La Transición

  1. SECUENCIAS PRELIMINARES (De “La España que Sí puede Ser”, 2015)

En su primer viaje oficial al extranjero, siete meses después de su proclamación como Rey, Don Juan Carlos supo que tenía que aprovechar la invitación de dirigirse al Congreso de los Estado Unidos para despejar incertidumbres internacionales y dejar claro que iba a ser el motor del cambio político. En su discurso ante el Senado y la Cámara de Representantes, en sesión conjunta en el Capitolio, el Rey dijo: la Monarquía española se ha comprometido desde el primer día a ser una institución abierta en la que todos los ciudadanos tengan un sitito holgado para su participación política sin discriminaciones de ninguna clase y sin presiones indebidas de grupos sectarios y extremistas. La Corona ampara a la totalidad del pueblo y a cada uno de los ciudadanos garantizando, a través del derecho y mediante el ejercicio de las libertades civiles, el imperio de la justicia. El Rey daba el mensaje de que quería para España una democracia plena como la de las otras naciones de europeas, con elecciones libres y por sufragio universal.

Salía al paso de las muchas dudas que había en las cancillerías europeas sobre la voluntad, y empeño democrático, de un rey proclamado por unas Cortes franquistas como continuador de los principios ideológicos de la Dictadura. Al terminar, tras las ovaciones de los congresistas y senadores que interrumpieron por cinco veces con aplausos el discurso. Cuenta José María de Areilza[1] que se le acercó Henry Kissinger[2] alabándole la firme determinación de Juan Carlos sobre el camino a seguir y, tras una larga conversación de más de una hora, le espetó a que no se convocaran elecciones hasta que el Gobierno no tuviera un partido con seguridad de ganarlas.

El discurso pronunciado ante la clase política norteamericana el dos de junio de 1976, consiguió el efecto deseado de contrarrestar las incertidumbres que había generado la elección de Arias, el continuismo político, como primer presidente de la nueva monarquía. Pocos días después de  que el Rey nombrara a Arias como presidente de Gobierno, ratificándolo en su cargo que ostentaba desde el 31 de diciembre de 1973 tras el asesinato de Carrero Blanco, cuenta José María de Areilza que habló por teléfono con Giscard d’Estaing y Walter Scheel, presidentes de Francia y de la República Federal de Alemania, y con Henry Kissinger, a los que pidió que no malinterpretaran la elección de Arias para ese primer gobierno del reinado de Don Juan Carlos, trasladándoles que cualquier otra opción habría sido arriesgada.

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La convicción que transmitió el mensaje del Rey de que iba a ser el motor del cambio político para implantar una democracia en España concilió credibilidad internacional y, en clave nacional, abrió puentes de diálogo entre la Corona y los partidos y movimientos de oposición, para persuadirlos de que tenían que colaborar en el cambio político impulsado por la Monarquía. Y se renunciara a la Ruptura democrática que promovía la oposición desde la Junta Democrática, patrocinada por el partido comunista de Santiago Carrillo. Fundada por el Partido Comunista de España, el 30 de julio de 1974[3] con el propósito de instar una revolución incruenta, al estilo de “la revolución de los claveles” de Portugal, en la Junta se aglutinaban personalidades opositoras, como el abogado García Trevijano, y grupos políticos muy heterogéneos; desde los juanistas de Calvo Serer (partidarios de Don Juan, padre del Rey), a los socialistas del Partido Socialista del Interior de Enrique Tierno Galván, creado en 1968, y, en 1974, transformado en Partido Socialista Popular.

Desde mucho antes de su Coronación, sobre todo desde que asumiera provisionalmente la jefatura del Estado durante la primera enfermedad de Franco, en julio de 1974, el talante dialogante y la proactividad del Rey en buscar intermediarios que le conectaran con la oposición sería fundamental para que, meses más tarde, el socialismo de Felipe González al frente de un PSOE renovado organizara, en junio de 1975, una segunda mesa opositora: la Plataforma de Convergencia Democrática[4] que apostaba por la ruptura pactada y en colaborar con sectores del Régimen  que ya se habían desmarcado del continuismo.

Meses más tarde, en marzo de 1976, se formaría Coordinación Democrática. Conocida como Platajunta, una iniciativa del abogado Antonio García-Trevijano que agrupaba las dos formaciones anteriores, la Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia Democrática, y que en su manifiesto programático recogía la disposición para negociar con el Gobierno un programa reformador. Se refería a la ruptura pactada a través de un periodo constituyente, libertades y derechos humanos, liberación de presos políticos y retorno de los exiliados, legalización de partidos políticos y sindicatos, libertades, amnistía, democracia y se hablaba de una estructura federal y del derecho de autodeterminación y de autogobierno de las nacionalidades y regiones. Así pues, la cuestión territorial fue, desde el inicio, un tema medular en todo planteamiento de cambio político.

El 23 de octubre, ya con Adolfo Suárez como presidente de Gobierno, a la Platajunta se le unió la Asamblea de Catalunya constituyendo una nueva Plataforma de Organismos Democráticos. La nueva entidad expresaba su voluntad de negociar con el gobierno la convocatoria de unas Cortes Constituyentes, legalización de todos los partidos políticos, la amnistía total y que se restablecieran los estatutos de autonomía aprobados durante la República: el estatuto catalán (en vigor desde 1932), el vasco (aprobado en 1936, pero que no llegó a desarrollarse) y el gallego (entró en las Cortes en 1936 para iniciar su tramitación). En Catalunya, el grito reivindicativo contra la dictadura era “Llibertat, Amnistia i Estatut d’Autonomia”.

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El discurso de Don Juan Carlos en el Capitolio, el 2 de junio, fue la oficialización del desencuentro del Rey con Arias Navarro y la descalificación de su política, que ya era evidente para la opinión pública desde la publicación de un artículo[5] en el semanario Newesweek, el 26 de abril de aquel año. En el que el periodista Arnaud de Borchgrave describía los planes de Don Juan Carlos, publicando que el Rey estaba gravemente preocupado por la resistencia de los derechistas al cambio político, que deseaba que el paso a la democracia se efectuara en seis meses y que estaba descontento con la política inmovilista del presidente Arias que se había convertido en el soporte de los leales a Franco.

Desde su proclamación como rey, Don Juan Carlos se estaba esforzando por transmitir a Arias la necesidad de la reforma política pero éste contestaba con un “Sí Majestad”, sin hacer nada e incluso lo contrario. Un Arias Navarro que había vivido los dos años más convulsos del régimen de Franco: el asesinato de Carrero Blanco, al que sustituyó como presidente de Gobierno, el macro atentado de la calle Correo (septiembre), con el saldo de doce muertes y más de ochenta heridos, y las intrigas palaciegas que rodearon la muerte del Dictador. Hubiera podido elegir actuar al lado del Rey, impulsando el cambio político, pero en su lugar agazapado en la inamovilidad de las leyes franquistas e incapaz de escuchar el clamor de la calle, o atemorizado por no poder controlarla según sus intereses ideológicos se atrincheró en su legitimidad como presidente de Gobierno.

Había accedido a la presidencia de Gobierno (1973), en condiciones bien traumáticas, tras el asesinato de su predecesor, tomando nota de que la sociedad española había evolucionado. Desde el comienzo de la década se sucedían conflictos sindicales de calado y difusión internacional. En la universidad y desde los medios de comunicación se reclamaban libertades políticas, sindicales,…el Estado de derecho, la democracia.

Mientras el régimen franquista seguía impasible su estrategia del miedo combatiendo con dureza las manifestaciones contra el Régimen, grupos de oposición se apoyaban en esas acciones represivas para impulsar campañas de protesta, buscando el apoyo de la población y creando organizaciones de carácter cívico con indudable intencionalidad política. Hitos como el Proceso de Burgos[6], con importantes repercusiones en la prensa internacional y movilizaciones en todo el país, en Catalunya el encierro de Montserrat de 300 artistas e intelectuales por la libertad de los encausados (1970), o como el Proceso 1001[7], contra diez dirigentes sindicales de Comisiones Obreras para los que se pedía penas de escarnio, fortalecieron a una oposición que se sentía cada vez más legitimada y respaldada socialmente, cuanto mayor fuera la brutalidad y la cerrazón del Régimen en permancer anclado al pasado. En Catalunya, el nuevo catalanismo, impulsado desde el entorno de la Nova Canço[8], con influencia de los acontecimientos del Mayo del 68 y el nuevo protagonismo social de la contestación popular, llevaron a la constitución de la Asamblea de Catalunya[9] (1971). Integrada por un centenar de miembros, agrupaba la oposición antifranquista no solo política sino, también, a sindicatos clandestinos, colegios profesionales, asociaciones de vecinos y culturales, contribuyendo a conformar una afirmación catalanistas que ligaría la lucha por la democracia con el reconocimiento de la realidad nacional catalana.

Arias Navarro, doctor en derecho por la actual universidad complutense y notario de profesión, hombre del Régimen conocido por su dureza en la represión (en su etapa como fiscal en Málaga se le responsabiliza de más de cuatro mil condenas a muerte), a la vista de la convulsa situación prerrevolucionaria en Portugal que luego desembocaría en la Revolución de los Claveles (abril), era consciente de la imposibilidad de mantener el Régimen cuando Franco desapareciera. De modo que, a pesar de que el Jefe del Estado no era partidario de hacer cambios, el nuevo presidente nombró al democristiano Pío Cabanillas como ministro de Información, con el propósito de proponer un plan para adecuar las instituciones de la dictadura a la realidad social. Con Antonio Carro, en el ministerio de la Presidencia, un duro del Régimen, la labor de nuevo Ministro Pio Cabanillas no podría estar a la altura de las medidas políticas que la sociedad necesitaba.

El doce de febrero, retransmitido en directo, desde el hemiciclo de las Cortes, por televisión y las emisoras de radio, en conexión obligada[10] con Radio Nacional, el presidente Arias, en una dicción pausada y en tono asertivo, alejado de las soflamas habituales en la Cámara, desgranó un discurso en el que se hacían afirmaciones novedosas, como revindicar cierta autonomía del Gobierno respecto del Jefe del Estado, mutua independencia y respeto entre la Iglesia y el Estado, alusiones a la libertad de prensa y el anuncio de un proyecto de ley sobre asociaciones políticas, ajustada a las Leyes Fundamentales,  que sería el gran tema que se destacaría en la prensa. El “espíritu de doce de febrero” supuso un aldabonazo esperanzador en una España gris, todavía impresionada por el magnicidio del presidente Carrero Blanco, golpeada por las consecuencias de la crisis del petróleo y el retraimiento del turismo y, meses más tarde, estupefacta por la Revolución de los capitanes, en Portugal, el Golpe de Estado del 25 de abril.

El caso de Salvador Puig Antich[11] con amplia repercusión internacional, el propio Papa Pablo VI intercedió, el impacto de la “Revolución de los Claveles” y los efectos, que aún coreaban, de la pastoral del obispo de Bilbao, Monseñor Antonio Añoveros, el 24 de febrero, en la que instaba a que se reconociera la identidad cultural y lingüística del pueblo vasco, excitaron arengas y discursos justificativos del “alzamiento nacional”. El diario Arriba, órgano oficial del Movimiento, publicaba el 28 de abril en gran tipografía, “Declaración política de José Antonio Girón”[12], el Procurador en Cortes, y excombatiente, tachaba a los aperturistas, y a Pío Cabanillas que había relajado la presión sobre la prensa, de sectarios introducidos en el régimeninfiltrados en la Administración… falsos liberales… enanos infiltrados que pretendía corroer las esencias… Se hablaba de ofensa al 18 de julio (día del levantamiento de Franco) y, un mes más tarde, Blas Piñar, notario de profesión y editor de Fuerza Nueva (1967), luego partido político (1978), puso el grito y proclamó: “Señores, la guerra no ha terminado”.

Cuando el texto de la Ley de Asociaciones Políticas llegó a la Cámara, el 15 de junio, decía bien claro que éstas, las asociaciones políticas, no deberían alterar el papel del Movimiento ni el espíritu del régimen. La tímida apertura había quedado bloqueada.

El atentado a la cafetería Rolando (septiembre 1974), en la calle Correo, al lado de la antigua Dirección General de Seguridad, hoy sede del gobierno regional de Madrid, supuso el primer gran error de cálculo de ETA. Si el asesinato del almirante Carrero Blanco, el hombre de la máxima confianza de Franco, se interpretó como el propósito de evitar el continuismo político del Régimen a la muerte del Dictador[13], el atentado de la calle Correo, que pretendía asestar un golpe moral a la estructura represiva del sistema en propia sede de las fuerzas de seguridad, fue visto por la opinión pública como un atentado terrorista indiscriminado. De las doce muertes, solo una era de un funcionario de la policía, una administrativa de sesenta y dos años que estaba allí casualmente porque tenía que terminar un trabajo. La propia ETA consideró el atentado un fracaso estratégico y explicaría porqué tardó treinta y siete días[14] en revindicarlo, dando pasto a especulaciones sobre su autoría. La intencionalidad de ETA, de todas formas, nunca se pondría en duda ya que, en las semanas precedentes, se habían realizado veinticinco detenciones por la policía, con el saldo de tres etarras muertos y otros dos del Partido Comunista de España, que a la sazón, era la única organización clandestina asentada en prácticamente toda España.

Con la vuelta atrás a las esperanzas de apertura política por las declaraciones de José Antonio Girón, el “gironazo” y el agravamiento de la enfermedad de Franco y las incertidumbres, especulaciones y movimientos tácticos que se urdieron, pensándose incluso en una coronación adelantada (en aquel contexto no podía presagiarse lo que luego fuera la Transición), hicieron del verano de 1974 unos meses sombríos. El retorno de los hombres de “bunker”, como se empezaba a llamar a quienes permanecían anclados en la dialéctica de la Guerra Civil, acabaría con las expectativas de sectores del franquismo que aún creían en la posibilidad de una evolución desde las instituciones, mientras el Régimen abocado a su extinción daban, sin embargo, su último coletazos.

La salida de Pío Cabanillas del gobierno, en la remodelación de 30 de octubre, era la pieza política que se ofrecía a los sectores más recalcitrantes del franquismo y la bienvenida a la vuelta de Franco a sus funciones, después de su hospitalización. La Vanguardia, en una gacetilla al día siguiente, se hacía eco de unas declaraciones del presidente Arias a Radio Nacional, sobre si los cambios ministeriales significarían algún cambio en la línea política, contestaba: Ninguna, en absoluto. España, bajo la capitanía del Caudillo, sigue siendo cada día más fuerte, más firme, con los mismos objetivos. Por tanto, no tiene ninguna significación ni trascendencia.

 El cese de Pío Cabanillas, y la dimisión  de Barrera de Irimo (Ministro de Hacienda), supuso un revés para un sector posibilista de altos funcionarios que se habían manifestado en sus intenciones de evolución política. Tengo el convencimiento, a la vista de la evolución general, que las personas con antecedentes e ideas democráticas no vamos a contar con el ambiente imprescindible para realizar una tarea útil a la colectividad…decía Miguel Boyer[15]. En la cadena de dimisiones estaban otros funcionarios que luego ocuparían puestos relevantes en la democracia: Francisco Fernández Ordóñez (presidente del INI), y altos cargos en diversos estamentos, entre ellos Marcelino Oreja (Tácito)[16], Ricardo de la Cierva, Carlos Solchaga, Carlos Bustelo y Juan José Rosón.

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El 21 de diciembre de 1976, se promulgaba el decreto-ley por el que se aprobaba el Estatuto de Asociaciones Políticas. El proyecto inicial, realizado por Juan A. Ortega Díaz-Ambrona se entregó al equipo de Pio Cabanillas, pasando al ministerio de la Presidencia de Antonio Carro que lo descafeinó, resumiéndolo y recortándolo, aumentando la tutela gubernativa. La Ley permitiría la inscripción de las asociaciones políticas pero solo de aquellas cuyo ideario no entrara en contradicción con los Principios del Movimiento, inspiradores del Régimen, permitiendo un cierto contraste de pareceres, latiguillo reiterativo en los discursos oficiales de la época para referirse a la crítica no frontal con los principios del Régimen. Díaz-Ambrona, queriendo dejar claro el porqué de la aceptación del encargo del proyecto, publicó (Informaciones, 25 de febrero) el artículo “En busca del tiempo perdido”, para dejar testimonio del sentido de su aceptación, en el que decía que su objetivo debía de ser dar un cauce nuevo que pudiera ser transitado legalmente por tres o cuatro grandes tendencias ideológicas que representan las principales opciones políticas hoy vigentes en el mundo occidental[17]. Tras la entrada en vigor de la Ley, el 13 de enero de 1975, se abrió la ventanilla de inscripciones en el Consejo Nacional del Movimiento[18]. A la flamante y discutida Ley, que tuvo que sortear la oposición de los duros, solo se acogerían grupos ideológicos afines y compatibles con el Régimen. Entre ellas Unión del Pueblo Español, de falangistas moderados, entre cuyos promotores estaban Fernando Herrero Tejedor, Emilio Romero Gómez, José Solís Ruiz y Adolfo Suárez González. Descartada, por la oposición democrática, la posibilidad de que el franquismo pudiera evolucionar desde sus instituciones, al Régimen solo le quedaba buscar atraerse a sus sectores ideológicos más presentables, a personalidades, que habiendo participado en algún momento de su ideario político, se habían distanciado, como Dionisio Ridruejo o Joaquín Ruiz-Giménez (los que la prensa llamaría socialdemócratas azules), y a otros más jóvenes que se mostraban críticos con el escaso margen para el contraste de pareceres, además de personalidades que desde el franquismo y desde la oposición moderada (la derecha civilizada, se decía) podían dar un barniz de credibilidad al intento de controlar la evolución ideológica de la sociedad.

