El éxito del gobierno Sánchez estará en su capacidad para sorprender con medidas audaces, y en su solvencia para implementarlas a corto plazo, sin dejar que la oposición empañe los debates y los enmarañe, atrincherándose en el búnker judicial.

Si de algo debe de haber servido la etapa Rajoy es para haber constatado que dejar que los problemas se resuelven con el tiempo, por impotencia o desesperación de quienes los plantean, no solo no los desactiva sino que los pudre con resultados fustrantes. El caso de Catalunya es paradigmático.

Y eso lo ha aprendido muy bien Aznar, que mesura manifestarse urbi et orbi para marcar de cerca a Casado, y no permitir que el patio político se serene: cuanto más bronca que tape la racionalidad, más ganancia para titulares irritantes y provocadores que entorpezcan la construcción de soluciones.  Aznar sabe que su legado ideológico está en el éxito político de su pupilo.

Y para ello necesita hacer casus belli de cada una de las cuestiones que el gobierno de Sánchez plantee esperando que una parte de la sociedad española, básicamente desinformada e influenciable, se dejará llevar por las grandes proclamas maximalistas: la España de las grandes epopeyas o de la religión, cuando se entre en la ley de eutanasia; y allí estará el PP para rescatar a los españoles y devolverlos al redil de la disciplina y la conformidad.

No es extraño, pues, que la operación salvaje de desgaste contra Sánchez empezara desde la misma investidura tachándole de ilegítimo, y continuará a cada una de las propuestas que Sánchez lleve adelante sin el acuerdo con los populares. Acuerdo imposible, por otra parte, porque el partido popular bebe de las esencias intelectuales de quienes justifican el golpe militar de Franco y reivindican, o descafeínan, su dictadura. El PP actual, el de Casado que es quien manda hasta que se defenestre o no, es el partido de la España que se enorgullece, sin nombrarlo, de la herencia social del franquismo y que  VOX ensalza poniéndole la tilde sobre la eñe.

Los asesores del Presidente ya parecen haber comprendido que no hay que esperar diálogo con la oposición, por lo que no tiene sentido marear la perdiz si, al final, habrá que cocinarla solo con los votos de la mayoría de gobierno. Y eso, no sé si será bueno, pero es inevitable. Si se quieren adoptar medidas legislativas que hagan avanzar a esta España anclada en leyes ideológicamente amparadas en su pasado autoritario, habrá que pasar por encima de encontronazos y, como se hizo con la exhumación de Franco, dejar en la cuneta a los de el valle no se toca, que eran de Vox, y a muchos del PP,  que pensaban lo mismo con otro eslogan.

El gobierno se ha puesto a trabajar en lo más duro, la reforma del código penal para evitar que se repitan sonrojos como los las manadas o del Procés, y los correctivos por parte de la justicia europea. Una sociedad democrática tiene que tener su reflejo en las leyes, la penal y las que afectan a la médula del sistema político, sea la ley electoral o la propia Constitución, que deben modificarse con arreglo a las nuevas demandas de una sociedad que quiere enfoques democráticos y una mayor  transparencia y participación en la gobernanza del estado. Urgencias ninguneadas por los tres partidos de la derecha que se asientan en la negación de que para fortalecer a España se requiere un cambio fundamental.

España necesita acometer trasformaciones y audacias que solo con determinación, y rapidez en su implementación, podrán saldarse sin demasiado desgaste para el gobierno y con éxito, si se tiene tiempo para ver los resultados.