Se ha aprobado el ingreso mínimo vital, una renta mínima que debería de asegurar que nadie quede en situación o riesgo de pobreza. Como es obvio, la medida no pretende sacar del mercado laboral a una población que coyunturalmente está fuera, o que estructuralmente no ha encajado en el sistema económico, sino que se trata de un colchón de emergencia mientras se reactiva la economía, primer escalón, y se trazan estrategias de integración socioeconómica, segundo paso, para aquellos que no han encontrado, aún, su sitio contributivo en la comunidad.
Para quienes perdieron su trabajo, y en especial en la economía sumergida inscrita en el Sistema, la renta mínima debería de suponer un respiro económico mientras se reorientan laboralmente; para el Estado, es la ocasión para testar con datos precisos la magnitud del problema, sin olvidar la bolsa inmigratoria.
El decreto que establece el ingreso mínimo vital se protege de posibles fraudes por parte de la inmigración ilegal previendo que los beneficiarios, sean unidades de convivencia que hayan vivido de forma independiente durante al menos los tres años anteriores a la solicitud,…aunque para solicitarla se exige solo una antigüedad de residencia de un año. (BOE, Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo). Y ahí está un riesgo de posible colador aunque se diga que se estará alerta, contra el fraude, precisando que se debe estar en situación de vulnerabilidad económica tanto en el momento de la presentación de la solicitud como de sus revisiones, y mantenerse al dictarse la resolución y durante el tiempo de la percepción de la prestación.
Hay conformidad en esta medida entre todos los partidos y consenso europeo y de las instituciones internacionales emblemáticas del capitalismo; hasta el banco mundial está por asegurar ese ingreso mínimo vital. Mientras, algunos teóricos del post capitalismo, el capitalismo adaptado a esa cuarta revolución (la inteligencia artificial y la domótica), yendo más allá prevén un ingreso permanente para aquellos sectores productivos que van a quedar fuera de la posibilidad de reinsertarse en el nuevo tejido económico.
El innovador Thomas Piketty, propone un ingreso de emancipación único, de 120.000 euros cuando se cumplan los 25 años, y de una renta mínima a sectores laborales que van a quedar fuera del mercado. (por obsolescencia productiva).
Volviendo al Decreto aprobado, dice: la cuantía de ese ingreso mínimo vital, vendrá determinada por la diferencia entre la cuantía de la renta garantizada… y el conjunto de todas las rentas e ingresos de la persona beneficiaria o de los miembros que componen esa unidad de convivencia.
De modo que se establece como un complemento a las rentas de la unidad familiar que ya perciba ingresos por otros conceptos. Y, siendo que la intencionalidad es garantizar, a través de la satisfacción de unas condiciones materiales mínimas, la participación plena de toda la ciudadanía en la vida social y económica…, el Decreto Contempla la promoción de estrategias de inclusión de las personas beneficiarias del ingreso mínimo vital, en coordinación con todas las administraciones involucradas.
Tiene, el Decreto, pues el propósito de facilitar el acceso a la reinserción productiva con actuaciones de política de empleo activas. Veremos cómo se orientan, y si son efectivas y no suponen disuasión en la búsqueda legal, no sumergida, de puestos de trabajo. Y, en todo caso, si estas ayudas se prolongaran, la administración debiera de planear ciertas compensaciones o empleos específicos para que esta renta no se dé gratis et amore.