En Febrero, Manuel Fraga, Embajador en Londres, se reunía en Madrid con José María de Areilza y con Federico Silva Muñoz y en reuniones sucesivas contactaba con Pío Cabanillas, Fernández Ordóñez, Juan José Rosón, Marcelino Oreja y algunos otros, en conversaciones que no llegaban a concretarse en acuerdos. Con el titular: “El nudo gordiano”, La Vanguardia publicada un artículo de F. Abascal, 1 de febrero de 1975, en que se leía: Se reunieron en el Hotel Ritz, el señor Silva y amigos, y colaboradores de provincias…cerca de treinta personas a las que el señor Silva informó sobre sus conversaciones con los señores Fraga y Areilza… “No hemos acordado nada todavía”, contestaba, a la pregunta de si se estaba ante la consumación del triunvirato con Fraga y Areilza. El periodista escribía que de las palabras de Silva Muñoz no debía descartarse una gran coalición centrista, como tampoco una trayectoria personal de Silva. Federico Silva Muñoz registraría la asociación política Unión Democrática Española junta a Enrique de la Mata,  Alberto Monreal, Virgilio Oñate, Alfonso Osorio, Carlos del Bricio y Andrés Reguera.

La incapacidad del nuevo Estatuto de Asociaciones Políticas para abrirse a la pluralidad política, reforzaron las tesis rupturistas de la oposición democrática del entorno de la Junta Democrática, patrocinada por el Partido Comunista,  mientras que los socialistas del PSOE, sin apenas implantación promovieron la Plataforma de Convergencia Democrática, junio de 1975, buscando atraer a sectores ideológicos menos radicales. Democristianos, socialdemócratas, liberales, el carlismo democrático del pretendiente Carlos Hugo, y a algunos partidos que aunque de ideología de extrema izquierda, que estarían por una ruptura pactada. ETA, ya estaba enredada en su espiral violenta; llevaba más de cuarenta asesinatos y España vivía en sobresalto entre atentados, huelgas, manifestaciones y declaraciones extremistas de paladines del franquismo. El 25 de abril en Vizcaya y Guipúzcoa se declara “el estado de excepción”; en mayo se secuestraba el semanario Cambio16 y la revista Triunfo, que ya había sido varias veces expedientada. La ley antiterrorista de 26 de agosto, ampliaba los casos por lo que podía pedirse la pena de muerte, y la posibilidad de aplicarse a detenidos de ETA con efectos retroactivos.

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En aplicación de la nueva Ley el tribunal militar pidió once condenas a muerte. El 26 de septiembre se reunió el Consejo de Ministros, con Franco, para tratar la suspensión de ocho ejecuciones de pena de muerte contra miembros del FRAP y tres miembros de ETA. Finalmente, cinco de los condenados fueron ejecutados, cinco del FRAP y dos de ETA, el 27 de septiembre de 1975. El Don Juan, Conde de Barcelona, había pedido el indulto por mediación de su hijo Don Juan Carlos, y lo propio el Papa Pablo VI. La campaña internacional fue enérgica. Desde las cancillerías europeas se visualizó la protesta con la retirada de embajadores, prolongando las vacaciones estivales de trece embajadores, y en la calle, manifestaciones ante las embajadas de España en la mayor parte de los países occidentales: la Comunidad Económica Europea, Suiza, Polonia, Hungría, Australia y Canadá.[19]. La respuesta del Régimen, a parte de las tópicas declaraciones al uso, y arengas de tono patriótico, sobre el odio que se tenía a España, se orquestó desde las filas de las alcantarillas del Régimen una descomunal campaña de adhesión al Jefe del Estado.

En un tiempo record de movilización se organizaron expediciones en autocar desde las provincias, para que las delegaciones estuvieran presentes en la plaza de Oriente el uno de octubre y mostrar su apoyo a Franco, en el día que fue elegido jefe del Estado en 1938. ¡Al paredón! ¡Al paredón!, fueron gritos que se repetían, en señal de apoyo a las sentencia de muerte ejecutadas tres días antes, mientras que el General, con avanzado estado de parkinson a penas balbuceaba sus arengas de siempre “contubernio judeo masónico”, “conspiración internacional”. Ante setecientas mil personas entregadas y enfebrecidas, Franco, desde el balcón del Palacio Real flanqueado por el presidente Arias y el séquito correspondiente, con los Príncipes de España visiblemente incómodos, pronunciaría su último discurso. Una alocución breve de menos de dos minutos: Todo esto que se ha armado en España y en Europa obedece a una conspiración masónica-izquierdista de la clase política, en contubernio con la subversión comunista-terrorista en lo social, que si a nosotros nos honra a ellos les envilece. Arenga interrumpida por gritos de “España unida jamás será vencida”, o “No queremos apertura, solamente mano dura”.

La Vanguardia publicaba, al día siguiente una crónica desde Madrid: Los himnos salían de las gargantas, iban y venían como una gran marea. Sobre el caballo de don Felipe IV, en eterno caracoleo ondeaba una gran bandera, agitada por un muchacho. Un frailecito franciscano se abría paso a paso apoyado en un bastón, con su pelo blanco, y otra bandera entre las manos. La multitud, como sobrecogida, se inclinaba hacia él. Unas chachas muy jóvenes se adelantaban envueltas en los colores nacionales. Es difícil describirlo todo, porque el colorido, el entusiasmo y el calor del espectáculo se contagiaban. Un avión cruzaba, allá en lo alto, con un letrero arrastrado como una corneta: “España, siempre adelante”. Las gentes acudieron, decididas, pero serenas y eso que se conocían ya los atentados contra los cuatro miembros de la Policía Armada -tres muertos y uno muy grave-  y que se hizo circular que había sido colocada una bomba en la Plaza de Oriente, y que la concentración había sido suspendida. El periodista que escribía la crónica, Manuel Pombo Angulo, que había presenciado la manifestación de 1946 en el mismo lugar, el uno de abril, con motivo del aniversario del fin de la Guerra, hacía una reflexión: la diferencia entre la del 46 y ésta de hoy, es que en ésta se pensaba en el futuro. ¡Viva el Príncipe! decía muchas pancartas. Frente a mí cruzó una, muy expresiva, que llevada el nombre de Navalcarnero: “Hoy Franco; mañana el Príncipe; siempre España”. (La Vanguardia, 2 de octubre de 1975).

La prensa del momento reflejaba el éxito de la demostración de fuerza al tiempo que se hacía patente su debilidad, ya que era harto conocido que la manifestación había sido el resultado de la logística de movilización con gastos pagados, sin que el entusiasmo fuera percibido más allá de los límites de la plaza de Oriente.

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En el exterior, la actividad auto afirmativa del Régimen se percibía como coletazos de un estatus institucional sin salida de futuro; solo le faltaba la puntilla en la evolución de la enfermedad de Franco de final inevitable y única esperanza de cambio. El seis de octubre, la Comunidad Económica Europea suspendía las negociaciones sobre un futuro acuerdo con España y, al día siguiente, el siete, Marruecos, consciente de la debilidad institucional, reclamaba ante las Naciones Unidas los llamados “territorios del Norte”. El trece una comisión visitadora del Sahara constataba que la población saharaui estaba a favor de la independencia, oponiéndose así a las pretensiones de Marruecos y Mauritania. Tres días más tarde se hacía público la sentencia del Tribunal Internacional de la Haya, a la petición formulada por Marruecos en junio anterior. El dictamen del Alto Tribunal era favorable a la autodeterminación gracias a la libre y auténtica expresión de la voluntad de su población.[20]

El 19 de octubre la agenda de Franco quedaba suspendida. Al día siguiente, se sabe que había sufrido una crisis de insuficiencia coronaria aguda y que se estaba recuperando en su residencia habitual en el palacio de El Pardo. El día 30, se conocía la gravedad del estado de salud del General y el Príncipe asumía la Jefatura de forma interina, como ya lo hiciera meses antes. El 3 de noviembre Franco fue operado a vida o muerte en la enfermería del Regimiento de la Guardia de El Pardo, sin que la instalación militar reuniera las condiciones adecuadas para intervenciones de esa importancia. Con un mal pronóstico sin que prosperara en la recuperación, el 7 de noviembre fue trasladado al Hospital La Paz.

El mismo día en que se había publicado el dictamen del Tribunal de La Haya (16 de octubre), el rey de Marruecos anunciaba una marcha pacífica para ocupar el Sahara español dando garantías de que no se iba contra España. Cerca de trescientos mil marroquíes fueron traslados al desierto en camiones del ejército marroquí, hasta unos pocos kilómetros de la frontera saharaui, con una impresionante logística; camuflada gracias al despliegue que se realizaba para unas maniobras militares conjuntas, organizadas improvisadamente con la armada estadounidense. El seis de noviembre la Marcha blanca, la llamaban los americanos por el color de las chilabas, y que aquí se conocía como la Marcha Verde porque el rey Hassan había prometido hacer del Sahara un vergel verde con los ingresos de las explotaciones de fosfatos de Fos Bu-Craa, llegaba a la zona minada que separaba la frontera del primer puesto fronterizo español. Tres días más tarde, Hassan pronunció una alocución en la que decía que los objetivos ya se habían conseguido y que pedía el repliegue a Tarfaya. El 12 de noviembre, se reunían en Madrid los ministros Ahmed Osman y Laraki, por Marruecos, con representantes designados por el presidente Arias, y con presencia de representantes mauritanos. Dos días más tarde, el 14 de noviembre, se firmaron los Acuerdos tripartitos de Madrid que suponía la entrega del territorio a Marruecos y Mauritania, con la enérgica oposición de Argelia que no los reconocería por vulnerar el acuerdo de Naciones Unidas que instaba a la descolonización y a realización de un referéndum de autodeterminación.

El episodio del abandono del Sahara Occidental a su suerte por el golpe de mano de Hassan, fue la guinda que mostraba la incapacidad del Régimen para controlar los acontecimientos que se estaban produciendo. En el interior, cada vez menos credibilidad y legitimidad ante la opinión pública por la obstrucción a la apertura política; en el exterior, animadvesión por el recrudecimiento de la represión en lugar de buscar puentes de diálogo con la oposición. La incapacidad del franquismo de facilitar una salida al Régimen que pudiera pactarse con la oposición, abriría interrogantes de futuro  no solo por la inestabilidad política interior, en la que se preveía entraría España sino, también, en cuanto a su fiabiliad como aliado en política exterior. Y ante la virtualidad de un Sahara Occidental, descolonizado e independiente en la esfera de Argelia, socialista en la órbita soviética, los Estados Unidos afianzarían su alianza estratégica con Marruecos, dando seguridades al rey alauí de que no se iba a mover un dedo en favor de las razones españolas en el tema saharaui. El abandono del Sahara Occidental sería efectivo el veintiocho de febrero, con la total retirada de las tropas.

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Desde que había sido ingresado en la Paz el 7 de noviembre, el estado de gravedad de  Franco no se había moderado. Sufría una nueva operación el 14, con pronóstico gravísimo. Los días siguientes el Dictador permanecería sedado con sondas nasal, bucal, en la uretra y en el recto hasta su fallecimiento que oficialmente fue en la madrugada del 20 de noviembre.

El proceso de la enfermedad y muerte de Franco se vio rodeado de intrigas desde el primer momento en que se adivinaba el final. De una parte, la ambición del Marqués de Villaverde, casado con la hija de Franco, que intentaría torcer la decisión del General para que nombrara a Alfonso de Dampierre, su yerno, como sucesor en lugar de Juan Carlos, posibilidad que no podría prosperar porque la decisión de Franco era firme; en la misma clínica había dejado claro a su mujer, Carmen Polo, que su sucesor sería Juan Carlos. Y del otro lado, las maquinaciones de quienes creían en un franquismo sin Franco y trataban de que se le alargara vida lo más posible, para preparar las piezas del puzle que garantizara la continuidad del Estado autoritario. El equipo médico, sin embargo, se veía incapaz de prolongar la vida de Franco, ya en estado vegetativo, los diez o quince días que necesitaban los sectores irreductibles del Régimen para asegurarse el futuro control legislativo, con la reeleción del Presidente de las Cortes Alejandro Rodríguez de Valcárcel cuyo mandato cesaba el 26 de noviembre. Falangista de toda la vida, era el referente del continuismo tras la desaparición de Carrero Blanco.

El cargo de Presidente de las Cortes llevaba aparejada la Presidencia del Consejo del Reino y tenía, por tanto, que ser nombrado por el Jefe del Estado. Con Franco vivo, la reelección de Rodríguez de Valcárcel era segura y, de ser así, con Rodríguez de Valcárcel en la Presidencia del Consejo del Reino, el nombre de Adolfo Suárez no se habría podido colar en la terna que el Consejo del Reino ofreció al Rey, en julio del año siguiente, para que nombrara Presidente de Gobierno.

Muerto Franco y proclamado el Rey Juan Carlos, los referentes políticos de la dictadura perderían paulatinamente su poder y predicamento, hasta ante sus propios correligionarios. De modo que tras una larguísima deliberación de seis horas y media, el Consejo del Reino presentó al Rey la terna para la elección de Presidente de las Cortes: Licinio de la Fuente, Lamo Espinosa y Torcuato Fernánez-Miranda, que fue el elegido, y puso en marcha el proceso de la Reforma.

7

En aplicación de la Ley de Sucesión, el 22 de diciembre era proclamado el rey Don Juan Carlos I. Refiere Joaquín Bardavío,  que ante la nueva enfermedad de Franco, Don Juan Carlos ya estaba contemplando los movimientos que realizaría desde su nombramiento como rey. Especialmente significativo, por su trascendencia, era el nombramiento de la persona que tenía que suceder a Rodríguez de Valcárcel, cesaba el 26 de noviembre como presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, cenáculo que tenía como máximo cometido elegir la terna que se ofrecía al Jefe del Estado para la elección de presidente de Gobierno. Esta cuestión, de nombrar al futuro presidente de ambas instituciones, explicaría el intento prolongar artificialmente la vida del General, al menos diez días más para dar opción a que, en vida de Franco, el Príncipe no se atreviera a un nombramiento contrario al sentir mayoritario del hemiciclo de las Cortes. Meses antes, Don Juan Carlos había sondeado al General, sobre la persona que podía suceder al presidente de las Cortes y Consejo del Reino cesante, y ante la sugerencia de Torcuato Fernández Miranda, que había sido su preceptor y que provenía del Movimiento, Franco mostró su disgusto diciéndole que no era aconsejable porque tendría la oposición de los falangistas, mientras le decía que le habían hablado muy buen de Licinio de la Fuente. Si Franco hubiera prolongado su vida, diez días más, hubiera sido difícil que el Príncipe desoyera las presiones del franquismo que le instarían a un nombramiento de continuidad. La muerte de Franco y la elección del Rey como Jefe del Estado y el acatamiento de todas las personalidades e instancias de poder del franquismo, dejaron a Juan Carlos libre para la designación de Torcuato Hernández Miranda como Presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, haciendo posible la vía española de Transición de un régimen dictatorial a una democracia parlamentaria: “De Ley a la Ley”

El mensaje de la Corona ya fue una declaración de intenciones. La Vanguardia, del 23 de noviembre, domingo, destacaba dos titulares: “Nuestro futuro se basará en un efectivo consenso de concordia nacional” y “Juntos podremos hacerlo todo si a todos damos su justa oportunidad”. En el artículo, titulado “La Patria es una empresa colectiva”, se leía: la patria es una empresa colectiva  que a todos compete… las naciones más grandes y más prósperas, donde el orden, la libertad y la justicia son aquellas que más profundamente han sabido respetar su propia historia… Un orden justo, igual para todos, permite reconocer dentro de la unidad del Reino y del Estado las peculiaridades regionales como expresión  de la diversidad de pueblos que constituyen la sagrada realidad de España. El Rey quiere serlo de todos a un tiempo y de cada uno en su cultura, en su historia y en su tradición.

La crónica de aquellos años, que se recoge en el magnífico testimonio publicado años más tarde por Diario16, Historia de la Transición, en su número 13, y que se ha utilizado como conductor para este capítulo que enmarca el proceso de la Transición, refiere respecto el discurso de la Corona, que se oyeron grandes y sonados aplausos (hasta cuarenta segundos) con los Procuradores en pie, cuando el Rey expresaba el reconocimiento a la herencia de Franco; tímidos aplausos (de diez segundos, inducidos por algunos Procuradores), cuando Don Juan Carlos citó a su padre, el Conde de Barcelona; no se aplaudió cuando el monarca aludía a un futuro basado en un efectivo consenso nacional, ni cuando pidió el perfeccionamiento de las instituciones, ni cuando se refirió al reconocimiento de las peculiaridades regionales como expresión de la diversidad; ni cuando dijo que el rey quiere serlo a todos a un tiempo. El cronista Carmelo Cabellos, que firmaba el artículo se decía en su crónica: El silencio es hondo y profundo cuando el Monarca dice que “esta hora dinámica y cambiante exige una capacidad creadora para integrar en objetivos comunes las distintas y deseables opiniones… el efectivo ejercicio de todas las libertades”. Solo se interrumpe el silencio cuando se refirió “al acceso a los bienes de la cultura y de la economía. Y volvió al impertérrito silencio cuando el rey se refirió a la libertad religiosa y a la participación en los foros de decisión, en los medios de comunicación, en los diversos niveles educativos y en el control de la riqueza nacional. Siendo la ovación grande y con los Procuradores, otra vez, en pie al referirse  a “la integridad territorial de nuestro solar patrio”[21] Aquel hemiciclo, presidido por Alejandro Rodríguez de Valcárcel, el último adalid institucional de franquismo, había recibido el mensaje de la Corona con manifiesta hostilidad, trasluciendo que se le reciba por acatamiento leal a la decisión de Franco pero que se desconfiaba de su persona. Poco después, ya se habla de traición en medios ultras, como el diario Arriba, y la extrema derecha se organizaría en la calle en tramas civiles y con ramificaciones en la jerarquía militar

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Este encuadre histórico de algunos aspectos del fin del franquismo institucional ha querido relatar aspectos relevantes de la crónica de esta etapa pre transición, desde el asesinato de Carrero Blanco a la proclamación de Juan Carlos como Rey de España. Ha mostrado, también, los pasos de la Oposición y la situación en Catalunya y Euskadi y, en particular, la cuestión del regionalismo que estuvo en el sustrato de las movilizaciones de la oposición a la Dictadura. Tanto en Catalunya como en Euskadi las manifestaciones contra la dictadura lo eran también de exigencia y revindicaciones nacionalistas; en Euskadi, capitalizadas por la mayor visibilidad de  ETA, mientras que

En Catalunya con un mayor protagonismo de la sociedad civil.

