Publicado el UH, el 7.01.2015

Si en el año pasado se hizo visible el agotamiento del régimen nacido de la Constitución, de este 2015 se espera que se realicen reformas importantes. Un cambio de régimen con la aprobación de un nuevo texto constitucional que aborde, y reformule, la cuestión esencial del Estado español: El encaje de los hechos nacionales, naciones o nacionalidades históricas, principalmente Cataluña y el País Vasco, las únicas que desde 1977, elección tras elección, muestran su descontento con el estatus de su inserción en el Estado.

El soberanismo en Catalunya, el aldabonazo de Podemos en la elecciones europeas de mayo, que supuso poner en jaque al bipartidismo, veremos si se confirma en las futuras elecciones de Mayo y Noviembre, y la abdicación del Rey han abierto interrogantes sobre el futuro político que solo inquietan a quienes están cómodamente instalados en el statu quo, a grandes y medianos empresarios, que se mueven alrededor de las influencias, y a un funcionariado medio y alto, que a penas sufrido la crisis, y que se siente turbado por la incertidumbre. Los que vivimos la Transición no tenemos más temor que a la intransigencia y a nuevos Bunkers, resistentes al cambio, que entorpezcan la evolución política del País. Como aquellos ruidos de sables, que acompañaron hasta el intento del Golpe de Estado del 23-F.

El año 2014 se ha cerrado con más de 2000 imputados por casos de corrupción, la inmensa mayoría del partido popular sobre el que, además, penden sospechas de tramas organizadas de financiación ilegal. Del mismo calado que los escándalos de FILESA, en el PSOE, y el caso Naseiro en el PP, a finales de la década de los años ochenta del siglo pasado, o como el actual caso Palau en Cataluña y sus derivaciones hacia Convergencia.

La corrupción ha sido el azote moral de la legislatura, tan cruenta como las cifras de paro, o la sorna de que se crea empleo cuando el empleo creado es eventual (de hasta días), con menos horas por jornada y pagado con sueldos cercanos al salario mínimo, inaugurando una nueva categoría social: los pobres que tienen empleo.

Políticamente, la acción del Gobierno tiene en la ley mordaza, un callo intolerable. Recuerda los lejanos tiempos en que el TOP, el Tribunal de Orden Público, con la Brigada Político-Social, la Stasi del franquismo, encerraba y condenaba a los demócratas que años más tarde ocuparían escaños en el Congreso o en el Senado. Parece programarse un recorte en las libertades públicas, y una vuelta de tuerca al estado del bienestar, dotándolo mal para que resulte de menor calidad y desprestigiado. Mientras, se está intentando ampliar los sectores de negocio privado al ámbito sanitario con el horizonte claro del modelo norteamericano; donde pueden ocurrir escándalos como el que hemos conocido esta semana: que una clínica de Nueva York, que tuvo que asistir al parto prematuro de una pareja británica de vacaciones, reclame una friolera factura de 160.000 euros.

Desde el prisma de quienes creemos que hay que evolucionar la Constitución y las instituciones políticas, el Senado entre ellas, pero también los partidos políticos, la ley electoral deben experimentar cambios cualitativos, 2015 es un año para la esperanza.