Las elecciones catalanes del domingo han dejado el mejor escenario que cabía esperar para reconstruir las relaciones entre Catalunya y España. Sin duda la elecciones autonómicas del domingo se convirtieron, también, en plebiscitarias desde el momento en que el presidente Artur Mas las convocó con esa intención y el resto de las opciones políticas centraron su campaña en las consecuencias de una hipotética independencia de Catalunya. Tanto es así, que han movilizado al electorado catalán como nunca antes desde las lejanas elecciones de 1982, que se sucedieron tras el Golpe de Estado de Tejero, cuando en Cataluña votó el 80,83 por ciento del electorado.

Una participación como la del domingo, del 77,44 por ciento del censo electoral, es la propia de un referéndum. El referéndum de la Constitución movilizó solo al 67,91 por ciento del electorado catalán y habría que remontarse al de la Ley de Reforma Política en 1976, cuando se votaba la reforma que liquidaba el régimen de Franco, para estar ante una participación similar, el 74,1 por ciento.A la vista de los resultados de las elecciones del 27-S se constata que las candidaturas que concurrieron con el programa netamente independentistas (“Junts pel sí” y la CUP) han conseguido la mayoría en escaños 72 diputados y el 47,78 por ciento de los votos. Cifras similares a las de 2012 en que consiguieron 1.608.633 votantes (el 47,84 por ciento de los votos) por 1.594.074 votos en 2015, una insignificante pérdida de 14.559 votantes si se considera que Unió, entonces, iba en las listas con Convergència.

Los partidos del no a la independencia con claridad han conseguido el 39,13 por ciento de los votos, y aún con notables diferencias: manteniendo la misma situación actual 26,41 por ciento (Ciutadans y el Partido Popular) y apostando por una reforma federal los socialistas, el 12, 72 por ciento.

 “Catalunya sí que es pot” (ICV-Verts.Podemos) y Unió,  se consideran soberanista del derecho a decidir y muchos de sus votantes podrían optar por la opción independentistas, y no podría incluirse en el no. 

La lectura de estas elecciones parece clara: el 47,78 por ciento de los catalanes se manifiestan por un estado propio; apuestan por seguir con el actual estatus institucional el 39,13 por ciento y querrían una nueva fórmula de engarce de Catalunya en España el 23,8 por ciento (“Catalunya sí que es pot”, Unió y PSC). Es decir, de los datos electorales puede inferirse la posibilidad que independentistas y soberanistas (47,78 por ciento y 11,08 por ciento, el 58,86 por ciento de los votantes) aceptaran un encaje de Catalunya en España si se satisficiera aquellas cuestiones que el soberanismo consideran esenciales y que, a la vez, son perfectamente asumibles dentro de un marco federal.

La respuesta constitucional al conflicto planteado entre Catalunya y España no tiene otra salida legal y racional, si es que queremos que Catalunya siga formando parte del Estado, que la reforma de la Constitución en el sentido federal. Opinión, ésta, que vengo sosteniendo desde hace años y que constitucionalmente podría concretarse en la reforma constitucional del artículo VIII por la vía del artículo 167; que sería viable y rápida. Podría estar lista en un máximo de seis meses si se contara con las tres quintas parte del Congreso y del Senado, en segunda votación por mayoría absoluta.