A la muerte de dictador, la cuestión del regionalismo, nacionalismo o independentismo, que solo tenían hegemonía social y política en Catalunya y Euskadi, y en menor grado en Navarra y Galicia, se visualizaban como reclamaciones unánimes y consubstanciales con la aspiración de una España democrática. Las plataformas de oposición antifranquista desde la Junta Democrática (1974), la Plataforma de Convergencia Democrática (1975), Coordinación Democrática, la Palatjunta (1976), todas ellas recogían en sus manifiesto el reconocimiento de las singularidades de Catalunya y el País Vasco, y la última instancia unitaria, la Plataforma de Organismos Democráticos (enero de 1977), planteaba el reconocimiento de los estatutos catalán, vasco y gallego.

  1. CRÓNICA Y GESTIÓN DEL CAMBIO

Cuando confirmó a Carlos Arias Navarro como primer presidente de la Monarquía, no siendo en principio el candidato que hubiera preferido, el Rey ganaba tiempo para calmar los nerviosismos de los adalides del franquismo que estaban expectantes ante el mensaje de la Corona (22 de noviembre de 1975), en el que el Rey había hablado de… un efectivo consenso de concordia nacional… Un orden justo, igual para todos, que permita reconocer dentro de la unidad del Reino y del Estado las peculiaridades regionales… Una sociedad libre y moderna requiere la participación de todos en los foros de decisión… el reconocimiento de los derechos sociales y económicos… que les permitan el efectivo ejercicio de todas sus libertades. Una declaración de intenciones que tocaba puntos sensibles de la ortodoxia franquista: romper la dialéctica de vencedores y vencidos, el regionalismo y la democracia como participación de todos en la tarea del Estado.

La elección de Arias Navarro, para ese primer gobierno de la Monarquía, suponía calmar incertidumbres en cuanto a nuevas aventuras aperturistas como la del doce de febrero y frenar unas expectativas de contagio de los acontecimientos que habían propiciado el cambio en el vecino Portugal. De cara al exterior, se transmitía la imagen de que el Rey controlaba las instituciones, la idea de un Juan Carlos influido por las ideas democráticas de su padre Don Juan, Conde de Barcelona, habría puesto en alarma a las familias franquistas. Don Juan Carlos era consciente que sólo había sido aceptado como sucesor, en 1969, y proclamado Rey, por ser el deseo de Franco y que sería mirado con lupa para que no se apartara del legado del dictador.

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Desde que accediera al trono, el Rey hizo todo lo posible para dejar claro que iba a ser el rey de todos los españoles; que encarnaría una monarquía cercana, renunciando al boato propio de lo que se entiende por una Corte, y comprometida con las preocupaciones y aspiraciones de la sociedad. En su discurso de Coronación había  proclamando su inquebrantable designio de ser Rey de todos los españoles.

Resumía el historiador Carlos Seco Serrano, sobre el discurso, que Alfonso XIII no logró convertir en realidad la exigencia de Canalejas[22] –la nacionalización de la monarquía- que, por el contrario, al haber aceptado la dictadura de Primo de Rivera[23], liquidó el Régimen. En España solo cabe hablar de dos plasmaciones de autentica democracia, con signo muy distinto: la II República y la Nueva Monarquía[24] La primera, con el antecedente del Pacto de San Sebastián[25] firmado en agosto de 1930, por grupos antimonárquicos y nacionalistas que en sus puntos programáticos impulsaba la celebración de cortes constituyentes y un estatuto de autonomía para Cataluña.

El rey Alfonso XIII, tras el descrédito del gobierno continuista del general Berenguer, nombró al almirante Juan Bautista Aznar en febrero de 1931, poco antes de las previstas elecciones municipales de abril, con el propósito de recomponer la credibilidad de una monarquía muy deslegitimada ya por haberse plegado al directorio de Primo de Rivera. La Dictadura había desarticulado la convivencia de los españoles por su autoritarismo y desprecio por las opiniones discordantes, con restricciones a las libertades públicas y el apoyo a grupos derechistas y fascistas. En Catalunya además, por la derogación de la Mancomunidad (1924), la institución símbolo de la recuperación de la personalidad política catalana que había estado funcionando eficazmente desde su constitución, diez años antes. Suponía desmantelar organismos que se habían creado en infraestructuras, formación educativa y servicios sociales que pasaban a depender de las diputaciones provinciales; en un contexto represivo en el que se prohibía el uso de la lengua y bandera catalanas en la administración y la vida pública.

Las repercusiones del Crac económico, el viernes negro de 1929, con la consecuencia de la devaluación de la peseta y fuga de capitales, subida de la inflación y aumento del paro, apresuró que las formaciones opositoras a la dictadura de Primo de Rivera ganaran crédito social y que Alfonso XIII pidiera la renuncia del Dictador. El nombramiento del General Berenguer que debía unir los descosidos de siete años de régimen autoritario, tras la ruptura de la normalidad constitucional del que se hacía responsable al Rey, llegaría tarde, cuando una notable mayoría de españoles eran republicanos y los partidos monárquicos, debilitados durante la dictadura, no tenían capacidad para defender el sistema de la Restauración. La opinión pública ya se había alejado de la monarquía.

El nuevo presidente proclamaba que quería la pacificación del país y prometía la convocatoria de elecciones generales, pero los partidos republicanos reclamaban una amplia revisión de la legislación, de carácter fascista, de la Dictadura y la reposición de los cargos de diputados, concejales y catedráticos que habían sido depurados. Los oídos sordos del Gobierno aceleraron la agenda de los partidos republicanos que, reunidos en San Sebastian, llegarían al que se conoce como Pacto de San Sebastián[26], acordando la  formación de un comité revolucionario presidido por Niceto Alcalá Zamora, que llamaría a la población a derribar la monarquía y fue inspirador de la sublevación de Jaca, de los capitanes Fermín Galán y Ángel García, el 12 de diciembre. El fusilamiento de ambos, tras un rápido Consejo de Guerra, dos días después, fue causa de una huelga general en toda España generalizado el sentimiento antimonárquico.

Ante una deriva política sin control, por el grave error cometido con los fusilamientos de quienes serían considerados los primeros mártires por la República, las Elecciones Municipales de abril de 1931 vinieron a sancionar el descrédito de la institución monárquica. En el gobierno, desconcertado por el resultado electoral, cohabitaban dos posturas bien distintas: la línea dura, de Juan De La Cierva, que por preservar la monarquía no hubiera dudado en iniciar una guerra civil de no haberse dado el espectacular vuelco electoral, y la pragmática, del Conde de Romanes que estaba por un pacto con los republicanos.

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Los resultados de las elecciones municipales del 12 de abril dieron el triunfo a las candidaturas de formaciones políticas antimonárquicas, en los principales núcleos urbanos con población más politizada y socialmente dinámica; mientras que en las zonas rurales, donde estaba muy presente el caciquismo, ganaron las candidaturas de los partidos monárquicos. Dejando de lado la cuestión de las legitimidades y de la representatividad electoral, y su distribución territorial (votaban, solo los hombres mayores de 25 años), los resultados que se conocieron el 14 de abril condujeron a que de  forma espontánea, y con cierta provisionalidad, se proclamara la República en las grandes, y en muchas pequeñas, ciudades esperando el sentir de las demás.

En Barcelona, en titular destacado, La Vanguardia publicaba en su edición del 15 de abril: “Proclamación de la República en Barcelona”… a las once de la mañana la inquietud llegaba al público en su colmo… la pregunta cuando se encontraba con amigo o conocido era ¿qué pasa? ¿Qué noticias hay  en Madrid? Minutos después de la una y media de la tarde era izada la enseña republicana en el balcón principal del ayuntamiento, siendo recogida con pruebas de entusiasmo… también se asomó Companys limitándose a decir “Tened serenidad que la República sabrá representar a la mayoría del pueblo. Visca Catalunya! Visca la República!”… El señor Giralt radical dijo… y aquí estamos y aquí proclamamos la República por Cataluña y por España”… además de la bandera republicana fue izada en el mástil en lo alto del edificio la bandera catalana. El Heraldo de Madrid, en la edición del mismo miércoles, titulaba: “En el gran plebiscito de ayer, España votó por la República” precedido de una llamada “Ocho años después”, se aludía al Golpe que diera Miguel Primo de Rivera instaurando la dictadura.

Con otro titular, refiriéndose al desarrollo de las votaciones en Madrid decía: “El pueblo estaba hambriento de Ley”…“Jamás hubo en España una elección a la que el cuerpo electoral acudiese  más espontáneamente” ABC, publicaba el 17 de abril, la carta de despedida de SM Alfonso XIII, en la que decía:  Las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente que no tengo hoy el amor de mi pueblo… Pero resueltamente quiero apartarme de cuanto sea lanzar a un compatriota contra otro en fratricida guerra civil… mientras habla la nación suspende deliberadamente el Poder Real y me aparto de España, reconociéndola así como única Señora de sus destinos. El Comité Revolucionario, constituido en octubre de 1930, como consecuencia del Pacto de San Sebastián se transformó en Gobierno Provisional ante la rotundidad de los resultados electorales aceptados por el último gobierno de la Monarquía que, siguiendo el consejo del Conde de Romanones, traspasó el poder político dejando vía libre a la nueva etapa republicana. A las elecciones Municipales que dieron lugar a la proclamación de la República, siguieron las elecciones Generales de junio, y julio en segunda vuelta, que confirmaron la mayoría republicana. La nueva Cámara, el Senado había desaparecido, fue constituyente aprobándose, el 9 de diciembre de 1931, la nueva constitución.

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Se ha escrito mucho sobre si fue un error que en aquellas circunstancias, de final de régimen del reinado de Alfonso XIII y ante un proceso de transición que la sociedad demandaba, el Rey no hubiera presionado para que se adelantaran las elecciones Generales, celebrándose antes de las elecciones Municipales. Si se hubiera aceptado el programa unitario que la Oposición había acordado por el Pacto de San Sebastián, primero elecciones Generales, presumiblemente se hubieran evitado precipitaciones institucionales como la proclamación de la República, justificada en la dudosa legitimidad de considerar que el triunfo de las candidaturas republicanas en las elecciones Municipales, implícitamente lo era, también, sobre la forma de Estado. La necesidad de tener que esperar al final del escrutinio para conocer los resultados, hubiera templado los ánimos y dilatado la toma de decisiones con la posibilidad de que se llegara a algunos acuerdos de compromiso.

La situación en 1931, sin embargo no era ni de lejos parecida a la de 1976. Al final del reinado del Alfonso XIII, España era un país dividido entre republicanos, las zonas industriales, y la mayoría de las urbanas, y los partidarios de seguir con la constitucionalidad monárquica, zonas rurales y pequeñas capitales de provincia donde el caciquismo era norma. Además, las diferencias sociológicas, el peso de la Iglesia y la tradición, entre unas y otras, y las dificultades de comunicación facilitaban que surgieran voces y protagonismos políticos de todo el espectro ideológico, no siempre con temperados y con capacidad política de interlocución.

Unas elecciones Municipales, con lideres de mayor proximidad, favorecía que partidos provinciales y locales tuvieran más fácilmente el acceso a cargos públicos, y a tener voz institucional y capacidad de movilización. Por el contrario, para alcanzar relevancia política en una elecciones Generales, se requería mayor implantación territorial y dirigentes más bregados en la liz política, menos proclives a la inmediatez. Unas elecciones Generales previas a las Municipales que podrían, quizás, haber serenado el final de la Monarquía y la transición política a la República.

La referencia histórica fue motivo de reflexiones durante la Transición: si las primeras elecciones democráticas tenían que ser a Ayuntamientos, hasta entonces los alcaldes eran de designación entre personalidades del agrado del Movimiento, o se debía convocar, primero, unas elecciones Generales.  Esa controversia duraría poco. Pronto se llegaría a la convicción, como no podría ser de otra manera, que se debía ir hacia unas elecciones Generales. La cuestión, entonces, estuvo en si presentar las elecciones del 15 de junio de 1977, como a Cortes constituyente o se trataba de elecciones ordinarias, con el añadido del compromiso de redactar una Constitución. Sin duda, en el ánimo del gobierno de Suárez estaba la voluntad de rebajar la trascendentalidad de esas primeras elecciones democráticas, a fin de no parecer que se estaba aceptando la tesis de la ruptura con el régimen anterior y que habría abierto la cuestión de la forma de Estado, el recurrente interrogante entre Monarquía o República.

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Con la Ley para Reforma Política, en efecto, las instituciones del franquismo quedaban superadas, pero se trataba de trasladar a la opinión pública, a las jerarquías militares y a los poderes fácticos, que se quería un cambio sin romper abiertamente con la herencia recibida, ni con la legalidad formal de la misma, esa era la clave del éxito de la Reforma[27] cualquier detalle había que cuidarlo detenidamente, eran muchos los recelos y suspicacias en el segundo semestre de 1976… si se optaba por anteponer la preposición de o para, a Reforma Política, la lectura que se hiciera podría ser distinta. Si de, los continuistas estarían en condiciones de alegar que el proyecto nacía con raíces hincadas en el Régimen; si se anteponía la preposición  para, se trataba de hacer el cambio sin romper abiertamente con la herencia recibida e incluso con la legalidad formal misma…Un acierto fue eliminar las disposiciones transitorias. Si se hubiera afirmado que a partir de la entrada en vigor, perdían vigencia tales o cuales principios o normas, la reacción de algunos sectores de la sociedad española hubiera sido peligrosa.

La extrema delicadeza con que se hizo la Ley para la Reforma y la cautela con que se redactó y presentó a las Cortes, y el que tuviera rango de la octava Ley Fundamental de Estado, pretendía la apariencia de una mejora institucional como respuesta a las nuevas necesidades del país evitando excitar los ánimos de los intransigentes, separándose de percepción de ruptura institucional como fuera, en 1931, el paso de la monarquía a la república.

Sin embargo, la reforma que luego resultaría triunfante, y exitosa, no era percibida favorablemente por una sociedad española que veía cómo la situación institucional estaba enquistada, pudriéndose sin soluciones a la altura de las circunstancias, cuando ya el terrorismo empezaba a ser preocupante y la crisis económica exigía la toma urgente de decisiones. Desde el exterior, la evolución política española se veía con preocupación y esperanza. Los países Occidentales presionando a favor de una democratización sin condiciones, ofreciendo la entrada en el Mercado Común y ayuda financiera, y préstamos en condiciones muy ventajosas. Se temía que una dilación en la evolución de España hacia un sistema democrático fortalecería, aun más, al partido comunista, único con capacidad de movilización nacional, y que éste acabara por imponer la tesis de la ruptura democrática que patrocinaba desde la Junta Democrática, al estilo de la revolución de los claveles de Portugal; o seguir el modelo de 1931 de transición republicana, que se hiciera de espaldas a la opinión de buena parte del censo electoral de la España rural.

La Internacional Socialista bajo la dirección del poderoso SPD, partido socialdemócrata alemán, transfirió sumas importantes a los socialistas españoles del PSOE renovado y pactista de Felipe González, con el objeto de construir un partido de masas que ocupara el espacio de izquierda ante una no deseada hegemonía del PCE. Era el momento en que se podía decantar el diseño electoral de la futura democracia española: hacia el modelo alemán, con un partido socialdemócrata fuerte como alternativa de poder desde la izquierda, o el modelo italiano, con un partido comunista que, aunque hegemónico, nunca alcanzaba el poder con la consiguiente frustración para su cuerpo electoral[28]. En efecto, aunque el partido de la izquierda en Italia era PCI, las coaliciones in extremis de la Democracia Cristiana (el referente italiano de la derecha), con los socialistas italianos actuando de bisagra y junto con otros partidos, impedían sistemáticamente que los comunistas pudiera llegar al Gobierno. Era la condición no escrita de la política en Italia tras la II Guerra Mundial.

El modelo alemán era, sin duda, el deseado de las cancillerías europeas para una España democrática a la que había que asegurar fiabilidad y estabilidad política, y una pronta alineación con el bloque de las democracias parlamentarias asociadas en la OTAN. De modo que ante el temor de que el PCE pudiera ser el adalid de la izquierda en el proceso de transición hacia la democracia, imponiendo su programa de ruptura democrática con el que hubiera congregado apoyos importantes, tanto desde la derecha ilustrada y democrática (democristianos y liberales) como desde la izquierda moderada (socialdemócratas, socialistas progresistas), se buscaba un pacto de reforma con los sectores aperturistas del régimen que estuvieran por la labor de un cambio democrático. 

