Parte del problema o de la solución

España está atravesando una de las crisis políticas más profundas desde la Transición: representatividad política y modelo territorial. El Tribunal Constitucional, en una resolución que cabría calificar de salomónica, impecable desde la legalidad, sentencia que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español no encontrado inconstitucionalidad en el resto de la declaración soberanista del parlament de Catalunya. Principios de legalidad, de democracia y de diálogo, apuntando tres aspectos para que formen parte de un cóctel a preparar en la esfera de la política.

 

En la última encuesta del CEO (el CIS catalán), de diciembre, la que se realiza este mes de marzo a la vista de las controversias generadas será indicativa, el independentismo gana partidarios. A la pregunta de si se estaría a favor de que Catalunya fuera un nuevo estado de la Unión Europea, el 59,6 por ciento contesta afirmativamente cuando en julio, la proyección apuntaba un 54,6 por ciento. Ciertamente, que una hipotética  independencia se dé o no dentro UE, cambiaría el sentido del voto, pero lo que la encuesta deja ver es que el divorcio entre España y Catalunya será inevitable en algún momento si no se cambia el rumbo. Un dato esperanzador: el 87 por ciento de los preguntados acatarían el resultado de la consulta, fuera cual fuera el resultado, lo que da confianza en la madurez democrática de los catalanes y, lo significativo, que todavía se percibe capacidad para encauzar la situación.

 

La estrategia del “toro en la cacharrería”, aunque se arrase en el resto de España no solucionará el problema. No se quiere pasar a la historia como quién permitió una consulta ilegal, por lo demás podría ser constitucional si la pregunta no planteara la secesión o se preguntara en toda España, pero se puede pasar a la historia como el que empujó a Catalunya hacia un camino sin retorno, a la corta o a la larga.

 

Desde el Estado se tienen que dar respuesta a las cuestiones que inquietan a los ciudadanos: por encima de todo la corrupción política que, nadie duda, ha campado a sus anchas, y la incapacidad del Estado para encontrar un proyecto de futuro creíble para España; dos condicionamientos que lastran cualquier política económica de envergadura. Más allá de coyunturas favorables que pueden enmascarar de bonanza de la macroeeconomía, a medio plazo, la economía se impulsa cuando se da confianza en el proyecto colectivo.

 

Los partidos políticos no pueden ser testigos parsimoniosos del desmoronamiento social. Al contrario, como instituciones básicas del parlamentarismo deben de asumir liderazgos de alerta y de cambio, para encontrar mejores y más fructíferas reglas de convivencia y de progreso económico y social. Para ello, importa mucho su transparencia y su democracia interna; en parámetros del siglo XXI, no se entienden sistemas de elección de cargos que no garanticen la representación de las minorías, porque las voces mayoritarias no deben patrimonializar el poder, en un bucle vicioso que eternice los inmovilismos ideológicos.

 

El Estado tiene ante sí dos importantísimos desafíos políticos: la falta de credibilidad de los partidos y el nacionalismo independentista, por lo que se exige del Gobierno de España una actitud inteligente, de construcción positiva, capaz de ofrecer un nuevo marco constitucional y de convivencia, amplio y generoso, que además de integrar la idiosincrasia y aspiraciones identitarias y políticas catalanes, evitando que la vía de la independencia gane peso, diseñe un nuevo sistema de financiación autonómico más justo con aquellas regiones que son los motores de la economía nacional.

 

Si no somos capaces de resolver desde las instituciones esta cuestión a medio plazo, con una coyuntura internacional favorable, la separación de Catalunya de España puede resultar inevitable. El referéndum que el gobierno catalán pretende celebrar, ilegal desde la lectura de la normativa vigente, se celebre o no, sea más o menos representativo, o se sustituya por un adelanto electoral con lectura de plebiscito, va a condicionar el futuro político en Catalunya y en España. Nada volverá a ser como antes.

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