Las acampadas de los indignados fue la contestación a la errática política de un gobierno Zapatero que desde que estallara la crisis fue incapaz de reconocerla y hacer frente común con Europa. No sería hasta el ultimátum de Bruselas (Febrero, 2010) en que un Zapatero abatido, sin capacidad de maniobra ya que la Europa que tira de la economía ya estaba en otra estadio post primeras medidas, tuvo que ceder a ajustes duros, recortes y rescate bancario indiscriminado y a que el coste de la crisis lo pagaran sus víctimas. El desconcierto y la galopante escalada de la prima de riesgo lograron meter el pánico en la ciudadanía, que otorgaría una abultada mayoría absoluta al partido popular. Rajoy extremó esa política de sumisión a los dictados europeos pero fue más allá, aprovechándose de su mayoría incontestable, impuso su contrarreforma ideológica.

Ada Colau en la tribuna del Congreso contra la Ley anti desahucios 2013

Tras esos cuatro años, la crisis se ha cargado a tres millones de ciudadanos de clase media que han ingresando en el grupo de los precarios, y camino de pobreza, mientras el gobierno, en lugar de mantener las estructuras de la microeconomía esperando la recuperación, se fue solazando en las palmaditas de las autoridades financieras comunitarias, abandonado a su suerte a los débiles para beneficio de los más ricos.

Con esta crisis financiera, la globalización ha mostrado su rostro más cruel y ya existe un consenso entre especialistas, no financiados por los actuales grupos de poder, que hablan de un cambio profundo en el sistema: contra la impunidad y el dumping de los paraísos financiero-fiscales. Y resuenan aquellas buenas palabras que, en pleno pánico financiero en la reunión del G-20 en Washington (noviembre, 2008), pedían la refundación del sistema.

Las elecciones del 20 de Diciembre mostraron que el electorado está mayoritariamente por el cambio en el modo de hacer y de planteamiento político. Ciudadanos y Podemos emergieron con vigor de la nada electoral con argumentos revulsivos e inequívocamente desmarcados del régimen político que nació con la Transición. Unos y otros se han mostrado inflexibles con la corrupción y los directorios políticos, y están por una reforma de la ley electoral que no penalice a los votantes minoritarios. Abogan por una profunda reforma de este Senado inoperante que, por la vigente Ley, está al servicio electoral del partido mayoritario. Por su parte, el PSOE, que se afirmó federalista en su Declaración de Granada (Septiembre 2013), en los cuatro meses de esta legislatura nonata ha dado pruebas de estar por un cambio institucional profundo y en consenso con las demás formaciones. Le faltó cintura, sin embargo, al negarse a cualquier  diálogo con los independentistas y al prohibir, para estas elecciones, candidaturas unitarias para el Senado.

Publicado en EL PAIS, 25/5/16

Al otro lado, el partido popular: el inmovilismo, la continuidad. Y aunque es cierto que se percibe un sector reformador capaz de liberar al partido de sus raíces preconstitucionales, que solo plantaría cara si el PP dejara de ocupar el poder institucional, el partido popular constituye el mayor obstáculo para superar la división entre una España que quiere un proyecto realista e integrado de futuro y la que aún cree en la unidad a golpe de decreto-ley. En estas elecciones se dirimen algo más que un cambio de gobierno.

Nota.

El post anterior, sobre El Mapa de España Federal, recibió un número inusitado de visitas.  Por mi cuenta de Twiter me hicieron comentarios de todo tipo. 

Una política de Murcia me dijo:

«Pijo! el Reino de Murcia con Castilla, ¿Tú estás loco?

Le contesté, además de agradecerle el comentario, que reflexionara y percibiera el gran proyecto ilusionante que supondría.  La España integrada y plurinacional.