La huida hacia adelante que impulsa Puigdemont con Esquerra Republicana y la CUP, ha provocado el cisma en el PDECat sin que en el gobierno del Estado, en este contexto de máxima tensión, se perciba agilidad para ofrecer una fórmula de compromiso con que interesar a ese 45 por ciento de catalanes que quieren la independencia. El gobierno de España tiene, aún, la oportunidad de reconducir la situación acudiendo, precisamente, a ese PDECat que diverge de la deriva autoritaria de Puigdemont, más aliado del radicalismo de Esquerra y la CUP, que de la línea estratégica del partido que le aupó a la presidencia de Catalunya.

Y es que el independentismo de los ex de Convergencia se justifica, principalmente, por el maltrato institucional del Estado hacia Catalunya y por el desprecio hacia el catalanismo de los sucesivos gobiernos del partido popular, más que porque se busque la separación de España. Sin la deriva centralista de la segunda presidencia de Aznar y la agresividad del PP hacia Catalunya como país, con la recogida de firmas contra el Estatuto de Catalunya en 2006 y, antes,  promoviendo el boicot a los productos catalanes, no se explica el auge espectacular del independentismo y su arranque político, tras  la sentencia del tribunal Constitucional de 2010.

La base social de convergencia buscó siempre el pacto con el gobierno de turno, reclamando mejoras que luego se trasladaban a las otras autonomías a diferencia del caso vasco, cuyas conquistas lo son para Euskadi y, siempre, sobre las espaldas de los contribuyentes del resto del Estado.

Ahora, el partido socialista de Pedro Sánchez está en disposición de conducir una nueva transición, o de completar aquella que quedó truncada con el intento de golpe de estado de 1981, cuando España estaba profundamente marcada por el nacionalnaciolismo de la dictadura

La España de hoy es radicalmente distinta a la de aquellos años. Según una reciente encuesta, publicada por El Confidencial, el 48,5 por ciento de los españoles está de acuerdo con que España es un país multinacional, por un 35,6 que cree lo contrario. Todos los tramos de edad, excepto los mayores de 65 años, estarían de acuerdo con esa afirmación destacando los tramos de 18 a 45 años que estarían, el 55 por ciento de media, porque España es una estado multinacional, por  el 31 por ciento que estaría en contra.

En relación a los partidos, estarían de acuerdo con la España multinacional el 60,5 por ciento de los votantes del PSOE y el 73, 1 por ciento de  los votantes de Unidos-Podemos, también el 24 por ciento de los votantes del partido popular. De los votantes de Ciudadanos, el partido que tiene en su ADN fundacional el antinacionalismo y la creencia en una España nacional, el  42,4 por ciento, también piensa que España es un país multinacional mientras que un 45,9 por ciento, por el contrario, sigue la tesis jacobina del nacional liberalismo español del siglo XIX, una maquinación históricamente artificiosa y, como se ve, que no ha prosperado.

La España de hoy está madura para que Pedro Sánchez proponga un cambio constitucional en sentido federal, y capaz de albergar un pacto integrador con Catalunya. Es, pues, verosímil una moción de censura con el apoyo de Unidos Podemos, sus marcas regionales, y con los nacionalistas del PNV y los catalanes del PDeCat, y los de Esquerra que no podrían negarse. Ciudadanos, ahí, tendría que decidir si estar por el cambio institucional o por mantener el estado constitucional que el franquismo permitió.