La tormenta perfecta del primer mes de gobierno

El gobierno de coalición se ha estrenado con una medida social, el aumento del salario mínimo, y con otra de índole institucional, la elección de la ex ministra de justicia, Dolores Delgado, como fiscal general.

Sobre la primera, la oposición neoconservadora, conociendo los entresijos culturalmente neo franquista, no ha podido sacar la batalla a la calle porque se ha tomado con el acuerdo entre las partes y, en puro oportunismo, se ha apuntado al acuerdo. De la segunda, debo de estar de acuerdo en lo poco estética de la decisión. Sin embargo, la honorabilidad y profesionalidad de la fiscal elegida, solvente en capacidad y trayectoria, y escrupulosa en el respecto por quienes están en las antípodas de su pensamiento político, para muestra el cómo se sacó a Franco de su mausoleo, la hacen aún más digna para estar al frente del ministerio fiscal.

Mientras la oposición dimite de sí misma y se ubica en la obstrucción, el equipo de gobierno se echa el país a sus espaldas para acometer transformaciones centradas en España como valor político, por encima de los intereses de esa derecha “amb tres forques”, que manipula el lenguaje y los conceptos para perpetuar su idea de España una, uniformada, y excluyente.

Con la apertura del dialogo político con el independentismo, y el alejamiento de judialización, el presidente Sánchez da muestras efectivas de entender qué es España, por encima de esa particular visión jacobina, a la francesa, que quiere imponerse desde la tradición del liberalismo doctrinario del siglo XIX. Conservadores y liberales coincidían, como también hoy: una España homogénea, una nación, un estado, una corona; luego Primo de Rivera y Franco, elevaron eso a la categoría de destino universal.

Ahora, después de cuarenta y dos años de aquella Transición reconocidamente amañada con el franquismo para evitar males mayores, España necesita reconciliarse con la realidad del país; que es ideológicamente plural, y territorialmente también.

España es un estado plurinacional y las naciones que quieren un reconocimiento político deben de poder acceder a él. Catalunya es una nación y debe ser tratada como tal y eso en la ciencia política se traduce en federalismo: Constitución o Estatuto federal. No sé cuántas otras comunidades autónomas se auto consideran naciones, sin duda los vascos. Los gallegos, ¿se consideran nación y no son capaces de superar su fidelidad al PP?

Pero el acoso y derribo que impulsa la oposición, ya van comprendiendo que por ahí se estrellan, adquiere magnitud de histrionismo con la pretensión del pin parental por el que los padres, que para la derecha son propietarios de los hijos, puedan seleccionar los contenidos de enseñanza.

La escuela tiene el valor inconmensurable de aportar racionalidad, ciencia, a creencias y prácticas culturalmente ancladas en el pasado.

Me asusta que los padres puedan imponer su visión de cómo afrontar los desafíos del siglo: el cambio climático o los nuevos cambios tecnológicos, y también que pretendan controlar la educación religiosa sin asomo de crítica. Esos que ahora se revuelven porque se quiera tender a la escuela laica, es decir, sin clases de religión, olvidan que de persistir en la religión en la escuela abrirían la puerta al judaísmo, al islam y otras, y a las múltiples iglesias cristianas. De ahí solo saldría mayor división e intolerancia.

Y para ponérselo más difícil al gobierno, la oposición incontenible en exabruptos  pretende que se vocee a todo viento los dímes y diretes de la política exterior: Venezuela o el desafío de Marruecos. El presidente, ahí, haría bien en seguir la costumbre del Aznar presidente: hacer, y a la chita callando. Y España irá a mejor.

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