Felipe, rey, se pierde

Instaurada por Franco y restaurada por la Constitución, la Monarquía como institución renunció a la autonomía e iniciativa política de que había dispuesto en otras etapas constitucionales. Adoptando el modelo británico: el rey reina pero no gobierna, se limita a respaldar al gobierno de turno.

En este discurso de Navidad el Rey ha vuelto a desperdiciar otra ocasión para llamar al diálogo, por el contrario ha habido  advertencias  más que seducir amenaza. Solo una leve y esperanzadora palabra la Constitución debería actualizarse. ¿Para qué? Para reconocer la realidad electoral e histórica de Catalunya como ente nacional? ¿o para que la Princesa de  Asturias pueda llegar a reinar?

Al día siguiente de su proclamación se dirigí una carta abierta:

Felipe VI tendrá que formular un nuevo pacto  social.

19 JUNIO, 2014

Felicito al nuevo Rey Felipe y le deseo acierto en encontrar su papel por el bien del país. En esta España sin monárquicos, y de corazón republicana, la monarquía tendrá que validar su legitimidad histórica asumiendo un papel institucional propio, más allá de la representación totémica del Estado, de la que algunos quisieran no se apartara. Su padre Juan Carlos, legalmente elegido rey para continuar con el régimen anterior, se legitimó ante la sociedad cuando aportó un plus de compromiso personal, impulsando el cambio político, democracia parlamentaria y un sistema autonómico que buscaba, y eso es así, integrar a Catalunya y Euskadi principalmente, en un proyecto de España sólido y de futuro.

Felipe VI arranca su reinado también con esa doble dificultad, en eso no tiene nada que envidiar a las dificultades de su padre: legitimizarse socialmente, impulsando reformas que constitucionalmente no dependen de Él pero que la sociedad española reclama, y ganar credibilidad para su reinado, estabilizando la monarquía como forma  de Estado. Para una y otra tendrá, tendrá que asumir algunos riesgos de prestigio que no serían  necesarios en otras monarquías. La española no es otra monarquía europea sino impuesta por un dictador, aunque colectivamente aceptada como mal menor bajo el miedo, nada fantasioso, del caos institucional; recuérdense los intentos involucionistas: atentados de la calle Atocha, operación Galaxia, el Golpe del 23F, hechos que parecen lejanos, pero que podría reproducirse con los mismos mimbres, si alguien tensara al máximo la situación política sin salida de continuidad.

El Rey inicia su reinado con los mejores parabienes personales y con la sabiduría del conocimiento del País, sin olvidar el muy estimable mentoring de su padre don Juan Carlos. Del porqué la abdicación ahora, caben respuestas interesadas y el Rey tendrá la suya de peso, pero al analista no se le escapa la coincidencia del porqué el enuncio de la abdicación se produjo en plena resaca postelectoral. El vuelco al sistema de partidos, que había funcionado desde la Transición, y, en Catalunya, el refuerzo del soberanismo, habrían convencido al rey de la necesidad de adaptar la constitución a las exigencias y necesidades de hoy. Y ante la cerrazón, en banda, de un presidente de gobierno reformista que no quiere oír hablar de reformar la constitución, no habrían dejado otra salida que la abdicación. El Rey Juan Carlos no habría tenido otra manera de marcar su posición que provocando el cambio desde arriba, pasando el testigo a su hijo para que éste, “emprenda con determinación las transformaciones y reformas que la coyuntura actual está demandando”. El joven rey, sin duda, habrá tomado nota.

La necesaria reforma constitucional tendrá que abordar tres cuestiones esenciales: Modelo territorial, sistema de partidos y electoral, y democracia participativa. El modelo territorial que tenemos ha resultado ineficiente,  y, además, se muestra incapaz para conciliar a Catalunya y Euskadi en la nación española plurinacional, objetivo último del desarrollo autonómico. El sistema de partidos endogámico y descontrolado, mimado por un sistema electoral ad hoc, ha dado como resultado partidos que han actuado mirando el interés ideológico privativo, en lugar de buscar el interés general, posibilitando la corrupción generalizada; dando al traste con la presunción de honestidad de los partidos: esa mancha de sospecha resulta insoportable para dar otra oportunidad, sin más, a un sistema de partidos dañado de raíz y que sólo puede aspirar a una refundación desde los cimientos. Y, en tercero lugar, una reforma constitucional tiene que dar respuesta a la demanda social de mayor implicación entre política y ciudadanía; tiene que establecer nuevos cauces de participación política, mecanismos de la llamada democracia participativa, para que la sociedad sea consultada más allá de los referendos que constituyen las convocatorias electorales.

 

El Rey Felipe asume su reinado con éstas, y otras, cuestiones en su portafolio sabiendo que, como sabemos sin competencia en materia política, su aceptación y respaldo institucional y popular, dependerá de su habilidad para dar respuesta positiva a estas cuestiones medulares en política nacional; tendrá que buscar la querencia de la sociedad, sus instituciones civiles, y en aquella clase política que esté dispuesta a estar a la altura de la historia, como estuvo la nomenclatura franquista cuando votó la Ley de Reforma Política.

La reforma constitucional deseable y posible, podría realizarse en menos de seis meses, por el artículo 167, haría posible introducir una nueva tipología de comunidades autónomas, de régimen federal, posibilitando un estatus federal inmediato para Catalunya y, extensible a otras comunidades y regiones que, según alcanzaran parámetros de masa crítica suficiente y viabilidad,  podrían acceder también al estatus federal.

Dar una respuesta positiva e integradora a los desafíos de desafección, no solo territorial, sino también política, social y de convivencia, está al alcance de la clase política que tiene la obligación, como gerente del Estado, de dar la oportunidad a Felipe VI para que impulse esa adecuación institucional. Y si se hace así, la monarquía se habrá validado y, a medio plazo, el rey podría, y debería para cerrar el tema de legitimidad, someterse a la voluntad de un referéndum con todas las garantías para su validación. Pero, si la política sigue enroscada en su ombligo, entonces habrá que preguntarse a qué oscuros intereses sirve, y estaremos ante la legítima exigencia de una refundación del Estado con implicaciones imprevisibles.

 

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