Para el franquismo sociológico que dirigió la Transición, educado en una visión centrípeta y homogénea de España, el autogobierno regional se entendía como antesala de secesionismos en lugar de como modelo de integración territorial, al estilo de Estados Unidos, Alemania o Canadá; estados fuertes, aunque Québec tenga un estatuto particular, y en Alemania no todos los Länders tengan las mismas competencias.

El federalismo no tuvo fortuna, porque solo en Cataluña y el País Vasco había mayoría clara que quisiera el autogobierno, optándose por este modelo autonómico que la derecha democrática, Alianza Popular, solo asumió plenamente con Fraga en la Xunta.

El nuevo Estado autonómico recibió el impulso definitivo cuando Adolfo Suárez tuvo la visión histórica de restaurar-instaurar la Generalitat provisional, con el retorno de Tarradelles, marcando el paso de las reformas territoriales que iba a emprender, para sorpresa y desánimo de muchos de sus correligionarios, desactivando la confrontación, entonces de alto riesgo, entre reforma o ruptura.

Sin querer entrar en si la generalización del modelo autonómico, el café para todos, fue un acierto o no, lo relevante es que, al margen de que ha contribuido a un mayor equilibrio económico y social, ha degenerado en una dinámica de disgregación y enfrentamiento entre administraciones, por cuanto las competencias del estado y de las autonomías no se establecieron con claridad y determinación, por el contrario, han sido objeto de negociaciones entre una administración central recelosa de perder cuotas de poder, y nuevos entes territoriales que se justificaban rivalizando con mayores niveles de competencias. El resultado: duplicidad de administraciones para similares competencias, ineficiencia por orientaciones políticas divergentes entre gobierno central y autonómicos y sobre costes de gestión inasumibles e inaceptables.

El PP tiene que asumir el Federalismo.

La crisis económica ha puesto en evidencia la crisis política que, desde el consenso constitucional, tiene su clave de bóveda en la organización territorial. La desafortunada sentencia del Tribunal Constitucional, que enmendaba una ley orgánica votada en las Cortes y aprobada en referéndum en Cataluña, ponía en dudas la efectividad de la vía legal para promover un avance político. Posteriormente, la cerrazón a tratar el tema de los desequilibrios fiscales y estudiar instrumentos de corrección, como la propuesta de pacto fiscal, en Cataluña, o el régimen especial para Baleares, ha puesto al descubierto que la administración central no quiere reconocer que el empobrecimiento de las locomotoras económicas de España se debe, en no poca medida, a que durante decenios su crecimiento se ha visto mermado por tener que transferir la mayor parte de sus recursos al Estado central, resultando déficits financieros insostenibles; de más del 8% cuando lo máximo que se considera aceptable en países solventes como Alemania, está alrededor de un 4%.

El famoso déficit cero que es bueno para las administraciones públicas, no parece serlo a la hora de aplicarse al esfuerzo de las comunidades autónomas para que sus bienes y servicios puedan pagarse con los recursos propios que generan. El ciudadano contribuye a la riqueza de su comunidad esperando que su esfuerzo revierta en mayores servicios y en su calidad de vida, en el entorno donde vive y trabaja; por lo que es un contrasentido que los dineros migren a otros territorios y se diluyan y descontrolen en un caja general; querer desvincular ciudadanía y territorio es un ardid para la opacidad y para financiar una burocracia política institucionalizada.

Una encuesta reciente muestra que los partidarios, de voto decidido, por la independencia catalana bajarían del orden de un 5%, y de un 10 a un 15 % entre los indecisos, si Cataluña obtuviera un pacto fiscal similar al concierto vasco; esto sugiere que una propuesta federal, en toda regla, es el camino para reconducir una situación que se ha desbocado; veremos cuánto, el próximo 25 de noviembre.

El partido popular, consocio de grupos afines en Alemania, Austria, Bélgica, el Reino Unido, Estados Unidos o Canadá, no debiera de tener reparos en asumir, como aquéllos, el modelo federal, con los particularidades necesarias para integrar las realidades singulares, por pragmatismo político, como se hizo en la transición de la dictadura a la democracia, y por convicción, porque estructuras de estado federal conferirían mayor responsabilidad, cercanía y transparencia a la gestión pública de los estados federados, al tiempo que una España federal estaría más integrada y lograría, por primera vez en la historia moderna, sumar en un proyecto de futuro de largo alcance.

Publicado en ÚLTIMA HORA, EL 22-11-2012