La reciente encuesta sobre intención de voto, publicada recientemente apunta a que España está percibiendo que Pedro Sánchez transmite un discurso renovador que vuelve a situar al PSOE como partido de alternativa de gobierno.
La unanimidad en la descalificación al ministro Montoro y el que no baje la imputación de relevantes cargos del PP, al contrario aumentan el número de investigados, hace cada vez más insostenibles los equilibrios de Ciudadanos para seguir siendo el sostén institucional del gobierno.
Albert Rivera se equivoca si piensa que ir al rebufo del PP le conseguirá votos para ser alternativa de gobierno porque, por mucho que su discurso sea parejo al de Macron que también se alinea con la liberal democracia, está a años luz del presidente galo en solvencia y trayectoria profesional. Véase mi artículo en Última Hora, de mañana 5 de julio.
De otro lado, la crisis en el PDeCat con el presidente Puigdemont, de su propio partido, abre la posibilidad de que el partido de los exconvergentes, cuyas expectativas de voto han caído en picado, pueda convertirse en el principal aliado del Estado para una solución política para Catalunya.
El primer paso sería evitar que el uno de octubre se conviertiera en un antes y un después. Para ello, resultaría conveniente que desde el Estado se estuviera desarrollando una iniciativa de comprensión y solución efectiva a las demandas de la mayoría de la sociedad catalana: los del sí a la independencia (45 a 49 por ciento) y los del sí a un referéndum (otro 22 al 30 por ciento)
Una iniciativa integradora, a menos de un cambio de actitud del PP, pasaría por una moción de censura encabezada por Pedro Sánchez, en septiembre, en la que el PSOE puede recabar el apoyo de principal de UnidosPodemos, con los nacionalistas e independentistas que se comprometerían a explorar la vía de una asociación federal. Los números saldrían: 85 PSOE; 71 UnidosPodemos y confluencias; 9 ERC; 8 DiLL y 5 PNV, total 178.
El compromiso directo, respecto a Catalunya, sería la reforma constitucional negociada inmediatamente (art. 167 CE) y la preparación de la reforma constitucional tras elecciones a convocarse en la primavera de 2018.
En esas elecciones, en cada C.A. para el Senado sería viable una coalición de progreso entre PSOE y Unidos.Podemos, pudiéndose desmontar la mayoría absoluta del PP en el Senado. Si en 26-J el PP consiguiera 131 senadores por 45 el PSOE, en coalición con Podemos, si cada elector votara lo mismo, el PP conseguiría 91, el 36 por ciento, por 94 la coalición de España en progreso PSOE-U.PODEMOS, dejando expedita la vía para la reforma constitucional.