Artículo publicado en Ultima Hora el 15-02-2014

Controvertido, con aciertos y errores, el presidente Bauzá tiene en su haber su determinación ante la corrupción y ante el despilfarro en la administración. Ha eliminado subvenciones a patronales y sindicatos, entidades culturales y cívicas que generan clientela, y está en el camino de acabar con la cultura de la subvención en la economía. Ha hecho lo que ninguna otra comunidad autónoma ni el gobierno central; incapaces de hacer limpieza de prácticas viciadas, ni de zafarse de patronos y amiguismos.

Forzado, también, por las circunstancias del despilfarro de gobiernos anteriores, y el desmoronamiento moral del PP balear, el president Bauzá focalizó su proyecto político en desterrar la corrupción en cualquier de sus subterfugios, la racionalización de la administración, la eficiencia y la transparencia. Y en esos propósitos, sin duda, ha cumplido, y es mirado con admiración a nivel nacional.

A falta de participar en el accionariado de las empresas, los gobiernos se han acostumbrado a intervenir en la economía a través de las subvenciones; metodologías perversas que en la mayoría de las ocasiones, con excepciones puntuales en las vertientes social y en la investigación, han acomodado a las empresas a contar con la subvención como parte del presupuesto, afectando a la competitividad. Empresas subvencionadas debilitan el tejido empresarial porque mantienen empresas de viabilidad ficticia  gracias a drenar el presupuesto público, que no está para subvencionar el sector privado aunque afecte al empleo, sino para invertir en el sector social garantizando el estado de bienestar. Estado del bienestar que es generador de empleo si los recursos públicos no fueran mermados por subvenciones, bajo una buena variedad de argumentos, que producen ineficiencias y parálisis en la evolución de la economía debilitando la posición relativa de nuestro mercado respecto la economía globalizada.

La consecuencia: el pavor a la penetración de empresas foráneas. Ciertamente, las reglas deben ser iguales para todos y, por tanto, es responsabilidad de los gobiernos velar porque se cumplan las garantías salariales y calidad de los servicios o manufacturas. Se trata de garantizar políticas económicas de corte liberal y, en eso hay que estar claros, políticas de liberalismo económico, social y cultural, no esa trágala que la economía financiera y cultura global nos está imponiendo.