  1. 1 La Primavera Política

La monarquía del nuevo rey Don Juan Carlos dejó sin expectativas de corrillos de Corte a herederos de títulos nobiliarios, muchos se estaban apresurando a recuperarlos de los viejos y apolillados arcones, provocando descontento y críticas de los que creían que ahora iban a disfrutar de influencia y prestigio por su cercanía al poder. La película de Berlanga, Patrimonio Nacional, es un magnífico cuadro costumbrista de ese momento histórico. Juan Carlos, por contra, sería un rey moderno y constitucional, alejado de parapetos palaciegos, que tiraría de talante personal: espontaneidad, cercanía, simpatía y con facilidad para generar empatías, imprescindibles para diluir conflictos y llegar a acuerdos de consenso.

A la vuelta del viaje de Estados Unidos,  tras una tensa reunión de más de dos horas, el uno de julio, Arias Navarro presentaba la dimisión. La elección de Adolfo Suárez para liderar la transición política había comenzado meses antes de su elección como presidente de gobierno, en ese momento de inflexión que supuso la presentación y defensa de la ley de Asociaciones Políticas, el 9 de junio de 1976. Según Joaquín Bardavío[29], fue Alfonso Osorio, que como ministro de la Presidencia debía tener el honor de la presentación de la Ley, quien insistió ante Arias Navarro y el propio Rey, que debía ser, el entonces, ministro Secretario General del Movimiento, quien defendiera el proyecto ante las Cortes. En su discurso, Suárez habló con un lenguaje nuevo y convincente: la ley pretende dar respuestas a las demandas de nuestra sociedad. Es una ley pensada para la libertad y concebida como un importante instrumento para la democraciaEl punto de partida está en el reconocimiento del pluralismo de nuestra sociedad… Es preciso organizar esa pluralidad de modo que dé cabida a todos los grupos sinceramente democráticos, con aspiraciones de poder, con voluntad de ofrecer una alternativa de gobierno. En el discurso, el futuro presidente, hacía alarde de realismo y voluntad de concordia que desconcertó a muchos de los Procuradores en Cortes pero, para otros, que no veían posible el continuismo político, suponía la esperanza en la viabilidad de un reformismo moderado.

Adolfo Suárez mostró pragmatismo y sentido de Estado, dejando claro que estaba bien informado de lo que respiraba el país y de que no iba a dejarse ofuscar por voluntarismos: además de ese pluralismo teórico, existen ya fuerzas organizadas. Nos empeñaríamos en una ceguera absurda si nos negásemos a verlo. Estas fuerzas, llámense o no partidos, existen como hecho político… El Estado debe ser neutral ante los partidos si quiere ser justo, pero no puedo desconocer su existencia… Para nuestro pueblo hoy su lenguaje es la libertad. Y en el discurso, Suárez no se olvidó de transmitir un aviso a la bancada del franquismo más recalcitrante: frente a las tentaciones totalitarias de todo orden debe levantarse la racionalidad de que el pueblo español pueda otorgar su confianza y luego obedecer a aquellas opciones que más conecten con su forma  de pensar y mejores soluciones ofrezcan. Dejando claro que el horizonte de futuro pasaba por un pacto político que pusiera concierto en la sopa de letras, de más de  trescientas organizaciones políticas, grupos y grupúsculos que estaban presentes en los diferentes medios de comunicación.

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El padrino de la elección de Adolfo Suárez, como es bien conocido, fue Torcuato Fernández-Miranda, presidente de las Cortes y del Consejo del Reino que tenía como función más importante ofrecer la terna de nombres de los que el Rey debía de elegir al próximo presidente de Gobierno. Buen conocedor del entramado de grupos e intereses que se movían en la Cámara franquista, Torcuato Fernández-Miranda había impulsado la figura de Suárez por su perfil bajo, y poco comprometido, con las familias que se movían en las retaguardias del Régimen. Por su juventud y trayectoria, no se le vinculaba a ninguno de los grupos de poder más influyentes: tecnócratas, Opus Dei o los democristianos de Silva Muñoz y, desde luego, tampoco se le asociaba al grupo de Procuradores aferrados a la memoria de Franco: los excombatientes de Girón de Velasco, el falangismo, la ultraderecha de Blas Piñar o el estamento militar. Su trayectoria de funcionario, habiendo ocupado altos cargos como el de Director General de Radiotelevisión española[30] y su cargo de Ministro del Movimiento, transmitía tranquilidad a quienes tendría que refrendarle una vez el Rey le eligiera para suceder a Arias.

Cuando el presidente de las Cortes presentó a Don Juan Carlos la terna de nombres, uno por cada una de las familias de peso en el Consejo del Reino: por el Movimiento Adolfo Suárez, López Bravo por los tecnócratas y Federico Silva Muñoz por los democristianos, pudo decir aquella frase enigmática: Estoy en condiciones  de ofrecer al Rey lo que me ha pedido. La misma tarde del tres de julio, según relata JS[31], el Rey llamó a Suárez por teléfono:

-¿Por qué no te vienes un rato a La Zarzuela a tomar una copa y charlamos? Fernández-Miranda acababa de despachar con SM y Adolfo Suárez, al entrar en el despacho se topo con la petición:

Adolfo, quiero que me hagas un favor; -Señor (responde);

-Quiero que seas presidente del Gobierno.

 Suárez aceptó, pero puso algunas condiciones:

La operación política que hay que realizar es bastante difícil para el Rey. Debe usar de los poderes que ahora tiene para dejar de usarlos pronto. Es decir, hay que devolver al pueblo su soberanía.

La prensa, al día siguiente domingo, recibió el nombramiento con sorpresa y expectación, y con visión desigual. El País, periódico que había nacido el día del libro de ese mismo año 1976, siendo el medio de comunicación por el que se expresaban los grupos políticos de la oposición democrática, proveía un lacónico titular: “Puede ser presidente durante cinco años”. Transmitía la fatalidad de una decisión de la que no se esperaba demasiado. En su editorial posibilista, alababa las virtudes que adornaban al nuevo presidente y recordaba la valentía que había demostrado en la defensa del proyecto de ley de Asociación Política: brillantez, inteligencia y discreción y, añadía no es ésta hora de políticos, sino de estadistas. Terminaba la editorial, manifestando el deseo de poder decir, dentro de un tiempo breve, que la designación del señor Suárez nos ha parecido acertada.

La Vanguardia en su página siete, recogía varios artículos, en tono más esperanzador: con titulares: “El horizonte de Adolfo Suárez: Movimiento, Tecnocracia, Monarquía, Pluralismo”; otro bien significativo, “No perdamos más el tiempo” y, un tercero, “Defensa de los Partidos Políticos” en que recordaba frases del discurso, del recién nombrado Presidente, cuando la presentación de la Ley de Asociaciones Políticas, tres semanas antes. En gacetillas destacaban tres subtitulares: “Reconocimiento del pluralismo”, “No hay libertad sin derecho de asociación” y “Tres veces fue ovacionado el ministro”, señalando que su discurso había sido interrumpido por ovaciones en dos ocasiones. La primera, cuando hizo mención a la obra de Franco; la segunda, iniciada por un grupo de procuradores, cuando se refirió a que existe un acuerdo tácito popular en la necesidad de una reforma sin riesgos y un cambió en profundidad y, la tercera, al final del discurso, con el clamoroso silencio de un pequeño grupos de Procuradores que se interpretaba, se oponían al proyecto.

El analista Ricardo de la Cierva, publicaría en El País (8 de julio de 1976), “¡Qué error, qué inmenso error!”: primeramente, en haber designado a un nuevo Gobierno de Franco cuando toda la opinión política interior y exterior  -ojo, digo opinión política, no simplemente clase política-  esperaba, después de la cordial defenestración de don Carlos Arias, la inauguración del primer Gobierno del nuevo régimen. Y en lugar de eso nos hemos topado con un error, un inmenso error. Esto es un Gobierno de Franco, primero, por lo inesperado y desvinculado de la opinión política; segundo, por la conjunción de las fuerzas sociales que articulaban el franquismo; tercero, porque aparenta una fachada diferente del contenido y las raíces; cuarto, porque deja al margen a las fuerzas siempre marginadas; la oposición, las regiones, la media nación femenina… Además, hoy, en la España de 1976, no puede funcionar un Gobierno sin tener dentro a las regiones, a las clases inferiores y a las mujeres de España… Parece que ese frente político del Opus Dei se contenta con mantener posiciones en el nuevo equipo, aparte de conexiones presidenciales… La operación consistiría en un pacto entre el búnker económico, apuntaba a que la clave del nombramiento estaría en la sede del Banesto, y que se trataba de la vuelta al carrerismo[32] inspirada por Pablo Garnica, uno de los siete grandes de la banca española, los tecnócratas desplazados y el Neomovimiento Organización, llamado también Unión del Pueblo Español».

Ésta, Unión del Pueblo Español, asociación encabezada por Cruz Martínez Esteruelas y Adolfo Suárez, nacida al amparo de la Ley de Asociaciones Políticas (junio 1976), trataba de unir a todas las fuerzas del tardofranquismo, mayormente relacionadas con el Movimiento, que estaban por un cambio hacia la democracia más o menos holgada. Martínez Esteruelas, más tarde se uniría a una nueva formación para fundar Alianza Popular. Mientras que Suárez mantendría a la organización en estado latente, aprovechando para posicionarse con su grupo de afines, mientras que Pío Cabanillas y Areilza, preparaban el Partido Popular, el nuevo partido del Presidente, núcleo de la que luego sería la coalición de Centro Democrático con la que Adolfo Suárez concurría a las primeras elecciones democráticas, meses más tarde.

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En julio de 1976, recién elegido Presidente ante el desconcierto general, haciendo gala de reflejos y sentido de la oportunidad indudables, el presidente Suárez grabó un primer mensaje para emitir ese mismo día por televisión. “La escena del sofá”, se conoce, porque se grabó en un tresillo en su domicilio particular. De su discurso el presidente avanzaba intenciones de gobierno: El Gobierno que voy a presidir no representa opciones de partido, sino que se constituirá en gestor legítimo para establecer un juego político abierto a todos.  La meta última es muy concreta: que los Gobiernos del futuro sean el resultado de la libre voluntad de la mayoría de los españoles. Y seguía su discurso con una frase enigmática: que todo Gobierno que aspire a ser útil al servicio de la paz civil, tiene que respectar las leyes y esforzarse porque en ellas se reconozca la realidad del país. Y concluía haciendo suya la clave reformista de su mentor, Fernández-Miranda: “de la ley a la ley”, que traducía como elevar a la categoría de normal lo que a nivel de calle es simplemente normal y que… la máxima aspiración es gobernar con el consentimiento de los gobernados. Escribía Fernando Suárez[33], en 1983, estábamos al filo de la navaja porque desde dentro resultábamos incómodos y heterodoxos y desde fuera se nos consideraba colaboracionistas acomodaticios y sospechosos de contentarnos con poco.

 A la vuelta de casi cuarenta años, es difícil transmitir cómo se vivieron los acontecimientos que darían lugar al proceso constituyente y al cambio de sistema político. Los analistas políticos de aquellos años no podían esperar que franquistas reconocidos, con currículos totalmente comprometidos con el franquismo, tuvieran la altura de miras de impulsar un cambio de tal magnitud que supusiera el cambio institucional. El jarro de agua fría que había supuesto el “gironazo” contra el aperturismo del Arias “del doce  de febrero” dejaba poco margen para la credibilidad en los ediles del Régimen. Sin embargo, la evolución fue posible porque, a diferencia con la situación actual, en la política de entonces había más idealismo y convicciones doctrinarias que el solo diseño de una carrera de progresión personal. Se llegaba a la política, no solo buscando un medio de vida sino que también se aportaba meritaje académico y profesional propio, y compromiso ideológico, con el Régimen claro, pero también con los españoles. No es que se minimicen las prebendas de que gozaban quienes estaban en las cercanías del poder, había de todo como lo hay ahora, pero en muchos de los que accedían a puestos de poder prevalecían sus principios, por carcas que fueran, a intereses propios. Esa disponibilidad personal de servicio se daba, también y con mayor grado, en una sociedad ansiosa de avanzar hacia la democracia. Buena parte de los políticos que hicieron posible la Transición, se convirtieron en políticos a regañadientes, renunciando a trayectorias profesionales brillantes por vocación de servicio público.

La visión y el análisis político de los miembros de la Cámara legislativa del Régimen no eran prisioneras de las directrices de los jefes de fila dirigentes, aquello serían consignas, sino que los Procuradores se asemejaban más a la figura típica de los senadores, que eran elegidos por su propia trayectoria y respetados en su personalidad y criterio personal. Por eso la Reforma política fue relativamente fácil y posible: porqué Adolfo Suárez pudo acudir directamente a la conciencia de cada uno de los Procuradores en Cortes, y no solo a convencer a los prohombres de la Cámara que tenían ascendencía personal, sin duda, sobre sus propios correlegionarios ideológicos, pero sin la jefatura política que ejercen los actuales jefes de fila políticos.

El ponente de la ley de la Reforma, Fernando Suárez, mencionaba, en la cita de referencia, que en el encargo de elaborar la Ley para la Reforma Política se tuvieron claros algunos puntos, que hoy también resultan de diáfana actualidad: 1) que ninguna solución de futuro era posible al margen de las previsiones sucesorias (del Rey y las instituciones del Régimen). 2) que el intento inmovilista de que todo continuara igual, aún cambiando apariencias y formalismos, acabrían por conducir a una situación insostenible. 3) que los reformistas del Régimen y los moderados y no revanchistas de la oposición tenían el patriótico deber de llegar a entendimientos. Y, 4) que eran posibles las innovaciones más audaces, con tal de que se hicieran con respeto al pasado reciente.

 El Movimiento que había nacido, en 1938, para dar sostén ideológico a Franco y velar por mantener las esencias del Régimen, aportaba políticos de altura y de servicio en un momento crucial para el futuro de España como nación. Figuras como Torcuato Fernández Miranda y Adolfo Suárez, pero también el citado Fernando Suárez y Miquel Primo de Rivera, sobrino de José Antonio el fundador de Falange, que fue el encargado de presentar y defender ante las Cortes el proyecto de Ley para la Reforma Política, por sus trayectorias políticas de adhesión al Régimen, por haber crecido políticamente en sus filas, no podían levantar suspicacias ni ser desautorizados por la derecha intransigente. El Movimiento tenía dos filias claras: los Principios Fundamentales y la figura de Franco. Desaparecido el Dictador, quedaban los Principios[34] que en cuestiones como la función del ejército y la unidad nacional informaron la Ley para la Reforma y, posteriormente, la Constitución.

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La reforma institucional hacia un Estado de Derecho era la aspiración del conjunto de la sociedad española. Adolfo Suárez,  contaba con el respaldo de un amplio sector de la aristocracia financiera, cuenta Raúl Morodo[35], que tal vez no fuera ajena a su designación. La Iglesia se había pronunciado varias veces a favor de un régimen pluralista y el cardenal Tarancón, presidente de la Comisión Episcopal, se había manifestado inequívocamente al respecto, en su homilía el día de la coronación del Rey. Pero además, el precedente de la “revolución de los claveles”, abril de 1974, pesaba sobre los analistas de las cancillerías europeas y Estados Unidos, que no querrían una repetición izquierda, liderada por un partido comunista, como en Portugal. El reformismo que impulsaba la Ley para la Reforma contaría con todos los beneplácitos en el exterior. En el interior, a pesar de discrepancias y dudas sobre la intencionalidad del Gobierno, nunca se rompieron las relaciones discretas entre partidos de la oposición democrática y el Gobierno, con el escollo del PCE que hasta que fue legalizado el Sábado Santo de 1977, y aceptó la Monarquía y la bandera rojo y amarillo, renunciado a la tricolor republicana.

La Ley para la Reforma Política recuperaba el bicameralismo.[36] La Primera cámara, el Congreso de Diputados, sería elegido por sufragio universal directo y secreto por los españoles mayores de edad (23 años), y la Segunda cámara, sería elegida en representación de las entidades territoriales. En ambas Cámaras la duración del mandato sería por un periodo de cuatro años y la circunscripción electoral las provincias. El Congreso lo conformarían 350 diputados elegidos por un sistema proporcional, a definir por una futura ley electoral y, en el Senado, el número de escaños sería de 204, y uno más por cada provincia insular y Ceuta y Melilla (207), por el sistema mayoritario. La ley incluía la potestad del Rey para designar a senadores en un máximo que no superara el 20 por ciento de los Senadores elegibles. El rey haría uso de esa prerrogativa en las primeras elecciones, un día después de la jornada electoral del 15 de junio de 1977, nombrando a 41 senadores de designación real entre personas de prestigio político, profesional, académico e intelectual.

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La Ley para la Reforma política, que pretendía ser la ley de transición ordenada de un régimen de dictadura a una democracia parlamentaria, se propuso no repetir errores institucionales de la II República. La desaparición de la Segunda Cámara en el ordenamiento institucional de la República se tiene por uno de los factores que contribuyeron a su inestabilidad política. La continuidad del Senado en la constitución republicana, siguiendo la tradición constitucionalista española de una cámara de segunda lectura más conservadora por la adscripción de sus miembros o por un diseño electoral que se hubiera propuesto equilibrar la representación ideológica, hubiera atemperado las iniciativas radicales, o avanzadas para el momento histórico. En efecto, un Congreso republicano que por el sistema electoral[37], en la coyuntura de 1931, resultaba inclinado a favor del voto republicano y socialista, podía aprobar leyes que sectores conservadores, mal representados por una ley electoral mal diseñada y hecha a la medida de las mayorías urbanas, podían considerar radicales y contra derecho de las clases sociales medias y altas, privilegiadas por el sistema de la Restauración y en la caída dictadura de Primo de Rivera pero, necesariamente a tener en cuenta y a integrar en el sistema democrático.

