Para empezar, decir que el presidente de Francia, con 39 años, tiene tras de sí una sólida trayectoria formativa y profesional.  Su formación básica es humanista, se graduó en Filosofía, con una tesis sobre Hegel, y en Políticas en 2001, y su paso por la Escuela Nacional de Administración (2004), la escuela donde se forman las élites del país, le ha preparado para estar en condiciones de entender los cambios que la sociedad actual necesita para encarar los nuevos desafíos socioeconómicos de la globalización.

Emmanuel Macron une, a su consistente formación, experiencia en el mundo económico y político al más alto nivel. Con 27 años, terminada su etapa formativa, entró en el mundo de la banca y, en 2008, comenzó una etapa de cuatro años, como asociado, en la Banca Rothschild. En política, entró en el partido socialista tardíamente, a los 29 años, no formando parte de las juventudes (esa escuela de escalada en el poder), quizás por eso, porque no tenía el marchamo seguidista de los cachorros políticos, dejó el partido socialista (2009). Ya como independiente, fue asesor económico de François Hollande, desde 2012 y nombrado ministro de Economía, Recuperación Productiva y Asuntos Digitales en 2014 hasta su dimisión en agosto 2016 para fundar En Marche!

Como ministro, impulsó medidas de racionalización económica, entre otras, la ley Macron, que afecta al sector del transporte por carretera, con el propósito de poner coto a la competencia desleal de bajos salarios de países del Este, el dumping social. En macroeconomía, desde su etapa como ministro y decididamente como Presidente, se propone modernizar la economía francesa, históricamente fuertemente intervenida por el estado, y ponerla al día para situarla en condiciones de competir en la revolución tecnológica que viene. Cuatro desafíos en áreas que requieren medidas decididas y valientes: Empleo, Competitividad, Sostenibilidad e Integración social.

Los nuevos empleos ligados a la tecnología (y la revolución industrial asociada, impresoras 3D por ejemplo), no van a ser suficientes para una población en crecimiento vía inmigración. La excesiva protección, en Francia, de los puestos de trabajo son trabas insalvables para la eficiencia económica; como la maximización del beneficio en lugar de la maximización del beneficio social, suponen la insostenibilidad del sistema económico y dificultan, gravemente, la integración social. Macron quiere modernizar la economía gala pero sobretodo hacerla sostenible, es decir, que siga existiendo como tal en su modo de prevalencia del estado de bienestar.

Desde el punto de vista económico, Francia es ineficiente. Y una de sus lacras es su enmarañada estructura administrativa y funcionarial. En una y otra, la digitalización y la simplificación de las administraciones públicas tiene que seguir la del ajuste consiguiente en el número y funcionalidad de los puestos de trabajo.

En España la cuestión de adaptar la estructura administrativa a las realidades del hoy aún no ha empezado. Y está visto que este gobierno popular es incapaz de alcanzar los consensos necesarios para ello; ha fracasado en Catalunya, o no, si es que busca que estalle el conflicto.

A España, por el contrario, le aporta más el sosiego, y le convienen nuevos aires. Nueva actitud. Es hora pues, y urgente, un cambio político que permita acometer estas cuestiones desde la seriedad, la complicidad y la responsabilidad económica, que no es otra que garantizar la viabilidad de la sociedad que hemos conformado y cuya calidad debemos comprometernos a preservar.