial tendrían que tener muy en cuenta la estructura y la cercanía de los grandes NODOS de Internet, así como de redes de transporte internacional, en especial los HUBS aeroportuarios. En segundo, diseñando que las nuevas unidades provinciales constaran de centralidades de cierta tradición, y con empaque suficiente y adecuado para que resultaran eficientes de cara a la prestación de servicios a la población.

Dada la heterogeneidad del mapa provincial (tamaño, población, PIB y diseminación de la población) y el mapa autonómico, en las Comunidades Autónomas de poca población y mucha extensión, un método de cálculo adecuado podría ser tomar la población en su conjunto y dividirla por un cociente, que resultaría ser el número final de provincias a determinar, de modo que en todas ellas hubiera un número similar de población. Sin duda, la preparación de la reforma deberá de aglutinar y coordinar una batería amplia de criterios científicos y baremos con el propósito de encontrar equilibrios entre muchos factores, también culturales y de eficiencia en planificación económica, cultural y de servicios, que tienen que formar parte del debate.

Una solución puente

Pero si complejo puede ser el diseño de una nueva planta provincial, a la vista de que en estas cuestiones prevalecen intereses electorales de corto plazo y fácilmente demagógicos, que podrían devaluar la racionalidad organizativa que se pretendería, entonces, quizás haya que recurrir a procesos discursivos propios de lo que se conoce como pensamiento lateral.

El método de pensamiento lateral que aborda los problemas de forma lateral, de perfil si nos vale la imagen y desde un punto de vista creativo, fijándose en las bondades de los resultados antes que en los procesos razonativos lógicos que normalmente se usarían. Eso es, se trata de aproximar soluciones a las problemáticas que se plantean con estrategias de análisis y exploración de soluciones usando analogías, para que broten resoluciones imaginativas pero no por ello menos eficaces. Se toman prestadas técnicas de otras disciplinas profesionales trazándose analogías que se focalizaran más en el resultado final que en los métodos discusivos tradicionales.

Diríamos que el pensamiento lateral se relaciona con la Teoría General de Sistemas, que se define como un conjunto de los objetos, con las relaciones entre esos objetos y entre sus atributos.

Aplicado al tema provincial, la manera de mover la inamovible pervivencia del estado antiguo quizás tenga de provenir de una solución que se fije en el resultado que se pretende: que es abordar una nueva división provincial con rigurosidad, sacándolo de la esfera político- electoral. Una solución puente planteada, no desde la funcionalidad práctica sino, por elevación desde el resultado pretendido, que se estructure una nueva división provincial eficiente y adaptada a las realidades de hoy sería una nueva división puente, hasta la definitiva, asimilando el hecho provincial al de Comunidad Autónoma.

Es decir, una nueva división provincial por la que España quede modelada en 19 provincias, las 17 Comunidades Autónomas más Ceuta y Melilla.

Las demarcaciones de las Comunidades Autónomas coincidirían con las provinciales y las actuales estructuras administrativas, las diputaciones, pasarían a formar parte de las administraciones autonómicas en forma de Dirección General de Cooperación Local, o similar, mientras las Comunidades Autónomas establezcan la estructura administrativas que consideren oportuno, de forma que se continuarían  prestando los servicios y las demás funciones que en la actualidad.

De rebote, la ventaja de esta solución es que se obligaría a las Comunidades Autónomas a acometer una nueva estructuración interior y planificar de forma racional el desarrollo de sus territorios.

Una segunda consecuencia, nada trivial, sería que se obtendría una reducción en el Senado puesto que la Constitución establece un número mínimo de 4 senadores por provincia, con lo que el nuevo Senado se vería reducido en una primera fase, hasta que en una profunda reforma se llegara a un nuevo modelo y se recogiera éste en una reforma constitucional. Y, en el Congreso supondría una sensible mejora en la representatividad política.