La ley electoral republicana, de sistema mayoritario corregido, solo otorgaba representación a las dos primeras formaciones políticas en número de votos, lo que supuso que se formaran coaliciones electorales con solo objetivo de alcanzar mejores réditos electorales. Los partidos monárquicos y conservadores, vinculados con el régimen anterior, sin tirón electoral y con poca capacidad para formar coaliciones capaces de competir con las republicanas y socialistas, se vieron abocados a la marginalidad política en las grandes circunscripciones electorales.

La modificación de la ley electoral, de 1907, introducida por el Gobierno Provisional en mayo de 1931, a poco más de un mes de las elecciones a Cortes Constituyentes, cambió los pequeños distritos electorales por las provincias, y generalizó los distritos plurinominales, suponiendo un cambio fundamental en las reglas electorales que habían estado vigentes, prácticamente, desde la Restauración. El bipartidismo tradicional, entre conservadores y liberales, acostumbrados a que la gran mayoría de los diputados se elegían en distritos uninominales (321 por 28 plurinominales en 1923), en los que el caciquismo local no tenía problemas en imponerse, con la nueva reglas electorales tuvo que medirse en nuevos distritos provinciales, plurinominales, donde debían de superar un mínimo de 20 por ciento de votos para ser elegidos, lo que requería de una eficaz implantación territorial que sólo tenían los nuevos partidos republicanos, socialistas y regionalistas. Para tener representación, se tenía que superar el listón del 20 por ciento de los votos emitidos. El partido, o coalición, que hubiera conseguido la mayoría simple obtenía el 80 por ciento de los escaños. Mientras que, el 20 por ciento restante de escaños se adjudicaba al partido, o coalición, que quedaba en segundo lugar.

La barrera del 20 por ciento y la particularidad del sistema mayoritario, propiciaron las coaliciones electorales heterogéneas, meramente instrumentales incluso entre formaciones antagónicas, para asegurarse actas de diputados sin que luego aquéllas tuvieran continuidad como grupo político.  De modo que las mayorías que se derivaron de ese sistema electoral no se traducían en políticas de estabilidad sino, al contrario, favorecerían el oportunismo electoral y la sobrerrepresentación de partidos menores que serían responsables de la radicalidad en uno y otro sentido.

El sistema electoral republicano de mayorías, solo favorecía uniones políticas por razones de aritmética electoral. No primaba la fusión de partidos sino a liderazgos que se transformaban en personalismos, contribuyendo a escenarios de ingobernabilidad y a la elección de mayorías pendulares, de signo antagónico. Para muchos historiadores el sistema electoral de la II República resultó ser el factor decisivo para explicar la convulsiva historia política republicana: su polarización y que partidos moderados, de poco predicamento en momentos de exaltación y radicalidad, tuvieran que entrar en alianzas con populismos, para no ser apartados de la influencia política, siendo finalmente fagocitados y reducido a testimoniales.

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En 1976, para el éxito de la transición política, habían de asegurarse suficientes resortes de seguridad que impidieran situaciones de riesgo, como las que no se supieron prever en la experiencia republicana. De un lado, la Ley para la Reforma Política, reintroduciría el Senado, nominalmente como cámara de representación territorial y de segunda lectura, con un número de escaños igual por provincia, asegurándose favorecer el voto rural, el de las provincias de economía agraria y de ideología más tradicional, sobre las que tenían mayores concentraciones urbanas y de economía industrial o de servicios, más inclinadas a mayor radicalidad política, donde los sindicatos y partidos de la Oposición tenían mayor implantación. Del otro, la futura Ley electoral (18 de marzo de 1977), se preparaba de manera que favoreciera los intereses electorales del partido del Gobierno, UCD, buscando que el segundo partido, presumiblemente el socialista, tuviera también hegemonía en la oposición. Se trataría de volver al bipartidismo que había funcionado en España desde la Restauración.

El diario El País, el 19 de noviembre de 1976, publicaba el titular: “Victoria abrumadora del Gobierno “Por abrumadora mayoría, las Cortes aprobaron ayer el proyecto Suárez de reforma política que consagra el sufragio universal y la representación proporcional en la Cámara Baja o Congreso. Este es el primer paso efectivo hacia la instauración de un régimen democrático pluralista en España… El ambiente era de auténtica fiesta franquista. Como en las mejores ocasiones del régimen, los pasillos de las Cortes mostraban rostros sonrientes y los abrazos y las fuertes palmadas se repartían mutuamente por doquier.

Las Cortes aprobaron por amplísima mayoría (429 votos a favor, frente a 59 en contra y 13 abstenciones) la Ley para la Reforma que se sometería a referéndum el 15 de diciembre de aquel año. La campaña por el sí, impulsada por el gobierno utilizaba eslóganes bien significativos: “La Seguridad. Un buen motivo para votar sí.”, aludiendo al miedo al vacío de poder y a lo desconocido; “Habla pueblo, para que calle la demagogia”, y eslóganes informativos: “El pueblo elegirá libremente a sus representantes por sufragio universal directo y secreto”. Del lado de quienes propugnaban la abstención dos tipos de mensajes: los de quienes querían una ruptura, y una convocatoria de periodo constituyente, y los resistentes del franquismo, grupos ultraderechistas de los excombatientes de la Guerra Civil, que ganaron la guerra, los falangistas acérrimos a Franco y los neofascistas del grupo de Blas Piñar. Los primeros con eslóganes como: “El Referéndum sin libertad es un fraude. No legalices el franquismo. Abstente, no votes”. Y los Ultras: “La Monarquía busca cómplices”, “Franco hubiera dicho siempre No”. Finalmente, la Reforma fue aprobada por mayoría del 97 por ciento a nivel nacional, con ratios similares en todas las provincias.

El último sonado coletazo del Régimen ocurriría el 22 de diciembre, el día del sorteo de la Lotería de Navidad, parece ser por un exceso de celo de algún funcionario.  Sobre las siete de la tarde Santiago Carrillo y otros miembros de PCE eran detenidos por “asociación ilícita” (penada con seis años de reclusión) y llevados a los calabozos de la Dirección General de Seguridad (en el actual edificio de la Presidencia Regional de Madrid, en la Puerta del Sol). Relataba el diario EL País (23 de Diciembre de 1976): El comité ejecutivo del PCE facilitó (ayer) un comunicado en el que elevaba su «más enérgica protesta por la detención de Santiago Carrillo», calificándola como «descarada violación de los derechos humanos», afirmando que «contradice las reiteradas declaraciones del Gobierno de su voluntad de convivencia y de democracia». A las once de la noche, numerosas personas iniciaron una manifestación en completo silencio… los manifestantes que alcanzaban una cifra cercana a 3.000 personas, se encaminaron por la calle Mayor hacia el Gobierno Civil, siempre vigilados por la policía que se había acordonado a la altura de la calle del Correo.

La repercusión internacional sería inmediata: En París, la Liga de los Derechos del Hombre y el Comité de Información de España hicieron sendos comunicados condenando el hecho. El diario L’Humanité, comunista, destaca hoy en primera página la noticia y el boureau político del PC francés hizo público un comunicado pidiendo su liberación y la de todos los presos políticos españoles… En el resto de Europa las primeras reacciones fueron similares: en Bélgica los partidos Comunista y Socialista protestaron públicamente y hoy harán una interpelación en el Parlamento. En Italia, anoche, ya se preparaba una reacción global de todos los partidos políticos. Al cerrar el año 1976, el 30 de diciembre, se suprimía el Tribunal de Orden Publico (TOP) y se creaba la Audiencia Nacional para los delitos de terrorismo y, el mismo día, Santiago Carrillo y los demás detenidos eran puestos en libertad provisional con una fianza conjunta de un millón y medio de pesetas.

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Abierto el camino institucional para el cambio político y  con el reconocimiento de los partidos políticos, Adolfo Suárez tenía que impulsar su propio Partido. Mientras Suárez mantenía su organización, Unión del Pueblo Español, Pío Cabanillas y José María de Areilza preparaban, ya desde agosto, un Partido para el Presidente, el recién legalizado Partido Popular. En sucesivas reuniones, mientras se iban perfilando el perfil ideológico del nuevo partido: los límites estarían entre una derecha continuista y la izquierda marxista, se descolgaría del proyecto Federico Silva Muñoz para unirse a la Alianza Popular de Manuel Fraga. A mediados de septiembre, en una reunión con Areilza y Pío Cabanillas, Fraga anunciaba que había decidido constituir Alianza Popular que aglutinaría a toda la derecha franquista y con el objetivo de recoger los votos del “franquismo sociológico”[38] que consideraba mayoritario en el país.[39] Semanas después, Manuel Fraga, inscribía, el 9 de octubre, Alianza Popular[40] en el registro de asociaciones políticas.

Con Fraga ocupando ya el espacio de la derecha, con personalidades del franquismo aperturista favorables a una evolución política, se trataba ahora de acelerar la conformación del centro político. El Partido Popular fue presentado en sociedad el 1 de diciembre, dos semanas antes del referéndum sobre la Ley para la Reforma Política del 15 de diciembre de 1976. Se ofrecía como alternativa de centro democrático que se coloca «entre una derecha continuista y una izquierda marxista», presentó ayer públicamente su manifiesto político ante más de mil personas, entre las que se encontraban numerosos políticos. De su programa: Abrió el fuego Pío Cabanillas, señalando que el Partido Popular se considera un partido de centro en el momento histórico actual de España y que aspira a aglutinar aquellos sectores democristianos, socialdemócratas y liberales e independientes que pretenden huir de los antagonismos… En relación con las autonomías regionales, el señor Attard señaló que su partido estaba contra el centralismo y a favor de estados regionales donde se respeten las autonomías en la medida en que sus habitantes lo exijan[41].(El País, 2 de diciembre de 1976) Es remarcable cómo, en su presentación a la opinión pública, el Partido Popular se refería a estados regionales, alusión implícita a una estructura federal, poniendo límite a la autonomía según la voluntad de sus habitantes, es decir, se trataba de una verdadero propósito de federalismo asimétrico, en función de la “conciencia autonomista de las regiones”.

Aquel partido popular, que al nacer ya moría, explica J.A. Ortega Díaz-Ambrona,[42] daría origen a la coalición, Centro Democrático. A finales de enero de 1977, el Partido Popular se ligaría a la Unión Democrática Española, de Silva Muñoz y Alfonso Osorio[43] firmando un acuerdo de federación, al que se sumarían el Partido Popular Demócrata Cristiano (Álvarez de Miranda) y el Partido Liberal (Enrique Larroque). El intento es claro (publicaba El País, el 20 de enero) constituir una alternativa a Alianza Popular, desalojando a esta agrupación (Alianza Popular) de las posiciones centristas, y lograr una alianza que tenga su límite en los partidos de filosofía marxista.

 Despejado el itinerario de la Reforma, aprobada en referéndum el 15 de diciembre de 1976, el gobierno de Suárez se concentró en buscar aliados políticos en la Oposición, con la que había mantenido reuniones discretas por medios de colaboradores, (El País 5 de Enero de 1977), Cuatro miembros de la comisión de los nueve -los señores Canyellas, González, Jáuregui y Satrústegui- serán los primeros interlocutores del presidente Suárez, con quien se reunirán para iniciar las negociaciones Gobierno-Oposición… Han sido designados para constituir esta primera comisión los señores Canyellas, González, Jáuregui y Satrústegui. En cuanto a la presencia del PCE, el señor Tierno confirmó que existía constancia de la negativa del presidente del Gobierno a recibir a un comunista. Añadió que, sin embargo, vivimos un proceso muy fluido que podrá permitir que en la próximas semanas que el Partido Comunista sea admitido. Aludió también a la moderación  y flexibilidad del PCE. Reproducía el País, los siete puntos que habían sido aprobados por la Comisión negociadora de la Oposición, el 7 de noviembre anterior, en el que constaba el reconocimiento de la necesidad de institucionalizar políticamente todos los países y regiones integrantes del Estado Español y de los órganos de control de los procesos electorales.

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La matanza de Atocha (24 de enero de 1977), el asalto al despacho de abogados laboralista de Comisiones Obreras por extremistas de ultraderecha (vinculados a Fuerza Nueva, Falange Española y activistas ultracatólicos, con participación de noefascitas italianos), culminaría un mes de enero particularmente convulso en siete días que marcaron la Transición. Los Siete días de enero, título de una película sobre los acontecimientos, se iniciacon con la huelga del transporte privado en Madrid (18 al 20), motivo del asalto al despacho laboralista en el que los asaltantes buscaban al sindicalista Joaquin Navarro, dirigente de la huelga; la muerte de Arturo Ruíz[44], en una manifestación proamnistía en Madrid por un manifestante (23); el asesinato, por el GRAPO, de dos policías y un Guardia Civil y se cerraba con los secuestros del General Villaescusa (Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar) y Antonio María de Oriol (Presidente del Consejo de Estado) el 27 de enero.

El entierro de los asesinados en el asalto del despacho laboralista, fue una manifestación de repulsa y de afirmación democrática presidida por el decano de la abogacía, Antonio  Pedrol Rius, titulaba el diario El País, (27 de enero): “Unos cien mil madrileños, en orden y silencio”… los diputados de la Junta de Gobierno en pleno, vestidos de toga, detrás de ellos seguían dirigentes de gran número de partidos políticos, así como el comité ejecutivo del Partido Comunista de España, presidido por su secretario general, Santiago Carrillo… Una impresionante marcha multitudinaria y silenciosa que supuso, según palabras del ultra Sánchez Covisa: una gran prueba, clara y definitiva, de la capacidad de convocatoria y comportamiento ordenado de los militantes del PCE y de Comisiones Obreras[45]. El entierro, desde la condición de abogados de los asesinados, fue organizado por el Colegio de la Abogacía que promovió la instalación de la capilla ardiente en el Palacio de Justicia, involucrándose la administración de Justicia, el Estado. La manifestación, no exenta de momento de gran tensión, sirvió para que el gobierno de Adolfo Suárez tomara el pulso de la capacidad de movilización y de disciplina del partido comunista, que habría sido fundamental para precipitar el calendario de toma de decisiones, culminando en la legalización del PCE en abril. Hasta la Semana Santa, de ese año 1977, se tomaron la mayoría de decisiones de desmantelamiento efectivo del Régimen posibilitando las nuevas disposiciones legales que conducirían al nuevo sistema político.

El terrorismo de extrema derecha, a excepción de las varias intentonas golpistas en ese momento, y los sucesos posteriores de Montejurra (abril), quedaría definitivamente desactivado, no así el de ETA[46], que fuera una lacra que infuiría, aunque ese no fuera el discurso oficialmente admitido, en determinado actuaciones políticas y en el intento de Golpe de estado del 23 de febrero de 1981

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Tras un mes de enero traumático el gobierno legalizó los partidos políticos, excepto el PCE (que tuvo que esperar a Abril), por la oposición que generaría en el ejército. En Abril, se disolvía el Movimiento y los medios de comunicación de su titularidad pasaban a un nuevo ente: Medios de Comunicación Social del Estado; en el mismo mes se abrió el registro para la legalización de los sindicatos, el 15 de abril, convocándose elecciones las primeras Elecciones General para el 15 de junio.

La ley electoral que regularía las primeras elecciones libres y que, con leves modificaciones, es la misma que está en vigor hoy en día, había sido diseñada para favorecer al partido del Gobierno[47]. El sistema de elección de los congresistas y los senadores, y la definición de las circunscripciones electorales, fueron elementos esenciales de la Ley para la Reforma Política que pretendía, como consiguió, realizar un cambio a la medida de los intereses de la presidencia de Gobierno. La Ley, aprobada por decreto el 18 de marzo de 1977, se decantaba por el sistema proporcional corregido por la ley de Hondt, con candidaturas de lista de partidos cerradas, para la elección en el Congreso de Diputados; con el objeto nada disimulado de beneficiar a los partidos que se buscaban fueran mayoritarios, UCD la formación del Presidente, y los socialistas del PSOE de Felipe González, pero para disgusto del partido del Gobierno, en Catalunya y Euskadi las formaciones políticas que resultaron mayoritarias fueron los socialistas y los nacionalistas.

En cuanto al Senado, el sistema mayoritario y en una sola lista, la elección resultaba totalmente abierta puesto que los electores tenían que buscar su candidato en una papeleta de grandes dimensiones, una “sábana”, y señalar expresamente  a su candidato, con el riesgo de múltiples errores dado que la gran mayoría eran poco o nada conocidos. Las circunscripciones electorales, en una y otra elección, serían las provincias y, dado que se establecía un número de escaños por provincia no proporcional a la población, el resultado de las elecciones resultaría sesgado, en beneficio de las circunscripciones menos pobladas; rurales y con perfil más conservador. Circunstancia que se repetía en el Senado del que se esperaba que fuera una cámara de representación territorial, sin que la Ley para la Reforma Política le dotara de ningún contenido de regionalidad en una España preconstitucional donde solo las provincias tenían cierta estructura administrativa a través de las diputaciones. Sobre esto volveremos más adelante.

Ante las inminentes elecciones (Junio de 1977), los partidos que habían constituido Coalición Democrática, con el liderazgo del Partido Popular de Pío Cabanillas y José María de Areilza, constituyeron con los democristianos, de Iñigo Cavero y Oscar Alzaga, y los liberales de Joaquín Garrigues Walker e Ignacio Camuñas, y los social demócratas Francisco Fernández Ordóñez, José Ramón Lasuen y algunos autonomistas, la coalición de Unión de Centro Democrático. Antonio Fontán que fuera, entre otras, presidente del primer Senado de la democracia, explicaba que la fundación de UCD[48] fue acordada por once partidos políticos de significación liberal, democrático cristiana o polivalente, como era o quería ser ese partido popular… que estaba alentado desde el Gobierno por un Adolfo Suárez que mantenía unas relaciones estrechas con los principales dirigentes (de los partidos o de los prepartidos) del espectro político de centro. Iñigo Cavero, describía los desafíos que tenía ante sí la nueva coalición: gobernar ante una crisis socioeconómica a la vez que el terrorismo estaba en una escalada imparable; contribuir decisivamente a la elaboración de una constitución consensuada y establecer un acuerdo “convencional” entre tanta diversidad de familias ideológicas.

