Y la madeja se enreda más

La detención de Puigdemont por la policía alemana a las puertas de la Semana Santa, brinda efemérides que están en la memoria: la detención de Santiago Carrillo, en diciembre de 1976, que desembocó en las negociaciones de Sábado Santo del año siguiente y la legalización del partido comunista, y la entrega por la Gestapo, en colaboración con las autoridades francesas, de Lluís Companys a los sublevados del General Franco que, tras juicio sumarísimo de un día, lo fusilaron.

Con el tiempo, tanto Alemania como Francia pidieron perdón. Alemania, implícitamente, en 1970 concediendo una indemnización mensual a la viuda de Companys, y en 1990, cuando el Helmut Kohl pidió perdón ante la Generalitat. François Miterrand, en nombre de Francia hizo lo propio ese mismo año. Estaba reciente el derribo del muro de Berlín y se abría una década de incertidumbres en las que parecía iba a reverdecer la concordia.

 

Aquí, el gobierno de Zapatero hizo un gesto simbólico en 2004 poniendo una corona de flores en la tumba del expresident. Los del PP, sin embargo, acunados por los hijos políticos del franquismo, siguen sin desmarcarse de toda aquella tragedia justificando el golpe de estado que llevó a tres años de guerra civil.

Entrar en la Unión Europea nos vacunó contra nuevos salvadores de la patria, pero no contra autoritarios que quieren acomodar el país a su ideología. España ha entrado en involución, tanto ideológica como política, confundiendo los deseos de la minoría social que nos gobierna con lo que necesita el bien común del país.

 

La detención de Puigdemont suscita reflexiones en la prensa germana que publicaba anteayer La Vanguardia. Vale la pena algunas reseñas.

El Süddeustch Zeitung (Munich): “Ahora pasa algo con lo que Europa no había contado antes. El derecho penal se redescubre como un medio empleado de mala manera para la persecución de opositores políticos… el poder judicial alemán debe tener cuidado por razones históricas cuando se trata de presuntos delincuentes políticos. La protección de los derechos humanos contra la persecución no puede sacrificarse por el reconocimiento mutuo (entre Estados europeos)”.

Berliner Zeitung (Berlin) “Puigdemont es un rebelde en el sentido político de la palabra, pero no en la significación penal. No ha organizado un levantamiento violento, no se ha previsto ninguna acción militar, que ha provocado una guerra civil. El juez Llarena intenta en su acusación demostrar lo contrario. Acusa a los separatistas de aceptar la fuerza como una indicación del asedio del Ministerio de Asuntos Económicos de Catalunya el 20 de septiembre.El hecho de que la protesta vaya en aumento hace que sus organizadores no sean todavía traidores. Las decisiones legales son siempre discutibles. Pero un estado constitucional que funciona bien también se caracteriza por su serenidad. Y esa la ha perdido el juez Llarena”.

Der Spiegel (Hamburgo): “Puigdemont no es un traidor, sino un político elegido democráticamente. Quería hacer cumplir los intereses de sus electores por medios políticos. Sí, quizás con la ayuda del dinero de los contribuyentes, pero siempre sin violencia física. Por lo tanto, las autoridades judiciales alemanas podrían decidir en caso de duda para el acusado.

Los responsables políticos de Berlín deben asumir la responsabilidad. Ayudando a encontrar un compromiso político: una mayor autonomía para Catalunya, como tienen los vascos. Ángela Merkel se ha mantenido al margen, desde el domingo, Alemania está en el medio”.

 

Una reflexión al hilo:

La saña con que el juez Llanera actúa contra el “procès” devela la rigidez de su ideología jurídica, de las ideas y valores que sustentan su sistema del derecho. Jurista de vocación, considera el derecho, y la aplicación de las leyes, en su acepción más literal y estricta, insensible a eso que se llama derecho natural y filosofía del derecho. El derecho va más allá de una  ley escrita que no tiene por qué ser justa siempre que sea una convención consensuada por las partes. La Constitución, acordada por consenso bajo la presión del franquismo, fue votada como mal menor.

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