Con motivo de los treinta años de la unificación alemana uno de sus artífices, el último canciller de la RDA Lothar de Maizière, decía, en una reciente entrevista en El País, que la historia a veces sucede con gran brusquedad. Ciertamente, en los últimos años se está produciendo un acelerón en el ritmo de la historia sucediéndose giros políticos repentinos, ahí están los Donald Trump y Boris Johnson, y cataclismos como el COVID-19, que cambian bruscamente el futuro de la globalización y la política internacional.

Aquí, en España, estalla el consenso constitucional con el Procés, la aparición de VOX y el auge del neofranquismo y, ahora, la enmascarada rebelión de Madrid. La presidenta Ayuso, buque insignia de Casado para conquistar la Moncloa, se enfrenta al gobierno de Sánchez para obligarle a tomar decisiones impopulares y tener, así, munición electoral con que deteriorar la Presidencia. Lo de Madrid es muy grave porque el descontrol de la infección puede terminar por hacer inútil los esfuerzos de las regiones limítrofes por parar la pandemia. Madrid es el botón de muestra de la pandemia en España y baremo para normalizar, o no, el tránsito de pasajeros.

Esta crisis madrileña, además de para visualizar el enfrentamiento político, está sirviendo para reflexionar sobre la especificidad económica de Madrid respecto del resto del Estado. Resulta que Madrid se ha convertido en la primera autonomía en producto interior bruto y residencia de las rentas más altas; gracias al efecto de capitalidad del Estado y a excepcionalidades fiscales de corte neoliberal que benefician a los más ricos.

A esto se refería el presidente valenciano Ximo Puig, en las Corts Valencianes, en alusión al último informe de IVIE (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas), argumentado que el «efecto capitalidad» ha convertido Madrid en una «gran aspiradora» que absorbe recursos, población, funcionarios estatales y redes de influencia del resto del país. De modo que Madrid puede permitirse dejar de ingresar 4.100 millones anuales con rebajas fiscales, un dumping fiscal que actúa de incentivo para la emigración fiscal de personas y empresas de la periferia hacia Madrid. Convirtiendo a la región en la de mayor nivel de renta por habitante, algo más de 35.000 euros. Un 36 por ciento por encima del promedio nacional y un 16 por ciento  más de la media europea. Pero a costa del incremento de la desigualdad social. Según el último informa FOESSA (octubre 2019), la Comunidad tiene un índice GINI (mide el grado de desigualdad) de 35 sobre 100 (máxima desigualdad), 1,80 puntos mayor que el del conjunto de España y 4,1 puntos por encima del de la Unión Europea.

Puig, en su discurso en las Corts Valencianes reclamaba una financiación más justa. Entre las autonomías de régimen común, Madrid se ha convertido en un generador de diferencias y desigualdades. De facto, su fiscalidad la convierte en una excepcionalidad comparable a los casos forales de Euskadi y Navarra, pero con una envergadura mucho mayor porque su efecto “aspiradora” comprende y descapitaliza en todo el territorio nacional.

En una entrevista en TVE-1, la presidenta madrileña reivindicaba la capitalidad de Madrid reclamando un trato diferente para la Comunidad, no sabemos si en la línea de una excepcionalidad de trato o con un estatuto especial. Lo de Madrid, como dice Puig, es un ‘procés’ invisible con un dumping fiscal generador de asimetrías, injusto y antipatriótico.

Madrid se ha convertido en una autonomía extensiva que absorbe claramente a las dos Castillas, Extremadura y quizás a Aragón; de modo que si tuviéramos que hacer el mapa de una España federal, sabemos que en el centro estaría La Meseta, con capital en Madrid, y organizada en provincias descentralizadas o autonómicas. Quizás se asemejaría el modelo vasco, con las Diputaciones Forales.