La ocasión perdida.

Desde finales de octubre de 1976, tras la aprobación de la Ley para la Reforma Política, Alfonso Osorio con Manuel Ortínez[49] habían esbozado un plan para el reconocimiento de la Generalitat tres o cuatro meses antes de las elecciones, por conseguir el reconocimiento de la Generalitat como un gran gesto del Gobierno, lo que hubiera supuesto situar al Gobierno a la cabeza del arranque de  los  proceso autonómicos y no ir a remolque de ellos[50].

La idea de Tarradellas era ser el interlocutor, desde la Generalitat, del catalanismo y atemperar a unos y otros en pos de un programa de unidad asumido por todos. Quiere ser el intermediario, el protagonista. Piensa que su autoridad modere las posturas, que su institución salvará el enfrentamiento entre Cataluña y el resto de España…Ofrece un camino: después del referéndum, intercambiar programas. Exponer los puntos de vistas de España sobre Cataluña y exponer él su idea de lo catalán en el marco de lo español y alcanzar el entendimiento en el punto medio. Joaquín Bardavío, haciendo referencia al libro de Alfonso Osorio “Trayectoria política de un ministro de la Corona”, cuenta que Tarradellas aseguraba que pactaría con los diversos grupos catalanes y que estaba seguro de imponer su autoridad; él mismo se encargaría de la concordia y la armonía. Que no era federalista ni imperialista (alusión al pancatalanismo y al concepto político de Països Catalans)) y que se consideraba un español más para colaborar a la democratización de España. Y que pidió la derogación del decreto de 1938, por el que se abolía la Generalitat y exigía el restableciendo del Estatuto de 1932[51].

 Cuatro meses antes de las Elecciones, febrero a marzo de 1977, Alfonso Osorio insistía a Suárez para que se reconociera la Generalitat. Desde la institución, el presidente Tarradellas en la línea que había manifestado, de estrecha colaboración con el Gobierno, actuaría de moderador de la política catalana. El informe elaborado por Cassinello trasladaban una idea clara del talante personal de Tarradellas y de su fiabilidad, en cuanto a la voluntad para hacer honor a los compromisos que estaría dispuesto a asumir.

El momento hubiera sido idóneo, aún conociéndose que el President no contaba con el favor unánime del catalanismo[52], si Suárez hubiera dado ese paso adelante y reconocer la Generalitat, en los primeros meses de 1977, el  Gobierno se hubiera puesto varios pasos por delante de los partidos de la Oposición Democrática, que el 3 de febrero de 1977 establecían un acuerdo-compromiso[53] sobre las “nacionalidades y regiones”. Compromiso que se intentaría negociar con Suárez, pretendiendo que se restablecieran los estatutos de Cataluña, Euskadi y Galicia como medios para garantizar el proceso de recuperación plena de las autonomías. Enfoque, seguramemnte, erróneo porque la restauración de los estatutos republicanos hubiera supuesto optar por una vía de ruptura institucional, en luigar del emprendido camino de la reforma. Sin embargo, un reconocimiento de la Generalitat, como el que luego se produciría en septiembre de 1977, por la vía del hecho consumado, hubioera obligado a un reposicionamiento de los objetivos políticos. Tanto de la Oposición como de las familias políticas de la posterior UCD, evitando la diáspora autonomista y el estado permanente de tensión y confrontación, entre unas administraciones regionales que asumían competencias y una administración Central, celosa y de vocación centralizadora.

En el contexto de tactismos de los partidos políticos catalanes, que actuaban desde la realidad interna del País, la figura de Tarradellas era respetada aunque no todos la veían como un liderazgo más allá de la referencia histórica. El President, por contra, que a diferencia del Lehendari Aguirre no había querido formar gobierno en el exilio para poder actuar sin ataduras según conviniera a la situación, se veían a sí mismo con la misión providencial de aportar una solución política para el acomodo y comprensión mutua entre Catalunya y España. Ciertamente solo tenía el respaldo de Esquerra Republicana, el partido en el que militaba en la República, y de los socialistas de Josep Pallach, Partit Socialista-reagrupament y, más tibio, de los socialistas de Joan Reventós y de la federación socialista del PSOE, y de una decena de partidos y organizaciones de menor implantación. Convergència Democràtica de Catalunya, el partido de Jordi Pujol, le respetaba, pero recelaba de un anciano con más contactos con los socialistas y el mundo de Madrid que con la realidad catalana, con las organizaciones de a pie, la Catalunya real. Al igual que los comunistas del PSUC que, bien implantados en la sociedad, y en el mundo obrero por la fuerza de Comisiones Obreras, recelaba de un president que sonaba a naftalina.

 Si Suárez hubiera cedido a las insistencias de Osorio, y a la pretensión de Tarradellas de constituirse en un símbolo de unidad catalana, y atemperar las distintas alternativas políticas, hubiera situado en una posición ventajosa a Suárez y a su partido, que  hubiera podido presentarse a las elecciones del 15 de junio, como uno más de los partidos del catalanismo. Probáblemente hubiera cambiado el pobre papel de UCD en Catalunya, y el tratamiento constitucional a Catalunya podría haberse articulado de otra forma y, quizás, no se hubieran producido los repetidos desencuentros desde entonces, y el actual proceso soberanista no habría se habría producido y, en todo caso, no habria dado en las actuales proporciones.

Una fase esencial de la transición quedó interrumpida en esos meses, de octubre de 1976 a mayo de 1977, cuando no se siguió el guion que la lógica política imponía: proporcionar una salida política a las demandas de autonomía de Catalunya y Euskadi, las únicas que, en aquel momento tenían asumida la autonomía como objetivo político unido a la conquista de la democracia. Se esperó a las elecciones de junio para la primera entrevista con Tarradellas y, hasta septiembre, para la restauración de la Generalitat cuando el grito autonomista ya se había instalado en el imaginario de la mayoría de las regiones, y la opinión pública española empezaba a considerar que ésa autonomía que se reclamaba en casi todas las provincias, era de la misma naturaleza y pretendía las mismas cotas de autogobierno, que en Catalunya y el País Vasco. Tras las Elecciones del 15 de junio, el Gobierno se dio cuenta que tendría que lidiar y dar respuesta, al menos, a dos niveles de exigencia autonómica: las regiones que habían tenido Estatuto de autonomía en la República, en vigor solo Catalunya,[54] y Euskadi y Galicia, y las demandadas en otras regiones que ahora abrazaban el nuevo credo del autogobierno. El millón de personas que se movilizaron en Barcelona el 11 de septiembre, o los quinientos mil, el 9 de octubre en Valencia, no tenían la misma idea ni convicción de autonomía que en otras manifestaciones regionales. Y, en todo caso, no tenían detrás una historia reivindicativa, ni un pasado político de contenido regionalista de la misma índole.

2.2 El proceso uniformador

En la campaña electoral, todos los partidos cuidaron al detalle su iconografía y los mensajes[55] que pretendían trasladar a un electorado que no había votado nunca en unas elecciones libres. El mensaje comunicativo de cada uno de los partidos o coaliciones electorales, mostraba las carencias o fortalezas de cada candidatura. Mientras unos, el partido comunista, trataba de superar la imagen negativa y destructiva que tenía bajo el franquismo con un mensaje integrador: “queremos la democracia para todos los españoles”; Alianza Popular trataba de atraer a quienes temían un futuro con demasiadas incertidumbres, poniendo en valor al Manuel Fraga de la imagen del aperturismo del Régimen (desde la Ley de prensa, 1966), ofreciendo la seguridad de  un futuro sin sobresaltos: “VOTA Fraga, FRAGA conviene”. Los dos partidos que luego  serían mayoritarios, UCD y PSOE, se presentaron a las elecciones con expectativas distintas. UCD con la pretensión de una mayoría acaparadora que confirmara el liderazgo de Adolfo Suárez; los socialistas de Felipe González con las dudas de no saber su capacidad electoral frente a los socialistas de Tierno Galván (PSP), los partidos socialistas regionalistas y los socialdemócratas.

Para UCD se trataba de legitimar en las urnas a Adolfo Suárez y su estrategia política, de cara a la redacción de una constitución que no podía contradecir el camino emprendido: reforma pactada, sin olvidar el hecho de la Monarquía. Su propio nombre, Unión de Centro Democrático, era una llamada a la unión por el equilibrio, un acierto de mensaje principal de Campaña, “Vote Centro”, “La vía segura a la democracia”. Para el PSOE, en otro parámetro, se trataba de convertirse en el partido mayoritario de oposición para constituirse en la alternativa de poder. En su segundo cartel de Campaña, de estetica naïf, se veía a Felipe Gonzalez como a uno más, abrazando a un obrero industrial, un paisano, un funcionario con camisa y corbata y una agricultora. Resume César M. Ballesteros en su blog[56]: El PSOE buscaba así un voto muy amplio: desde los obreros hasta agricultores y funcionarios.

A pesar de que el resultado electoral del 15 de junio de 1977 daría el triunfo a UCD, Adolfo Suárez tuvo la evidencia de que estaba ante un país electoralmente dividido. Mientras que en el conjunto de España UCD conseguía el 34,52 por ciento de votos, en Catalunya solo alcanzaba a ser la tercera formación política[57] aunque en Tarragona había conseguido ganar las elecciones, con el 26,8 por ciento de los votos, y el Lleida, quedar en segundo lugar, con el 23,95 por ciento emparejada con Pacte Democràtic con el 24,07 por ciento, la tendencia que se avisaba era que en Catalunya iba a por otro camino electoral. En el conjunto catalán, UCD sería la tercera opción electoral, el 16,68 por ciento de los votos, igualada con los nacionalistas de Pacte Democràtic, la coalición de Convergència de Jordi Pujol (16,66 por ciento), y por debajo de los comunistas del PSUC, que habían logrado el 18,07 por ciento de los votos. En Euskadi los resultados no habían sido mejores. Solo en Álaba habían conseguido una mayoría equiparable a la del resto de España, el 30,2 por ciento de los votos, mientras que en el conjunto de las provincias vascas UCD solo conseguía el 12,5 por ciento de los votos, en tanto que nacionalistas y socialistas, primera y segunda opción política, superaban el 25 por ciento del apoyo electoral. Tras la derrota electoral en Catalunya Adolfo Suárez retomó las idea que le había expuesto Alfonso Osorio meses antes sobre la personaliadad de Josep Tarradellas y su disposición a implicarsae en el proceso de la Transición.

Tras la decepción de la victoria con menos mayoría de la esperada, y el revés de Catalunya, el Presidente Suárez dio luz verde a entrevistarse con Tarradellas en Madrid. La visita se produciría el 27 de junio, doce días después[58] de las Elecciones del 15-J, con las incidencias e incomprensiones conocidas siguiéndose posteriormente el plan de Ortínez y Osorio[59], que ya habían esbozado en octubre de 1976: restablecimiento de la Generalitat, invitar a Tarradellas a Madrid para entrevistarse con Suárez y con el Rey; su aceptación de la Monarquía y la unidad de España; y nombrar a Josep Tarradellas presidente de la Generalitat negociando con éste las funciones del nuevo órgano, y encauzar un nuevo Estatuto.

Hasta mediados de septiembre, cuando en la reunión del Comité ejecutivo de UCD se planteó que Suárez iba a firmar un decreto-Ley por el que se reestablecía provisionalmente la Generalitat (29 de septiembre), la opinión en UCD era de contención, y de limitar la autonomía a algunas regiones en las que resultaba inevitable. Los centralistas se mostraban dispuestos a aceptar la autonomía para Catalunya y el País Vasco como mal menor, pero nadie más. Pero, tras un intenso debate, la opinión acabó decantándose por la generalización del proceso autonómico ya que algunas asambleas de parlamentarios regionales ya se habían constituido en Asamblea de Parlamentarios para que el derecho a la autonomia se extendiera para todas las regiones.

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De marzo a junio de 1977, por la incapacidad del presidente Suárez por ofrecer un plan que diera respuesta positiva a la cuestión autonómica y ante el temor de que se estuviera estudiando una mera descentralización administrativa, partidos a la izquierda del PSOE, muchos de ellos quedaron barridos tras las elecciones, impulsaron campañas que tenían en el derecho a la autonomía como una de sus puntales reivindicativos. En Baleares se impulsó el Pacto Autonómico, firmado por todos los partidos que se presentaban a las elecciones del 15-J, menos Alianza Popular, con el propósito que ésta fuera un objetivo político en la legislatura constituyente. Tras las elecciones, la constitución de las asambleas de parlamentarios regionales forzaría la generalización de la autonomía como propósito, y a partir de enero de 1978, con Clavero Arévalo como Ministro de las Regiones, se reconocerían las asambleas de parlamentarios como preautonómicas, promoviendo el nuevo modelo territorial.

Tal disparidad sobre qué se entendía por autonomía y hacia dónde se quería ir, daría como resultado una Constitución de circunstancias, que comenzaría a fraguarse en la primavera de 1977, cuando Suárez creía poder encauzar a su manera la cuestión catalana, sintiéndose reforzado en su liderazgo desde la legalización del PSOE y de la mayoría de los partidos políticos, en febrero, y del Partido Comunista aquel sábado nueve de abril. Entonces, creyendo en las seguridades que le ofrecía el Presidente de la Diputación de Barcelona Juan Antonio Samaranch, que creía tener buenas perspectivas electorales con el apoyo de alcaldes de la provincia, pensó que podía manejar el asunto de Catalunya de espaldas a los partidos catalanes.

No querer aceptar que en Euskadi y en Catalunya había mayor pluralidad política y que, en aquéllas, el bipartidismo no se daba con las mismas formaciones políticas que en el resto de España, tendría como consecuencia resucitar los fantasmas de pasado y de recelos hacia Catalunya en especial ya que en Euskadi la fobia se concentraba en la banda terrorista ETA. Y esa no aceptación, determinaría la sensación de “trágala” que para muchos de los militantes del partido del Gobierno, por descontado de los de Alianza Popular, tuvo el retorno de Tarradellas y el planteameinto de unidad catalana que fue capaz de significar.

La Constitución empezaría su andadura en la Ponencia Constitucional[60], elegida el 1 de agosto, comenzando sus sesiones un mes más tarde, en jornadas cada más largas a medida que se avanzaba en el texto, hasta el 28 de diciembre en que se finalizó el borrador definitivo. La constitución, en el título VIII que se refiere al modelo territorial, salió como pudo y de espaldas a una parte importante de la opinión de expertos y de la clase política, formada por profesionales de diversa procedencia ideológica y social, que eran plenamente conscientes de que España es un estado plurinacional. En su artículo 2[61], la Constitución reconocía el derecho de las nacionalidades y regiones al autogobierno, por la exigencia de la sociedad catalana y vasca para las que el autogobierno era condición sine qua non  para implicarse con las nuevas instituciones de la democracia y alejar incertidumbres y extremismos que hubiera podido meter a España en episodios rupturistas de inquietas consecuencias. Pero, no habría sido éste el proyecto deseado por las sociedades vasca y catalana que en encuestas se mostraban abiertamente a favor de un Estado federal. Se perdió la ocasión de tener mayores miras y de haber dado verdadera solución a la cuestión regional, evitándose la confrontación en la que estamos inmersos.

La Constitución proveyó un modelo territorial que en sí mismo estaba abierto y en proceso de construcción. Se establecía el mecanismo legal por el que las provincias se agruparan, o por sí mismas, se constituyeran en Comunidades Autónomas, por iniciativa de las Diputaciones Provinciales, y la forma cómo se trasferirían las competencias del Estado Central a los nuevos entes autonómicos, hasta un nivel competencial que se fijaba en los artículos 148 y 149. No se trataba de un modelo federal, por cuanto la mayoría de las competencias se compartían entre Estado y Autonomía y, de rebote, se institucionalizaba la permanente discordia de criterios interpretativos, fuentes de conflictos, ni obviamente se trataba de un proyecto de estado unitario descentralizado. A camino entre lo uno y lo otro, el texto constitucional nacía con la exigencia de ser completado con un añadido o una reforma a medio plazo, cuando los nuevos entes autonómico hubieran asumido un panel similar de competencias y experiencias de gobierno regional. Para muchos, la Constitución fue la que pudo ser en aquella tesitura a la espera de una futura reforma, que habría de hacerse en algún momento, en sentido federal.

En la génesis del Título VIII, “De la Organización Territorial del Estado” colisionaron dos posiciones políticas hasta cierto punto irreconciliables. Las que creían en las virtudes de una modelo territorial federal, federalizante como mal menor, y las que seguían creyendo en la eficacia del estado unitario y centralista, descentralizado administrativamente a lo sumo, pero sin capacidad legislativa ni ejecutiva. En la dirección de los primeros, los autonomistas impondrían su visión política descentralizadora; en el otro, los que recelaban de una excesiva dispersión del poder político, se aferrarían a un listado exhaustivo de competencias exclusivas del Estado Central y otras de materias transferibles, en las que el Gobierno nacional tendría la última palabra.

