El Presidente Rajoy ha ignorado, ninguneado, se ha mofado y ahora cerca judicialmente al independentismo, y al soberanismo, en un todo revuelto con acciones policiales buscando la marcha atrás incondicional del gobierno catalán. Se trata de obligar a una rendición en el término militar de la palabra, para regocijo de Ciudadanos y los parabienes, ¿cómo no? de reductos culturales del neofranquismo, que renace.

Dejando para el aquelarre final la suspensión política, la detención de los cargos políticos independentistas o de todo Parlament que impulsa el referéndum, la Fiscalía se concentra en detener e imputar, por vía penal, el soporte civil que está a favor de la Consulta; y lo hace con atropello a los derechos de los imputados e indefensión (al negarles copia de  los atestados policiales y de la declaraciones hechas ante el juez, imposibilitando escritos de defensa) y con imposición amenazadora de multas cuantiosas. Multas de doce mil euros diarios pesaban sobre cada miembro de la sindicatura, que tenía la responsabilidad de velar por la limpieza de la convocatoria del uno de octubre, si no se disolvía en veinticuatro horas.

La intimidatoria presencia de guardias civiles y policía nacional traídos desde otras partes de España, y alojados en tres cruceros en el puerto de Barcelona, pretendían y han conseguido hacer inviable el referéndum, amedrentando a la población con acusación penal; no se olvide que sigue vigente la ley mordaza y la arbitrariedad de las multas por desobediencia. Como se ha dicho en alguna declaración, el gobierno del Estado amenaza con arruinar la vida a las personas que se movilicen para votar.

Bien es cierto que el president Puigdemont se ha tirado al monte, proponiendo una solución extrema que solo sería útil en condiciones de acuerdo político pero, también, es cierto que la intolerancia y el autoritarismo de Rajoy y de todo el PP, en eso no han habido matices en ninguna de sus delegaciones regionales, ha empujado al nacionalismo moderado hacia el independentismo. Y que la habilidad del partido antisistema, revolucionario, la CUP ha sabido poner titulares a cada desplante de la presidencia de Rajoy que, torpemente, ha sido generoso en despropósitos.

Hasta este enero habría sido posible, sin embargo, aproximarse a un acuerdo. Para empezar, hubiera bastado con que en el congreso nacional del PP se hubiera incorporado el término nacionalidades en su ponencia ideológica; cuestión que no hubiera sido incongruencia ya que está en la Constitución y el PP se autodefine como partido conservador de las esencias constitucionales. Pero fue imposible porque la ideología que sostiene al PP es más la Alianza Popular, de los posfranquistas reconvertidos en demócratas, que el centrismo que pretendían impulsar los Herrero de Miñón y Josep Piqué.

A estas alturas, el referéndum no se puede realizar en condiciones de normalidad. El Estado ha conseguido su objetivo. Y ahora está en la mano del president Puigdemont reconducir la situación o provocar la ruptura institucional con el artículo 155. La cordura exige una respuesta creativa que reconduzca el proceso, del independentismo a un soberanismo con firmezas, sin duda, pero con voluntad integradora; posibilitando un nuevo acuerdo constitucional que pueda ser respaldado por el arco parlamentario español.

El PDeCat tiene la responsabilidad de tomar iniciativa y buscar los apoyos parlamentarios tanto en el Parlament, probablemente con los de Colau y el PSC, como en el parlamento español con los socialistas, Podemos y el PNV.