Mariano Rajoy fracasa en su primer intento de investidura. No se ha dado cuenta, y tampoco Ciudadanos que ha renunciado a exigir reformas de calado como la desaparición de las diputaciones y la redefinición del Senado, que tras la desestructuración socioeconómica que nos deja la crisis y el grave desencuentro con Catalunya, se abre un nuevo tiempo que deberá coser las heridas sociales y políticas planteando un nuevo pacto constitucional. Y para afrontar esa nueva etapa política son preferibles unas nuevas elecciones, en las que el electorado decida si da todo el apoyo al PP laminando Ciudadanos, o al PSOE, que otros cuatro años de involución social e inmovilismo político que no harían más que radicalizar el país.

El País necesita un gobierno que dé respuestas a 5 cuestiones fundamentales:

 

Un plan de reestructuración de las administraciones Central y Autonómicas. En línea con la reforma federal, y que reduzca efectivos y déficit en relación con las exigencias de Bruselas. Contemplando un nuevo papel de Senado.

• Una plan de entendimiento con Catalunya. La solución negociada un standbay de 18 meses. Moratoria en la “legislatura de desconexión” y compromiso en preparar una reforma constitucional federal con singularidades para Catalunya Euskadi y Galicia.

–Un plan de reactivación económica, negociado entre Administación Central y autonómicas y en cumplimento de los objetivos de déficit, con el acento en que prevalezcan las economías regionales.

–Una propuesta común ante el futuro de la Unión Europea frente a las consecuencias y el nuevo escenario del Brexit.

–Una reforma de la ley electoral. Inmediata en aquello que es posible sin tocar la Constitución, para que sea efectiva en las próximas elecciones que deberían convocarse en 18 meses.  Y una reforma completa que comprenda la autonomía como circunscripción electoral, tanto para el Congreso como para el Senado.

El otro distorsionador, Catalunya, tampoco inquieta a los mercados porque la economía se mueve por parámetros de estabilidad socioeconómica y no política, a no ser, eso es así, que el Estado, en una ofensiva alocada de arriesgadas consecuencias, aislara y ahogara la economía catalana. En ese caso, el contencioso Catalunya-Estado entraría en un estadio de conflicto abierto que afectaría negativamente no solo a Catalunya sino, también, al conjunto del Estado.

La economía española se está beneficiando, entre otros, del bajo precio del dinero y del petróleo, y de bajos salarios que junto a la precariedad laboral hace artificialmente competitivas nuestras empresas. La curva de las magnitudes económicas se torcerá en cuanto termine la temporada turística y entonces el gobierno dirá que la incertidumbre política tiene la culpa.

En Bélgica, en 2010, estuvieron año y medio sin gobierno y la economía no se resintió. Italia, un país que ha hecho de la inestabilidad política una costumbre, la media de los gobierno es de 21 meses y sigue siendo una economía fuerte aunque ahora, con un gobierno que dura más que la media (2 años y medio) pase por un momento critico. En España, en las economías modernas y globalizadas, la confianza de los mercados se vería afectada solo si se alteraran las reglas económicas o si se produjeran escenarios de violencia pura y dura.

Como sobradamente hemos comprobado, el terrorismo es capaz de hundir las economías de estados institucionalmente débiles, como Túnez o Egipto, y es capaz de asestar daños apreciables en la economía de estados consolidados, como Francia. En esta latitud, cualquier alteración grave de la paz política, como un eventual enfrentamiento abierto Catalunya-España, nos acercaría a escenarios peligrosos que la Unión Europea, en esta Europa cada vez menos segura de su futuro,  no podría tolerar exigiendo una solución negociada.