De modo que mientras se proyectaba un modelo organizativo con Comunidades Autónomas,  como el escalón político entre el Estado y la escala del poder Local, los Ayuntamientos, permanecería constitucionalmente reconocidas, al mismo nivel que unos y otros, la Provincias[62] y las Diputaciones que gozarían de autonomía de gestión de sus respectivos intereses, constituyéndose en la práctica en contrapoderes de las Comunidades Autónomas. El diseño autonómico fue en sí mismo, no hay duda, un avance cualitativo en el empeño por arribar a un modelo territorial que reconociera la diversidad de España dando, así, una oportunidad para su integración territorial, duramente convulsionada en los últimos dos siglos. Pero, también, es la historia de un fiasco por el mismo diseño constitucional o por una clase política que no creía en el proceso que se había pactado en la Constitución. Decía el Constituyente Miquel Roca: en la práctica se ha traducido en superponer al Estado de las autonomías el Estado centralista de siempre manteniéndolo en su integridad[63].

En el mismo artículo sintetizaba algunas de las razones por las que ya en 1983, justo cuando se cerraba el mapa autonómico, era evidente la nula sintonía y voluntad del Estado Central por el proceso autonómico. La política autonómica ha fracasado no por la Constitución, decía Miquel Roca, sino, entre otras, porque 1º se convirtió el derecho a la autonomía en una obligación “si no quieren se la impondremos”; 2º porque en muchos casos esta voluntad autonómica se afirmó más en la filosofía del agravio comparativo que en la formación de la propia identidad colectiva; 3º porque no se respetaron los límites de las comunidades naturales al socaire de intereses más o menos interesados de carácter político; 4º porque se ha regateado la política de traspasos, creando falsas expectativas y a la vez permitiendo mantener la filosofía de tutela asistencial del Estado y, en otras, 5º porque no se ha hecho nada para protagonizar un proceso paralelo de simplificación de niveles superfluos de la administración periférica del Estado, empezando por los Gobiernos Civiles (actuales Delegaciones de Gobierno, desde 1997)   cuya única función es actuar como comisarios políticos[64].

Para muchos analistas, para todos, no se puede desligar el desarrollo del proceso autonómico del frustrado intento del Golpe de Estado del 23-F. La LOAPA, Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico que ya anunciara Leopoldo Calvo Sotelo en su discurso de investidura, no hubiera tenido el mismo contendido de freno autonómico sin el violento de aquel día y, muy probablemente, la sombra del golpe ha pesado desde entonces en el ánimo de los políticos al tratar el tema autonómico.

Transcurrida la experiencia de cómo se ha funcionado durante estos años, al margen de las ineficiencias y los localismos que se han producido, el saldo no puede ser más que positivo, con el pero de no haber conseguido un modelo estable e integrador. Las causas hay que volver a buscarlas en el origen de los porqués del Estado autonómico: el valor de la autonomía y de las instituciones de autogobienro no significaban lo mismo para unas regiones que para otras. En ese diferente punto de partida, que a pesar del tiempo transcurrido parace no haber cambiado, está la explicación y el camino para retomar el debate sobre el modelo territorial y no caer en los mismos errores de entonces.

Notas.

[1] Ministro de Asuntos Exteriores en el primer Gobierno de la Monarquía, presidido por Arias Navarro. (Del 15 de diciembre de 1975 al 12 de julio de 1976) Testimonios extraídos de Historia de la Transición, publicación de Diario16, Madrid.  (1983-1984) nº 18

[2] Secretario de Estado de Defensa de Estados Unidos, responsable de la política exterior norteamericana entre 1969 y 1977, durante las presidencias de Richard Nixon y Gerald Ford.

[3] En el punto primero de su programa de doce puntos, abogaba por formación de un Gobierno provisional para devolver las libertades básicas y el voto a hombres y mujeres a los 18 años;  y, el compromiso de celebrar elecciones para elegir forma de Estado. En su punto noveno: “El reconocimiento, bajo la unidad del Estado español, de la personalidad política de los pueblos catalán, vasco, gallego y de las comunidades regionales que lo decidan democráticamente”.

[4] Inspirada en el Junta Democrática que impulsaba la ruptura con la dictadura, la Plataforma se decanta por una vía posibilista: la ruptura pactada, la transformación de la dictadura en democracia partiendo desde la propia legalidad contando, también, con los grupos y personalidades aperturistas que estaban intentando abrir el Régimen desde dentro. Forman parte de la Plataforma personalidades tan dispares como Felipe González, recién elegido en el Congreso de Suresnes, como Secretario General del un PSOE renovado, Ruiz-Giménez, Dionisio Ridruejo (ambos exfalanguistas desencantados) democristiano y socialdemócrata, y otros grupos de más a la izquierda. La Plataforma contaba con el apoyo internacional, a través de la Internacional Socialista y se sabía tenía contactos cerca de la Zarzuela. En contraste con la Junta (del PCE), no era partidaria de movilizaciones en la calle. Historia de la Transición, publicación de Diario16, Madrid.  (1983-1984) , nº  8 Pág. 115

Nota del autor. Excepto en Euskadi y Catalunya, solo el PCE, y algunos grupos de extrema izquierda, tenían implantación social, sobretodo a través del sindicato Comisiones Obreras y el movimiento vecinal

[5] Historia de la Transición, publicación de Diario16, Madrid.  (1983-1984) ,nº 18  pág. 276

[6] Consejo de Guerra contra 16 militantes de ETA, en relación al asesinato del inspector Melitón Manzanas, el 2 de agosto de 1968. La condena de seis penas de muerte a miembros de ETA. (amnistiados en 1977). Historia de la Transición, publicación de Diario16, Madrid.  (1983-1984) ,nº  2  pág. 29

[7] La detención, el 24 de junio de 1972 en el convento de las Oblatas de Pozuelo (Madrid),  de la cúpula del ilegal sindicato Comisiones Obreras, vinculas al Partido Comunista de España, dio origen a este proceso que por la dureza de las peticiones del fiscal, 20 años para Marcelino Camacho, tuvo gran repercusión y fue estandarte en movilizaciones contra la Dictadura. La coincidencia del día del juicio con la del atentado del asesinato de Carrero Blanco, 20 de diciembre de 1973, hizo que se relacionara y tuviera mayor difusión nacional e internacional.

[8] Con raíces en la canción francesa de protesta, de contenido reivindicativo y compromiso político y social, con referentes como Georges Brassens, la Nova Cançó tenía como objetivo reivindicar a través de la canción la lengua catalana y el catalanismo, las libertades políticas y la democracia. Con la presentación de Setze Jutges, grupo de cantantes catalanes fundado en 1961 por  Miquel Porter i Moix, Remei Margarit i Josep M.Espinàs, se dieron a conocer en diciembre de 1962, con un recital al que se unió Raimon, que ya había compuesto “Al Vent”, en 1959. Se unieron al movimiento cantautores emblemáticos como Joan Manuel Serrat (1965), María del Mar Bonet (1966) y Lluis Llach en 1967, completando así los Setze Jutges que dejarían de llamarse Nova Cançó para seguir sus propias carreras profesionales.

[9] En su origen Comissió Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya (1969). Tenía una gran capacidad de convocatoria reuniendo a más de tres mil personas en Rubí en 1970, en plena repercusión del Proceso de Burgos. Tuvo su mayor incidencia pública, en clandestinidad, cuando la detención de 113 de sus miembros, en el encierro de la parroquia de Santa Maria Mitjancera en 28 de octubre de 1973, contra la represión sindical, Proceso 1001, entre otros, que desató una campaña con repercusión de solidaridad internacional.

[10] Hasta 1977, las emisoras de radio no podían programar informativos. Estaban obligadas a conectar con Radio Nacional de España.

[11]Anarquista y anticapitalista (Barcelona, 1948),  militante del Movimiento Ibérico de Liberación, fue acusado de la muerte, en tiroteo, del  Brigada Político Social (policía secreta) Francisco Anguas. Juzgado por un tribunal militar, fue ejecutado por garrote vil el 2 de marzo de 1974-

[12] Falangista de la línea más dura. Excombatiente en la Guerra Civil. Pudo estar relacionado como instigador con atentado al despacho de abogados laboralistas de Atocha y en el golpe del 23-F. Historia de la Transición, publicación de Diario16, Madrid.  (1983-1984) ,nº   25 pág. 375

[13] La Salud de Franco se había resentido en los últimos años. Había sido internado en la clínica de su mismo nombre, el 9 de julio, por una flebitis con complicaciones que estuvo a punto de costarle la vida en una crisis que tuvo 19, a diez días de ingreso. Dado de alta el 30, comienza la recuperación en El Pardo. El Príncipe Juan Carlos que había asumido la Jefatura, desde el 19 de julio el 2 de septiembre en que Franco vuelve a asumir la Jefatura del Estado.

[14] Historia de la Transición, publicación de Diario16, Madrid.  (1983-1984) ,nº   5 pág. 71-75

[15] Miguel Boyer Salvador, fue el primer Ministro de Economía y Hacienda de Felipe González. (1 de diciembre de 1982 a 6 de julio de 1985, en que fue sucedido por Carlos Solchaga) Historia de la Transición, publicación de Diario16, Madrid.  (1983-1984) , nº  6 Pág. 82-90

[16] Fue un grupo de opinión de demócratas, de orientación cristiana, que publicaba (bajo este pseudónimo recordando al orador latino), en el periódico Ya y, esporádicamente, en algunos otros regionales. Formaban parte del grupo personas que luego ocuparon importantes puestos de responsabilidad política o de relevancia. En otros: Luis Apostúa, Marcelino Oreja, Fernando Arias Salgado, Landelino Lavilla, José A. Ortega Díaz-Ambrona, Alfonso Osorio, Iñigo Cavero, Oscar Alzaga, Leopoldo Calvo Sotelo.

[17] Según refiere el propio Ortega Díaz-Ambrona, Historia de la Transición, publicación de Diario16, Madrid.  (1983-1984) , nº  8 Pág. 118

[18] Movimiento Nacional, fundado en 1938, era el nombre del partido único que daba sostén ideológico y velaba por la ortodoxia de la doctrina del Régimen. Creado para unir las familias ideológicas que dieron su apoyo a Franco, en el golpe de estado de 18 de julio de 1936 para asegurarse su liderazgo político tras el final de la Guerra. Franco tenía que desarbolar las tres familias ideológicas: Falange (fundada el 29 de octubre de 1933) fusionada con las Juntas Obreras Nacional Sindicalistas (4 de marzo de 1934), el Carlismo tradicionalista, ultracatólico, y sectores religiosos del Nacional Catolicismo. El Movimiento, que tenía a Franco como Jefe, sería la escuela política del Régimen y suministradora de nombres para altos cargos de la Administración y los gobiernos hasta bien entrada, en la década de 1960, de los tecnócratas y del Opus Dei. Tuvo una evolución populista y, en los últimos años, más ideológica que sus partidos constitutivos. Algunos de sus Secretarios Generales jugaron un papel muy importante en el proceso de Transición: Torcuato Fernández Miranda (1969-74), Fernando Herrero Tejedor, mentor de Adolfo Suárez (1975-76). El Movimiento Nacional dejó de existir por decisión del Consejo de Ministros del uno de abril de 1977, a los 38 años de que Franco dictara el último Parte,  declarando el final de la Guerra Civil.

[19]Historia de la Transición, publicación de Diario16, Madrid.  (1983-1984) , nº  9 Pág. 135

[20] La sentencia se basaba, según la documentación aportada, en la existencia en  el momento de  la colonización española de vínculos jurídicos de sumisión entre el Sultan de Marruecos y algunas de las tribus que vivían en el territorio del Sahara Occidental, demostrándose la existencia de derechos  incluidos sobre la posesión  de la tierra. Un artículo, aparecido en, se hacía eco que habían sido encontrados en los archivos de la Corona belga que permiten establecer que, por lo menos, dos Gobiernos europeos (Bélgica y Gran Bretaña) disponían de valiosos argumentos que hubieran modificado, si no se hubiesen hurtado al conocimiento del Tribunal de La Haya, que constaba que a finales de siglo XIX los territorios que conforman el Sahara Occidental pertenecían enteramente a los comunes del lugar, “teniéndose como por jefes a los descendientes directos de Sidi Hamed El Ergueibi a los que se paga un tributo anual y no al sultán de Marruecos”. Informe realizado por un informador marroquí, a instancia de otro, de origen  israelita que actuaba en secreto por cuenta del rey Leopoldo II de Bélgica. (El País, 11 de noviembre de 1978)

[21] Historia de la Transición, publicación de Diario16, Madrid.  (1983-1984) , nº  13 Pág. 194 ss.

[22] José Canalejas, liberal, asesinado en atentado el 12 de febrero de 1912 por un anarquista, encarnaba el regeneracionismo desde dentro que irritaba tanto a la alta burguesía, que no esta dispuesta a ceder posiciones privilegiadas de imposición de sus reglas sociales, como a las izquierdas radicales, tanto socialistas, que iban a derivar hacia el sovietismo, como a los grupos anarquistas. Defensor de la separación Iglesia-Estado; partidario de las negociación entre patronos y obreros encaró la cuestión social desde el pactismo, promoviendo el contrato de aprendizaje para regular abusos en el mundo laboral. En la cuestión catalana evolucionó de centralista acérrimo a partidario de la descentralización y la autonomía municipal; teniendo que enfrentarse a su partido, Liberal, por defender la Mancomunidad catalana que se aprobaría por el Congreso en junio de 1912  y, tras el asesinato del Presidente, por el Senado en diciembre de 1913.

[23] El desastre de Anual, 22 de julio de 1921 (derrota asestada por Abde.El-Krim, a las tropas coloniales españolas en el Rif), dio origen a que se abriera una comisión de investigación sobre de las causas de la derrota, encargada al general Juan Picasso. El Expediente Picasso, apuntaba a importante errores del Alto Comisario militar. El descontento de los militares por la investigación que les apuntaba como responsables de la muerte de 14.000 forzados a filas y mal equipados, el creciente ascenso de los partidos republicanos, nacionalistas (Estat Català, de Francesc Macià se funda el 18 de julio de 1922) y del movimiento obrero (el PCE se funda el 15 de marzo de 1922) y el triunfo de la Marcha sobre Roma de Mussolini y del doctrinario fascista, contribuyeron a que altas jerarquías de Ejército,  de la burguesía y clases medias estallaran en el golpe militar del Capitán General de Cataluña Miguel Primo de Rivera (13 de septiembre de 1923) que contó con la comprensión y apoyo de Alfonso XIII.

En 1925, el Directorio militar fue sustituido por otro Civil, siguiendo con la presidencia del General; pretendiendo institucionalizar el régimen, creando nuevas organizaciones políticas y sindicales similares a las del fascismo en Italia, aprovechando la gran popularidad del General por el éxito del desembarco de  Alhucemas que puso fin a la guerra del Rif.

[24] Historia de la Transición, publicación de Diario16, Madrid.  (1983-1984) , nº  13 Pág. 200 ss

[25]Las repercusiones económicas del Crac de 24-29 octubre de 1929, el descontento social y la reorganización de la oposición frente a una dictadura fascista que avanzaba por la senda del autoritarismo institucionalizado forzaron que Primo de Rivera presentara la dimisión al Rey, 17 de enero de 1930, y éste nombrara al general Berenguer.

[26]El 17 de agosto del mismo año, 1930, por el Pacto de San Sebastián, se firmaba una alianza entre opositores a la Monarquía (sindicalistas y socialistas), republicanos y nacionalistas. En su programa preveía: proclamación de la República, formación de un Gobierno provisional para convocar Cortes Constituyentes y un estatuto de autonomía para Cataluña.

[27] Manuel Jiménez de Parga, catedrático de Derecho Político (1957-77) en la Universidad de Barcelona y rector de la misma (1976-77). Colaborador de Diario de Barcelona durante la Transición. Ministro de Trabajo en el primer gobierno de la democracia, tras las elecciones del 15 de junio de 1977.

Historia de la Transición, publicación de Diario16, Madrid.  (1983-1984) , nº  23 Pág. 349

[28] Así puede explicarse la atomización de la política italiana en pequeños partidos, indignados se diría, porque su espacio ideológico estuviera siempre vetado en el poder.

[29]ExJefe de los servicios informativos de la Presidencia de Gobierno. Historia de la Transición, publicación de Diario16, Madrid.  (1983-1984) ,nº 18 pág. 278

[30] Del 14 de mayo de 1969 al 25 de junio de 1973.

[31] Historia de la Transición, publicación de Diario16, Madrid.  (1983-1984) nº 19 pág. 295

[32] Luis Carrero Blanco, elegido presidente de Gobierno por Francisco Franco el 20 de junio de 1973 y asesinado por ETA el 20 de diciembre del mismo año. Fiel colaborador de Franco, vicepresidente del gobierno desde 1969. Se consideraba el continuador natural del franquismo y, a la muerte del Dictador, pretendería ser el hombre fuerte de la Monarquía de Don Juan Carlos.

[33] Exministro de Trabajo del último gobierno de Franco, hombre del Movimiento, ponente de la Ley para la Reforma Política.

Historia de la Transición, publicación de Diario16, Madrid.  (1983-1984) nº 23 pág. 347

[34] Ley Fundamental del Estado formulada en 1958. Principios doctrinales: Unidad nacional, acatamiento a la Iglesia Católica, aspiración a la Justicia y la Paz, deber del ejército de defender la unidad e integridad de España, la comunidad nación se funda en el hombre y la familia en subordinación al bien común y  consagra la familia, el  municipio y el sindicato como estructuras básicas de la comunidad nacional. Principios orgánicos: instaura la monarquía de tradición católica, social y representativa y la participación política a través de la familia, municipio y sindicatos. Principios programáticos: justicia igualdad ante la ley, educación, seguridad social, justicia distributiva, derecho al trabajo y propiedad privada, empresa como comunidad de intereses y propósitos y la voluntad de cuidar la salud física y moral, y del progreso social.

