Por fin salimos de la incertidumbre y vamos a tener un gobierno de coalición progresista, PSOE con Unidas-Podemos con los nacionalistas vascos, otros, y la abstención de los 13 diputados de Esquerra Republicana de Catalunya.

Este gobierno de colación progresista no solo era necesario por la aritmética parlamentaria, entre partidos que comparten ideología socialista y la visión de una España plurinacional, sino también porque es la única opción de gobierno capaz de encontrar una vía de acuerdo entre las realidades polítiques de Catalunya y España.

Quiérase ver o no, Catalunya y España constituyen un mismo estado pero políticamente están en las antípodas. Porque no solo está el independentismo, que querría romper con el Estado, sino también ese otro treinta por ciento, los de Catalunya en Comú, i otros, que no tienen aún voz política, que sociológicamente piensan y siente de modo distinto al resto del Estado, si se exceptúa Euskadi. Resumiendo, y a tenor de las succesivas convocatorias electorales, solo un 20 por ciento de los catalanes compartirían los patrones ideológicos y culturales del general de los españoles.
En esquema, volvemos al momento de la Transición donde solo en Catalunya y Euskadi había organizaciones sólidas de oposición antifranquista y, como propuesta de futuro, creían en la democracia parlamentaria y en sus propia entidad nacional. Unos desde la aspiración a la independencia de España y otros desde una asociación federal.
La Constitución, por catalanes y vascos, proyectó el Estado autonómico e incluyó el término nacionalidades, muy a pesar de la derecha franquista, reciclado loable de Fraga para evitar mayores riesgos, y esa derecha liberal doctrinaria, que aspiraba a reproducir el turno político de la restauración alfonsina. Que tanto daño hizo al país porque, en lugar de promover y facilitar la formación política de ciudadanos, contribuyó a consolidar los grupos de poder alrededor de los parabienes de la Corte, y el caciquismo local.
Este gobierno, por mal que los números ni siquiera salen para impulsar grandes reformas estructurales, necesariamente tocando la Constitución, permite acometer, sin embargo, el debate político sobre temas que hasta ahora se habían eludido al no afectar a la esencialidad de las instituciones. Los prolegómernos y la nefasta, y desde mi punto de vista penalmente imputable, gestión de los gobiernos de Rajoy, han puesto al Estado al límite de su justificación política y el resultado, sin duda, está por conocerse. Hay recorrido por delante.
La causa general de Cataluña, que eso ha sido el juicio del Procés, aceptando sin sombra de duda los atestados de la policia como prueba imparcial, negándose a las defensas una peritación imparcial sobre qué se puede entender por violencia habitual en toda manifestación de protesta, ¿Cómo se calificaría a los «chalecos amarillos» en Francia, de asalto a la República?
Este gobierno va a poner las bases de un acuerdo futuro que permita una relación suficientemente satisfactoria para las dos partes y con voluntad de permanencia en el tiempo. La oposición obstruccionista y uniforme, Ciudadanos, PP o Vox, facilita esa posibilidad porque su dureza de entendimiento los sitúa en el no a todo aquello que no sea continuar con el frentismo y la judicialización.