Sobre el Ayuntamiento de Palma

Antes de entrar en materia, un comentario sobre el gobierno municipal de Palma. Hace unos días, Ciudadanos ponía el énfasis en la incapacidad del ayuntamiento de Palma para tomar decisiones de política y de gestión; como licitar y ejecutar obras públicas que ya cuentan con la necesaria liquidez presupuestaria. En la misma línea, el PP destacaba la irresponsabilidad social de un gobierno municipal que al solicitar al Consell la prórroga, hasta 2021, de la ejecución de 42 millones de euros de remanente de 2017, retrasará sine die inversiones en políticas efectivas de vivienda, servicios sociales, infraestructuras o mejora en los servicios públicos.

En gestión política, el gobierno de Palma afronta con torpeza el alquiler turístico. Lo prohíbe de un plumazo en inmuebles plurifamiliares pretendiendo que, milagrosamente, se resuelva un problema que solo se podrá encauzar desde el pragmatismo, seguridad jurídica y severas inspecciones. Pero en el día a día, lo que los ciudadanos sufrimos a diario es el calvario de un muy deficiente estado del asfaltado de vías principales, como el paseo Marítimo, Joan Miró, Aragón,  etc., o en calles vecinales céntricas o periféricas, como los alrededores de la Fundación Miró, Juan de Saridakis, Jaume Juan, etc. ¿Qué pasaría si reclamáramos al Ayuntamiento, por negligencia, y pasáramos factura de las reparaciones de taller causadas por los baches?

Trincheras ideológicas

El tema de ahora en todos los medios es la escandalosa, por muy benévola, sentencia contra los integrantes de La Manada, que pone en el candelero la tibieza de algunas leyes, que hay que revisar pero también, y es lo más grave, que los perfiles ideológicos se cuelan decisivamente en los veredictos judiciales.

Al final de la Transición los que estábamos allí, salvados de la posterior presión mediática y de políticos que nos imponen el discurso de lo correcto, teníamos la impresión de que en aras del consenso, aceptábamos una estafa institucional. Cambiaban las estructuras de gobierno, las propiamente instituciones políticas; la declaración formal de derechos se homologaba con las de los estados democráticos, pero quedaba intacta la segunda trinchera institucional: los paradigmas culturales, la mentalidad, que adquiere especial importancia cuando de ésa dependen valoraciones técnicas, políticas o decisiones judiciales.

Nos acordábamos de aquella frase “todo ha quedado atado y bien atado”, pronunciada por Franco en su discurso de Navidad de 1969, refiriéndose a que la continuidad del Régimen estaba garantizada con Juan Carlos como su sucesor. Juan Carlos fue rey impulsando el cambio de régimen sistema político de una dictadura, se autonombrada democracia orgánica (tan extravagante como lo de democracia popular de las dictaduras comunistas) pero el poso cultural e ideológico, de formación educativa bajo el franquismo, permaneció intocado y protegido por la

El fallo de la sentencia en el juicio de la manada trasluce literalmente la mentalidad de quienes la redactaron, con el caso especial de quien no vio delito considerando, por lo visto, que ante un intento de violación la víctima o se defiende a ultranza, exponiéndose con toda probabilidad a peores consecuencias, hasta a ser asesinada, o es que ha consentido. El mismo razonamiento, podría aplicaría a otras cuestiones que por contar con un menor predicamento social pasan desapercibidas. Es el caso de las lecturas tendenciosas de leyes restrictivas de los derechos de la libertad de expresión, como la sentencia contra el rapero Valtònyc. O decisiones judiciales que mantienen en prisión a políticos y civiles como a los independentistas los jordis; organizar manifestaciones de protesta no es un delito.

Detrás de esas decisiones judiciales no están los artículos de la Constitución o del Código Penal, suficientemente interpretativos, está la discrecionalidad y opinión de jueces y fiscales que, en el mejor de los casos, deciden en conciencia desde la intimidad de su bagaje cultural; indefectiblemente ideologizado por su educación y mentalidad.