[35] Historia de la Transición, publicación de Diario16, Madrid.  (1983-1984) nº 23 pág. 354

[36] La constitución republicana era unicameral porque, a decir de la época, el Senado obstaculizaría las leyes progresivas que emanarían de un electorado urbano frente a un Senado, de voto rural y conservador. Mucho se ha escrito sobre si de haber existido el Senado la II República hubiera evolucionado de manera similar a la de otros países occidentales, y si se hubiera evitado la Guerra Civil.

[37] La Ley electoral de 1907, Ley  Maura, vigente cuando la proclamación de la II República, seguía la tradición del sistema electoral español desde la Constitución de 1876: sistema mayoritario, a una sola vuelta, en la que, para la elección al Congreso, se combinaban distritos electorales uninominales, por cada 50.000 habitantes, y plurinominales para algunas ciudades. El sistema básicamente favorecía la España rural y caciquil. Por lo que respecta al Senado, era electo con tres tipos de senadores: los de derecho propio o nato, entre los que estaba los Grandes de España; vitalicios nombrados por el Rey y los elegidos por las Corporaciones del Estado y mayores contribuyentes.

Proclamada la República, para la regulación de las elecciones a Cortes Constituyentes, se modificó la ley electoral (decreto del 8 de mayo de 1931), que abolía un Senado, de adscripción netamente conservadora y caciquil, modificaba los antiguos distritos electorales creando circunscripciones provinciales suprimiendo las circunscripciones uninominales; cada  provincia elegiría un diputado por cada 50.000 habitante y otro por  fracción de 30.000; Madrid y Barcelona se convertían en distritos electorales, así  como cada capital de provincia con más de 100.000 habitantes (Bilbao, Cartagena, Córdoba, Granada, Málaga, Murcia, Sevilla, Valencia y Zaragoza). Se mantenía el sistema mayoritario plurinominal, de manera que al partido o coalición que obtuviera la mayoría relativa de votos se le atribuían todos los escaños reservados a la mayoría (en Barcelona, por ejemplo, 16 de los 20 a cubrir), siempre que tal mayoría relativa supusiese al menos el 20 por 100 del total de los sufragios emitidos. Si ninguna lista alcanzaba esta proporción, se recurría a una segunda vuelta, bastando entonces con obtener la mayoría simple. Del artículo de Rafael Arias-Salgado Montalvo en El País, 7 de Octubre de 1976.

http://elpais.com/diario/1976/10/07/espana/213490819_850215.html

[38] La expresión se refería a la pervivencia de rasgos de tipo cultural y antropológico que serían características de la sociedad del desarrollismo franquista. Una mezcla de aperturismo liberal, conservadurismo en las costumbres, conformismo a la autoridad y temor a asumir riesgos. Metafóricamente, se expresaría en las multitudinarias colas que se formaron para desfilar ante la capilla ardiente de Franco y, a los pocos meses, el entusiasmo que levantó el cambio político. Actualmente, se podría asimilar a la expresión “mayoría silenciosa”. (Nota del autor)

[39] Historia de la Transición, publicación de Diario16, Madrid.  (1983-1984) nº 22 pág. 331

[40] Los Siete Magníficos: Manuel Fraga Iribarne, que lideraba Reforma Democrática; Cruz Martínez Esteruelas, de Unión del Pueblo Español; Federico Silva Muñoz, que lideraba Acción Democrática Española; Licinio de la Fuente, que lideraba Democracia Social; Laureano López Rodó de Acción Regional, Enrique Thomas de Carranza de Unión Social Popular y Gonzalo Fernández de la Mora de Unión Nacional Española

[41] Nótese que el Partido Popular, partido troncal del futuro Unión de Centro Democrático,  a finales de de 1976 no tenía dudas del sentido y profundidad que debía tener la autonomía regional para las regiones que lo quisieran. Principalmente, Catalunya.

[42]Historia de la Transición, publicación de Diario16, Madrid.  (1983-1984) , nº  22 Pág. 333

[43] Fundado en enero de 1976, De las declaraciones de presentación del partido ABC, destacaba algunas frases significativas: “si la reforma constitucional no es urgente ni profunda estamos abocados  a un proceso de ruptura” Monreal Luque; “Nosotros estamos a favor de un juego plural en el que UDE tiene una posición de centro, un centro político que no es el producto de extremos, sino una ideología propia…con una clara inspiración demócratacristiana”…“Una reforma constitucional todo lo profunda que sea preciso, pero ni  abrir un periodo constituyente” Silva Muñoz. (ABC, 28 de febrero de 1976)

[44] Crónica de El País (25-Enero-1977): “Tras las diferentes declaraciones, se pueden reconstruir los hechos con bastante claridad: a las doce y veinticuatro minutos Arturo Ruiz García, estudiante de BUP, de diecinueve años, natural de Granada, y, sin antecedentes de ningún tipo, se encontraba en la calle de La Estrella, en compañía de una joven. Al parecer, habían tomado parte en la manifestación convocada en la plaza de España y desautorizada por el Gobierno Civil. A la hora citada, un hombre de 45 o cincuenta años de 1,65 o 70 de estatura, que vestía abrigo verde tipo Loden, mientras esgrimía un arma en su mano derecha y efectuaba gritos de Viva CristoRey, hizo un disparo al aire. Junto a él un segundo individuo más joven, que vestía cazadora a grandes cuadros, le arrebató el arma y efectuó a bocajarro dos disparos que hicieron blanco sobre el cuerpo del joven.”

“Fue entonces cuando las distintas versiones hacen aparecer a cuatro personas, tres de ellas de cierta edad y una más joven al parecer habituada a mandar… Esta última descrita como alta, de 1,80, pómulos salientes, barba de unos días, pelo corto y morena, vestida con camisa marrón con dibujos, una cazadora negra y pantalón vaquero, increpó a los manifestantes al mismo tiempo que les insultaba y daba vivas a Cristo Rey…  Según las cuatro personas, se acercaron a algunos de los manifestantes que habían gritado: «Cuidado, son guerrilleros», diciendo: «Sí, lo somos, ¿qué pasa?. Y además tenemos una pistola. … El joven, que, según la mayoría de las versiones, llevaba un guantelete de hierro en la mano, arrebató en ese momento el arma y disparó, según las mismas fuentes, una vez nada más, alcanzando limpiamente el corazón del muchacho que se encontraba ya a unos veinte o treinta metros”.

Tras llevarse al muchacho, varios testigos manifestaron que la policia retuvo a otro grupo de guerrilleros, a los que soltó en el acto, a pesar de los gritos de asesinos, manifestados por los presentes.

http://elpais.com/diario/1977/01/25/espana/222994802_850215.html

[45] Historia de la Transición, publicación de Diario16, Madrid.  (1983-1984) nº 25 pág. 379

[46] En 1976, ETA había asesinado 18 personas; 12 en 1977; 64 en 1978; 84 en 1979 y 93 en 1980. En 1981, el año del Golpe de Estado, la cifra bajó a 32 asesinatos manteniéndose una media de 38 por año hasta 1988, en que el númnero de asesinatos bajaba a 20, manteniendose una media de 27 hasta 1993. En ese año, se producían 14 atentados mortales, manteniéndose una media de 12 hasta 2001. Desde entonces, hasta el cese de la violencia en 2010, 17 asesinatos más.

[47] José Ramón Montero, Catedrático de Ciencia Política Universidad Autónoma de Madrid, publica citando a Óscar Alzaga: que puesto que los sondeos concedían a UCD un 36-37% de los votos, se buscó hacer una ley en la que la mayoría absoluta pudiese conseguirse con alrededor del 36-37%. Y con un mecanismo que en parte favorecía a las zonas rurales, donde sabíamos que UCD era predominante frente a las zonas industriales, en las que lo era el PSOE. Y pretendíamos también que el logro de la mayoría absoluta para el Partido Socialista estuviera situado no en el 36-37%, sino en el 39-40%.

“La Ley Electoral de 1977: intenciones y consecuencias”, en Internet, 9 de agosto de 2014. 22 horas.

http://www.transicion.org/20actividades/cicloOtonyo/FTE_Conferencia22sep09.pdf

[48] Fundada el 28 de junio de 1977, fue la coalición de electoral liderada por Adolfo Suárez. Su núcleo original era Coalición Democrática (final de enero de 1977), que se amplió con nuevos partidos hasta los once fundacionales, y la inclusión de independientes, como los “azules” Adolfo Suárez y Rodolfo Martín Villa.

Los partidos que formaron la coalición: PP, Partido Popular (provinente de sectores de la agrupación FEDISA y el democristiano grupo TÁCITO, era una amalgama de centristas provinentes del reformismo del Régimen, liberales y socialdemócratas); Pío Cabanillas, José María de Areilza, Landalino Lavilla, José A Ortega Díaz-Ambrona, José Pérez Llorca como personalidades más representativas. PDC, Partido Demócrata Cristiano (fusión de la Unión Demócrata Española y una escisión de Izquierda Democrática de Joaquín Ruiz-Giménez) Fernando Álvarez de Miranda, Alberto Monreal Luque, Iñigo Cavero, Óscar Alzaga eran sus líderes más conocidos, los democristianos de la coalición.

FPDL, Federación de Partidos Demócratas y Liberales. Federación de diez partidos regionales de ideología liberal, aportaban el liberalismo federalista y progresista, en lenguaje de la época, en contraste con el liberalismo economicista, hoy se diría neoliberal. Su líder carismático era Joaquín Garrigues Walker,  a su muerte su hermano Antonio fundaría el Partido Demócrata Liberal en 1983.

El PDP, Partido Demócrata Popular (de ideología netamente liberal, fundado en 1972 por Ignacio Camuñas y Juan Luis Cebrián, luego director de El País,) En 1982, la marca había desaparecido al haberse convertirse UCD en partido político (octubre de 1978), y se fundó un nuevo PDP, por Óscar Alzaga de ideología democristiana que se coaligaría con AP para las Elecciones Generales de 1982. PSD, Partido Social Demócrata, de Francisco Fernández Ordóñez, Manuel Diez Alegría, Rafael Arias Salgado, Gonzalo Seara, Arturo Moya y Miguel Boyer.

Otros partidos menores que formaron UCD: FSD, Federación Social Demócrata, de Dionisio Ridruejo y José Ramón Lasuen y Manuel Diez Alegría, Rafael Arias Salgado, Gonzalo Seara, Arturo Moya, que luego se pasarían al FSD; PSLA, Partido Social Liberal andaluz, de Manuel Clavero Arévalo, liberal interclasista y andalucista pero no partidario del federalismo; PGI, Partido Gallego Independiente, fundado por antiguos procuradores en Cortes, José Luis Meilán Gil y David Pérez Puga, propugnaba, desde un regionalismo moderado, una reforma agraria, pesquera y marisquera; UC, Unión Canaria, Lorenzo Olarte Cullén, antiguo procurador en Cortes, reformista y partidario de la autonomía; AREX, Acción Regional Extremeña, con una idea muy vaga de autonomismo lo patrocinaba el procurador en Cortes Enrique Sánchez de León y, finalmente UDM, Unión Demócrata Murciana, fundado por Antonio Pérez Crespo.

Historia de la Transición, publicación de Diario16, Madrid.  (1983-1984) nº 34 pág. 508-509

[49] Manuel Ortínez i Mur (Barcelona 1920-Berna 1997) Empresario de familia del sector textil de Igualada. Entre otros, fue director general del Instituto Español de la Moneda Extranjera (1965-1971). Desde mediados de la década de los años sesenta del siglo veinte, en su bufete en Madrid y Barcelona, actuaba de representantes de los intereses de la Unión de Bancos Suizos en España. A mitad de los años cincuenta del siglo pasado, establece relaciones con Josep Taradellas en Saint Martin-le-Beau, y consigue que los industriales del sector del algodón, bajo la influencia de Domingo Valls Taberner, acuerden una ayuda económica para el mantenimiento de la institución republicana en el exilio. La reseña, extraída de Viquipèdia, cuenta que en la carta de dimisión cono sonseller  “renunciaba a los cuatro años de sueldo de conseller al que tenia derecho, argumentando que ya se ganaba bien la vida”. Poco antes de su muerte se afilió a Unió Democràtica de Catalunya

[50] Historia de la Transición, publicación de Diario16, Madrid.  (1983-1984) ,nº  32  pág.484

[51] Historia de la Transición, publicación de Diario16, Madrid.  (1983-1984) ,nº  32  pág. 484

[52] Cuenta Fernando Ónega, que en vísperas de las elecciones del 15 de junio, el cuadro de mando de UCD estaba convencido de que Jordi Pujol sería el ganador en Catalunya y que, con él, habría que pactar alguna forma de restablecimiento de la autonomía catalana. Probablemente, como había sugerido Martín Villa, exgobernador civil de Barcelona y ministro de Gobernación, mediante la formación de un ‘Consejo General de Cataluña’. El propio Pujol defendía, desde 1975, la formación de un ‘Consell Nacional de Catalunya’ con los principales partidos de oposición.

[53] Entre  firmantes: Fernández Ordoñez, por los socialdemócratas; Anton Cañellas, los democristianos; Felipe González, PSOE; Tierno Galván, PSP; Joaquín Satrústegui, Liberales; Jordi Pujol, nacionalitas catalanes; Julio Jaúregui, por el PNV y Valentín Paz Andrade, por los gallegos.

[54]El Estatuto vasco fue aprobado por las Cortes en octubre de 1936. Con el levantamiento militar la mitad occidental de Guipúzcoa y Álava, se adhirieron al bando de Franco. En cuanto al gallego, entró en las Cortes el 15 de julio y no llegó a entrar en vigor.

[55] El cartel de Campaña de Alianza Popular se componía, en el superior la foto de primer plano de Manuel Fraga, sonriente ocupando poco más de la mitad del cartel en vertical. En parte inferior, a modo de pie de foto, sobre fondo amarillo-mostaza y el logo de AP en rojo, alusión a los colores de la bandera de España, y el mensaje “VOTA Fraga, FRAGA conviene”, en referencia al voto del orden y de estabilidad frente a un horizonte de incertidumbres. Y como pie, “Da tu voto a la Candidatura presentada por Alianza Popular”, que induciría al voto de responsabilidad a un equipo de personas capaces.

El Partido Comunista de España, con la necesidad de potenciar una imagen de compromiso democrático, el último referente había estado en la Guerra Civil, planteó un cartel con blanco en el que destacaba las figuras de un hombre y una mujer, en silueta caminando con decisión, con el mensaje explicativo “queremos la democracia para todos los españoles”, y las siglas PCE y logotipo en banda inclinada, ocupando en la esquina el cuadrante inferior derecho. Informaba de su voluntad democrática y de acuerdo con todos los españoles, los demás partidos democráticos.

El partido del gobierno, UCD, tuvo su primer cartel, apaisado, con la imagen de Adolfo Suárez, en sangrado, con las leyenda VOTAR CENTRO ES VOTAR SUAREZ”. El segundo era un divido en tres bandas. La primera en la parte superior, sobre fondo verde, el mensaje: “Vote Centro” y debajo como pie, en pequeños caracteres, “Democracia-Cristiana-Liberales-Independientes-Partido Popular-Social-Democracia” en alusión a los partidos de la coalición. En la banda central, Y una leyenda “La vía segura a la democracia”, y un segundo lema: “El Centro es la Democracia”.

El PSOE tenía que dar a conocer la imagen de Felipe González a un electorado que, por el contrario sí conocía a Adolfo Suárez. Su cartel principal era una foto en color, hasta 1978 televisión española aún emitía en blanco y negro, que ocupaba todo el cartel con la leyenda “La libertad está en tu mano” “VOTA PSOE”. Y un segundo cartel, tan potente como el primero (apaisado, con predomino de color azul y nubes, de estética naïf) donde se veía, en primer plano ocupando un tercio inferior, las figuras de Felipe González, como uno más, abrazado a un obrero industrial, un paisano, un funcionario con camisa y corbata y una agricultora. En la parte superior la dicha leyenda “VOTA PSOE” y en la parte central un fondo de amanecer, con el sol y sus rayos en el centro.

[56] http://elblogdecesarmb.blogspot.com.es/2013/06/los-carteles-electorales-de-las.html

[57]En Catalunya, UCD había conseguido sólo un 17 por ciento de apoyo electoral y un 3 por ciento la PSOE), el 28,7 por ciento; Partit Socialista Unificat de Catalunya (federado con el PCE) el 18,5 por ciento; los nacionalistas de Pacte Democràtic (Convergència Democràtica de Catalunya), el 17 por ciento; Unió de Centre Democràtic (Unió Democràtica de Catalunya) con un 5,7 por ciento y Esquerra Republicana de Catalunya, con un 4,6 por ciento. coalición de Alianza Popular. El resto de los votos habían ido a partidos que reclamaban un la autonomía.

En las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya, el vencedor había sido el Partido Nacionalista Vasco, y en el conjunto del País Vasco, el PNV tuvo el 28,6 por ciento de los votos; el Partido Socialistas de Euskadi (federado con el PSOE), el 25,8 por ciento, UCD, el 12,5 por ciento; Alianza Popular, el 7 por ciento y Euskadico Ezquerra el 6 por ciento.

http://elecciones.lainformacion.com/generales/congreso/1977.html

[58] No podemos por menos que recordar que la abdicación del rey Juan Carlos, se produjo una semana después del susto de las Elecciones Europeas, como si este País no supiera moverse sino a fuerza de varapalos.

[59]Historia de la Transición, publicación de Diario16, Madrid.  (1983-1984) ,nº  32  pág. 480

[60]http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/actas/actas.pdf, págs 325, 352 y 346

[61]“La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas” (Art. 2, Constitución)

[62] “El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses”(Art. 138, Constitución)

[63] Roca Junyent, M. (1983) Artículo “El Título VIII, una aportación histórica”. Historia de la Transición, publicación de Diario16, Madrid.  (1983-1984) ,nº  36  pág. 541

[64]  Idem.