El caso de la nueva concejala de Ciudadanos en el ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Evelyn Alonso, aviva otra vez el transfuguismo y reabre el debate sobre la cualidad de la representación política y la disciplina de voto. Ciudadanos se ha apresurado a expulsarla del partido pero deja en el aire la discusión sobre legitimidades; sobre la libertad de criterio y la imposición de los partidos.

Si, en el mejor de los casos, no se trata de una compra de voluntades sino por una cuestión de conciencia ideológica de la concejala, entonces los votantes de la candidatura hubieran querido saber la posición de la señora Alonso; su compromiso respecto a su partido. Todo eso, al margen de la opinión que merezca que los partidos que se benefician, PP y Coalición Canaria, acepten ese voto personal y díscolo. Por cierto, quizás se estén alentando posiciones personalistas en otras instancias donde han estado chirriando las bisagras, como en la Comunidad de Madrid.

La confección de las listas, para el Congreso, en los parlamentos autonómicos y en los ayuntamientos siguen siendo cerradas, constituyendo una anomalía democrática limitando la capacidad de los electores, que no pueden elegir a sus candidatos concretos, teniendo que conformarse con el orden de salida que establece el líder de turno; afianzándose la jerarquía y el clientelismo. No es extraño, así, que se relacione a los políticos por su pugna por el poder más que por la defensa de soluciones a los problemas.

La Ley Electoral que data de enero de 1977, es preconstitucional, fue diseñada por los expertos de la Moncloa para asegurar que el partido de Adolfo Suárez ganara las elecciones generales de aquel año y, en una estrategia general, para fortalecer los partidos recién creados y a sus dirigentes, buscando liderazgos fuertes (que después se han convertido en los mayores obstáculos para la democratización interna de los partido políticos) y evitar que los electores tuvieran demasiado que decir; no fuera que estuvieran por más reformas que las permitidas.

Vemos que desde entonces la rigidez en los resultados electorales, hasta la irrupción de los nuevos partidos, ha sido la tónica del mapa electoral. La mayoría de gobierno depende del partido que consigue los votos de la España interior, extraordinariamente primada en su representatividad en el Senado y, menos exagerada en el Congreso, por su representación más acorde a la población pero, en ese caso, diezmada democráticamente por la imposibilidad de que los electores puedan personalizar su voto; y, por tanto, responsabilizar al político del cumplimiento o no de sus promesas: todo queda diluido en el liderazgo nacional, tan impersonal como difuso.

Probablemente sin listas cerradas no se hubieran producido las sucesivas repeticiones electorales exprés. Con la actual Ley Electoral las encuestas se mueven de un lado al otro sin salir del corsé de las últimas mayorías de estos cinco años porque los instrumentos electorales solo permiten movimientos pendulares, con poco recorrido, cediendo que las jerarquías de los partidos imponga su rigidez ideológica, no permitiendo cambios significativos en los perfiles de los candidatos. Solo si la ley obligara a candidaturas con inclusión de pluralidad, de matices ideológicos, y el votante pudiera elegir preferencia de voto, entonces, las elecciones dependerían más de las personas y, no tanto, de las imposiciones de los líderes.

A este respecto, cabe recordar que la Ley Electoral, como Ley Orgánica modificable por mayoría absoluta, podría ser reformada por la actual mayoría de gobierno, cosa que en mi opinión, debería impulsarse cuanto antes para separarla de las próximas convocatorias electorales; para que nadie quiera ver oscuras maniobras de remar a favor de nadie.

A propósito, acabo de lanzar una propuesta por change.org

http://chng.it/rxg7HMNc