El partido popular está dilapidando su capital político a marchas forzadas. Por la corrupción y por su deshonestidad cuando fuerza decisiones judiciales en su beneficio. En los temas de corrupción la fiscalía, que depende del Ministro, no cumple con su obligación de personarse ante cualquier presunción de delito, como es la ocultación de pruebas en el caso del borrado de los ordenadores de Bárcenas. En cambio, extrema el celo y actúa como pezonera ideológica de la derecha más rancia y retrógrada, cuando fuerza a interpretaciones, dudosas en estricto derecho, en cuestiones jurídicas que son de naturaleza política.

El presidente Rajoy, delfín de Aznar para volver del revés la España social y autonomista de González, focalizó en Catalunya la reacción centralizadora que ya llevaba en su programa Alianza Popular, impulsando el recurso contra el Estatuto de 2006, y abusó de su mayoría absoluta para aprobar leyes restrictivas de las libertades de manifestación y opinión, no pudiendo ir más allá en otros, como en el aborto, porque ni en sus propias filas habrían tragado. Utilizó, durante la crisis, el pánico a una hecatombe indescriptible para retroceder en derechos sociales y liberalizar tanto el mercado laboral que ahora se puede estar activo laboralmente con jornada completa y seguir en la exclusión social.

Pero siendo todo eso muy grave, Rajoy, o lo que es lo mismo, la cúpula de Génova, es el responsable de la fractura política en Catalunya. Cuando en una comunidad la mitad de la población quiere irse del Estado, en el que ha permanecido durante siglos, es que existe un problema de índole política y el responsable del Estado debe de aportar soluciones políticas. El presidente Rajoy ha sido, es, negligente. Y si el gobierno del Estado hace mal su trabajo y no sabe solucionar problemas políticos ¿cuál tiene que ser su responsabilidad y de qué naturaleza la pena? A un gobierno de Estado, que lejos de procurar la convivencia y bienestar de todos sus ciudadanos es causa y provocador de fractura en una parte, Catalunya, debiera aplicársele la misma receta que pide para los secesionistas de la DUI; elevadas  multas y la instrucción penal.

Decía en la anterior colaboración, Ultima Hora (17-ene) que, a pesar de todo, el presidente Rajoy todavía tiene tiempo, valiéndose de su mayoría absoluta en el Senado, para proponer una solución viable, de tipo federal (totalmente constitucional), para Catalunya, y volver a la concordia territorial. Pero cada vez que Rajoy abre la boca más se radicaliza el electorado y lo que queda del Centro se va. Dudo que le quede sensibilidad, o a Soraya Santamaría que parece su mentora, para que en el próximo cambio de gobierno se calibre un pacto de Estado con la Catalunya que ha ganado las elecciones; pero bien estaría llamar ya al presidente gallego Alberto Núñez-Feijóo a la política nacional, quizás como ministro de Administración Territorial.

El PP nacional parece resignado a disputarse, y a perder, frente a Ciudadanos la herencia de ese liberalismo nacional, centralista y anti regionalista que enmarcó la España del siglo diecinueve y primer tercio del veinte.

Pero en Baleares, y a pesar de la encuesta del domingo publica en Ultima Hora, el PP de Company se adivina con fuste para tomar entidad propia a poco que apueste por un discurso propio, y crítico si es preciso con el oficialista de Moncloa, no sea que tomé el camino del PP de Catalunya. Hoy por hoy, sabido es que el sector pepero de los de JR Bauzá y Aina Aguiló, y otros, ya han entrado en las cuentas electorales del partido naranja.