La evolución cultural, social y económica que experimenta la sociedad global motivada por el cambio tecnológico, la sociedad de la información y la reordenación del sistema productivo modificará sustancialmente nuestra sociedad en sus expectativas de futuro. En este discurso, la viabilidad socioeconómica de España, y de Baleares en concreto, está en afianzar nuestras fortalezas, siendo el sector servicios, que representa el 60% del PIB español y del 80% por lo que respecta a Baleares, estratégico para salir con éxito de la sima actual, incidiendo en inversiones en innovación e I+D, y en formación y gestión de la inteligencia y muy especialmente en cambios profundos en el sistema educativo.

Los demás países de nuestra realidad económica y política,la Unión Europea van a constituir, a corto y medio plazo, nuestros mayores competidores a la hora de proporcionar capital humano cualificado para responder a la demanda laboral por lo que

habrá que preparar el sistema educativo y la redacción de los nuevos curriculums educativos enfocados para las nuevas exigencias sociolaborales: la capacitación en el idioma inglés y en tecnologías de la sociedad de la información, al tiempo que la movilidad, europea e internacional, habrá de ser una condición inherente para acceder a un puesto de trabajo cualificado.

Es en este contexto dónde debería inscribirse la actual polémica sobre las lenguas vehiculares en el sistema educativo y la virtualidad del trilinguïsmo que impulsara Francesc Fiol en la anterior legislatura.

El desliz dialéctico, del presidente del PP balear José Ramón Bauzá, desmentido repetidamente, sobre la supuesta derogación de la normativa lingüística (consensuada por unanimidad por todos los partidos y que ha sido eje de la política lingüística de la comunidad balear desde su inicio), ha desencadenado una polémica que habría que reconducir por desenfocada, por cuanto, tanto la intención de las manifestaciones de Bauzá, como de otros dirigentes del PP en foros y entrevistas sobre esta cuestión, no discuten la finalidad de la política lingüística, sino la aplicación en cuanto al decreto de mínimos de enseñanza en catalán y castellano. Es obvio que para la puesta en práctica del trilingüismo deben de modificarse los baremos destinados a cada lengua cooficial; y, en segundo lugar, para poder alcanzar niveles óptimos de competencia lingüística en el idioma inglés, u otro foráneo, debe de garantizarse la capacidad de elección para la escolarización en lenguas extranjeras.

No sería bueno para la estabilidad de la política regional balear, y la armonía social conseguida en esta cuestión, confundir querencias y pasiones personales con polémicas artificiosas y estériles como la definición y denominación de la lengua de las Baleares que no aparece discutida en ninguno de las declaraciones ni documentos internos del PP. Está claro que, como define el Estatut, la lengua que se habla en Baleares se llama lengua catalana, común con la que se habla en Cataluña y Comunidad Valenciana aunque, por motivos de incomprensión histórica, allí figure la denominación valenciano. En Baleares se optó por llamarla lengua catalana, por coherencia con la denominación científica y porque ya resultaría harto anecdótico llamarla menorquí, eivisenc, formenteré i, en Mallorca, no solo mallorquí, sino que habría que considerar las notables diferencias que existen entre el sollerí, el pollencí o el manacorí i el palmesà.