En España el covid-19, socialmente, nos preocupaba poco hace un mes y medio cuando se suspendió el Mobile. Los casos de infección entre clientes de un hotel en la Gomera, el 31 de enero, se estaban resolviendo bien. Por mucho que se dé vueltas, esta crisis ha sido repentina e inesperada y la oposición, por mucho que bravee, no lo habría hecho mejor.
No se fue capaz de prever la dimensión de la crisis hasta bien entrada la pandemia, cuando por el gobierno regional de la Lombardía se confinaron las primeras poblaciones, el 21 de febrero. Aquí, en España, el centro de atención estaba en la alianza entre PP y Ciudadanos para las elecciones vascas y gallegas.
Unos días más tarde, el 25 de febrero, justo hace un mes, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid confirmaba del primer caso de coronavirus en Madrid, se trataba de un joven que había estado en la zona de Lombardía. Dos días más tarde, el 28 de febrero, se confirmaron cuatro más: una mujer en Barcelona, la esposa del médico italiano infectado en Tenerife y un hombre en Castellón de la Plana.
El 7 de marzo estallaba el brote en Vitoria. 67 infectados que habían asistido, dos semanas antes, a un funeral. Se trata de personas residentes en las localidades riojanas y en la provincia de Álava. En ese momento, de los 430 infectados en toda España, 174, el 40 por ciento, estaban en Madrid.
Hay que reconocer que en todo momento el gobierno informó de la evolución de la crisis con profusión y con recomendaciones de actuación aunque no fue capaz de transmitir la gravedad que se avecinaba en ese difícil equilibrio de prudencia, quizás por miedo escénico a críticas de la oposición, por exceso de alarmismo que provocara pánico social y económico. Un conocido economista, de cabecera televisivo, acusaba a Ada Colau de ideologismo anticapitalista y de querer el parón económico, porque pidiera parar la ciudad de Barcelona para prevenir contagios. Si el gobierno hubiera precipitado la situación de alarma la oposición no habría tenido remilgos en echarse al cuello del Presidente.
El ocho de marzo se celebraron las manifestaciones por los derechos de la mujer y contra la violencia de género. Quizás, con el grado de conocimiento científico que se tenía sobre la extensión de la pandemia, se podría haber suspendido la manifestación pero la escasa conciencia social sobre la gravedad de lo que cernía no habría sido entendido, ni seguido por la población con la conformidad de hoy. Solo después del notable incremento de infectados en dos días, y del estrepitoso hundimiento las bolsas el nueve de marzo, la sensibilidad social cambió.
Pero, ni aun así la crisis se percibía con la gravedad que es. Biel Company, en el pleno del Parlament del 10 de marzo, interpelaba sobre el aumento de sueldo para los funcionarios mientras dos miembros de VOX lo abandonaban por prevención. Se estaba en otra cosa.
El once de marzo el número de infectados en Madrid era de 1.388 (el 46 por ciento del total nacional, 3.004), y la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso afirmaba en tono amenazante: “Madrid no se va a cerrar, o por lo menos no por orden del Gobierno Regional”. Ante la evidencia de que Madrid era el foco principal de la pandemia hubiera sidoo de lógica confinar la capital, como hicieran Lombardía y otras regiones respecto del resto de Italia, y como reclamara Torra para Catalunya, pero en el ánimo del Gobierno, que ya disponía de datos estadísticos y proyecciones de la pandemia, ya estaba la declaración del Estado de Alama que se anunció el 14 de marzo y que entró en vigor el domingo 15 hasta, si el Congreso lo aprueba, el 11 de abril.
A los datos de hoy, es probable que el foco de Madrid sea el responsable de la extensión del virus a las dos Castillas y a incrementar la pandemia en Valencia y a Andalucía, y queda por ver si intensificó el de otras regiones.