La estela del 15M hay que recomponer la confianza.

Está en la responsabilidad de los políticos, y de los partidos, trazar estrategias para superar la desafección entre sociedad y política escuchando las aspiraciones de participación y control que demanda la sociedad y, para eso, son necesarias iniciativas de reformas de alcance, más allá de suturas puntuales insuficientes para un sistema que alberga importantes lagunas.

La demanda de los 15-M de una ley Electoral que racionalice y avance en reformas, para mejorar los mecanismos de elección de los cargos públicos. En esta dirección, sería una buena iniciativa que la próxima legislatura se propusiera una nueva ley electoral que tuviera como ejes una mayor identificación entre electores y representantes políticos, mediante un proporción de cargos electos de libre elección dentro de las candidaturas, y un mayor grado de influencia política de la ciudadanía, a través de nuevos instrumentos vinculantes deliberativos y de participación. Los electores de las distintas candidaturas decidirían, al primar a candidatos en las lista,  y por ese nuevo mecanismo de elección de listas cerradas no bloqueadas (parcialmente abiertas), ayudarían a decidir entre baronías evitando luchas intestinas y controversias artificiosas, que no son más que expresión, en el mejor de los casos, de pretensiones personales que pueden estar muy alejadas del respaldo de los votantes y del interés de la sociedad.

Pero es preciso mayor coraje, determinación y ser ambiciosos en buscar eficiencias, acometiendo iniciativas de calado: eliminar ministerios, cuyas competencias fundamentales están en las autonomías, creando órganos subsidiarios de coordinación, quizás en la esfera tutelar del Senado; adecuar la administración provincial a la estructura autonómica, desmantelando las diputaciones allí donde suponen duplicidades administrativas o contrapoderes políticos e incentivar la concentración de municipios, conformando nuevos entes municipales más eficientes.

Homologar los sueldos de los cargos públicos,  funcionarios y empresas públicas; no es de recibo que a igualdad de trabajo se cobre muy diferente según a qué administración o en qué lado de la linde de un término municipal. Acometer las reformas necesarias en política de pensiones o una reforma del tiempo laboral, con flexibilidad, incorporando la oportunidad de años sabáticos y de formación que suponga oportunidades de movilidad profesional, son urgencias de medio plazo.

Tampoco,  se puede obviar la financiación de sindicatos, patronales y partidos políticos  que habrían de avanzar hacia el autofinanciamiento, de modo similar como se afrontó la financiación de la Iglesia. También, para salvaguardar el estado de bienestar, hay que sensibilizar sobre la necesidad de reformas de alcance con sentido de estado, y que se establezca los mecanismos para una nueva administración pública  eficiente desde un nuevo consenso político y social.