Desde esta columna siempre pretendo aportar análisis y reflexiones políticas proactivas, en la convicción de que solo con buenas decisiones se contribuye sólidamente a la convivencia. Y desde hace 10 años mis artículos, en buena parte, se han ocupado de Catalunya y de su desafección de España, y del independentismo. Y del PP, que ha actuado mal y de manera sectaria en el tema catalán; más como guardián ideológico del pasado que con responsabilidad de Estado. Cuando dos millones de catalanes quieren la independencia el asunto es político, no de orden público. En el PP, esto solo lo ha visto el candidato García-Margallo.

7 candidatos

El PP ha sido incapaz de adaptarse a la nueva realidad española, más ocupado en eludir sus responsabilidades en la corrupción (dos sentencias dixit) y en imponer su visión ideológica de la España nacional y uniforme, que en gobernar en el interés de España. Debería saber el PP que reconocer la evidencia de que España es plurinacional, o el Estado federal, no es ir contra la unidad del Estado. Ahí están Suiza o Alemania.

Tras las infaustas legislaturas de oposición de Rajoy, prendiendo la chispa anticatalana con la campaña contra el cava y la recogida de firmas contra el Estatuto, y tras la elección de Bauzá como presidente regional, en plena crisis tras la dimisión de Matas, me afilié al PP en junio de 2010. Entré, se lo dije a todos los que quisieron escuchar, con la firme voluntad e intención confesa de contribuir a que el PP encontrara su ubicación en el centro político apartándose, con claridad, de quienes beben ideológicamente del pasado y de los doctrinarios de una derecha conservadora y confesional, católica y opusdeista en buena parte, rendida a los parabienes de la economía neoliberal que hunde el tejido económico local y fuerza los flujos migratorios.

Y desde que estalló el conflicto de Catalunya, desde mis convicciones federalistas, he tratado de contribuir al debate territorial aportando vías de solución aceptables por las partes; viables constitucionalmente y desactivadoras e implementables en menos de un año, en seis meses se redactó la Constitución. Pero cualquier reforma constitucional, deseable para poder llegar a las próximas elecciones con la cuestión de Catalunya encauzada, como se hiciera con la modificación del artículo 135 requiere del concurso y la altura de miras del partido popular.

Y ahí está la llamada a enmendar los errores pasados. El nuevo presidente popular no puede seguir la política del encontronazo como hasta ahora, tiene que afrontar una reforma sustancial del PP. Y, entre tanto, facilitar al nuevo gobierno de Sánchez la aritmética para una salida política viable, constitucional por supuesto, a la crisis catalana. En esto, si Pedro Sánchez está obligado a dar el máximo de su calidad negociadora el PP, por su parte, se pondrá a prueba en su capacidad de llegar a acuerdos de Estado y  reivindicarse como partido de gobierno.

A la militancia popular, llamada a las urnas, corresponde asumir su responsabilidad, liberándose de compromisos y afectos personales, para decidir con cabeza de Estado y eso es importante no solo por el bien del País, sino también de cara al rédito electoral. El electorado popular que vota, las más de las veces, con pragmatismo valorando estabilidad y capacidad de gestión, solo así se explica la tolerancia que ha tenido con la corrupción, volverá a actuar con el mismo criterio en las próximas elecciones, donde la cuestión de Catalunya será relevante y el plus que influirá en el centro político que da las mayorías de gobierno.