Una ley electoral en un sistema político democrático no puede hacerse a medida de un partido político.

Reconocía Óscar Alzaga, unos de los redactores de la ley electoral, marzo 1977, que sigue vigente, que puesto que los sondeos concedían a UCD un 36-37% de los votos, se buscó hacer una ley en la que la mayoría absoluta pudiese conseguirse con alrededor del 36-37%. Y con un mecanismo que en parte favorecía a las zonas rurales, donde sabíamos que UCD era predominante frente a las zonas industriales, en las que lo era el PSOE. Y pretendíamos también que el logro de la mayoría absoluta para el Partido Socialista estuviera situado no en el 36-37%, sino en el 39-40%.

Aquella ley es un marrón en la calidad democrática que tenemos porque, contrariamente a la doctrina oficial de un ciudadano un voto, lo que hace es primar las provincias menos pobladas. Hay votos que valen cuatro más, (en Soria con 20.000 votos se tiene un diputado, en Madrid con 85.000); las provincias menos pobladas son las que otorgan una representatividad extra al partido popular que, en esas provincias por efectos del caciquismo tradicional (y del transformismo desde el tardofranquismo) tiene una adscripción más conservadora.

El vigente sistema electoral ha perjudicado a España porque ha impedido su evolución ideológica, sobre todo en el espacio de la derecha y del centro. Como consecuencia de la hiper representación del PP en las España central, el Partido ha estado, y sigue, secuestrado por los barones de esas provincias que, exhibiendo su músculo electoral indudable, imponen sus tesis a otro PP democristiano de los del Papa Bergoglio, nada que ver con la camarilla de Rouco, y liberales. Liberales, también, de liberaldemócratas o progresistas, desde la óptica de los neoliberales.

Una ley electoral debería tener rango de constitucional y, por lo tanto, exigírsele el mismo consenso.