Publicado en Última Hora, el 3/6/2020

Resulta chocante que particulares y colectivos, y partidos políticos, formulen denuncias contra los gestores de esta crisis sanitaria aduciendo dejación o mala praxis, u homicidio involuntario, por la forma en que se ha actuado. Parece que no se quiera ver que ésta ha sido una pandemia sobrevenida, inesperada e imprevisible, y que ha ido conociéndose en la medida en que se extendía, dejando perplejos a todos los gobiernos nacionales y, anteriormente, a las propias autoridades sanitarias europeas y mundiales, como la OMS.

En esa estrategia dirigida por la extrema derecha contra el gobierno, la crisis del coronavirus ha brindado la ocasión para que los de VOX excitaran a los suyos para que se movilizaran contra el gobierno con eslóganes como Libertad y Democracia, Stop feminazis, entre otros, porque según ellos, los sucesivos estados de alarma se imponían porque el gobierno, así, podría ejercer el poder con mayor facilidad sin tener que someterse a control parlamentario cosa que, por demás, es falsa.

Lo grave, y sorprendente, de las manifestaciones de la calle Núñez de Balboa, en pleno barrio de Salamanca (el barrio bien de Madrid, votantes del PP y de Vox), es que, en pleno estado de alarma, no solo se saltaron la ley que impedía las congregaciones de más de 10 personas, y mayormente, sin protección para evitar contagios, sino que mostró la pasividad o connivencia de la policía que debía de reprimir tales manifestaciones.

Algunos, en su descargo, alegaron que una intervención más contundente podría haber provocado conatos de violencia física entre policías y manifestantes, jubilados muchos de ellos, con resultados quizás más graves que esa pasividad o tolerancia que permitió que al final no se produjeran incidentes que reseñar.

Curiosamente, ese escenario se parece mucho al de la votación independentista del uno octubre en Catalunya. Los  Mossos alegaron, precisamente, que el bien mayor que había que preservar esa jornada era el de la convivencia, y que no se produjera violencia y, menos aún, daños o víctimas, y esa tesis, tan comprensible ahora cuando se evalúan el comportamiento policial ante esas manifestaciones de ultraderecha, no parecían aplicables en el caso catalán.

Y ¿cómo calificar la actitud del cesado coronel Diego Pérez de los Cobos, conocido por su afección con los del 23F? Como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, encargado de la investigación sobre la actuación del delegado del gobierno en la capital en esta crisis sanitaria, ha emitido un informe que, a la vista de las informaciones publicadas, parece un alegato acusatorio en lugar que un relato de hechos comprobados.

Según referencias de lo que ha trascendido, ese informe de 81 páginas, es un atestado con errores estrepitosos y falsedades que en su día se dijeron, y fueron desmentidos, con reproducción de documentos incompletos y sesgados para apuntar a la tesis acusatoria que se intenta demostrar, y con inclusión de declaraciones de testigos a los que se ha tergiversado sus declaraciones, según manifiestan.

Y he aquí, también, otro paralelismo con el informe-atestado que dio origen, y fue asumido textualmente por la Fiscalía, en el juicio contra los independentistas del Procés, también dirigido por el Coronel Pérez de los Cobos.

Ambos atestados fueron redactados, no solo con graves faltas de objetividad en la exposición de los hechos, sino incluyendo valoraciones de juicio de parte, con clara intención acusatoria. En 2017, queriendo ver violencia por parte del independentismo y, éste de ahora, queriendo ver negligencia o mala praxis por parte de la delegación del gobierno en Madrid que, según el informe, habría actuado a la ligera minusvalorando la gravedad de la pandemia.