Monarquía, república; más sociedad civil.

 

 

A estas alturas, a comienzos del siglo XXI, tratar el tema de la monarquía o la república como forma de gobierno tiene algo de barroco, y en ocasiones de rococó, visto desde aquel  horror vacui, verdadera obsesión del estilo barroco, por no dejar espacios vacíos buscando una ampulosa coherencia con la consigna ideológica que la obra artística pretendiera publicitar.

Ya sabemos que desde un punto de vista formal, purista, desde la igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley, del derecho natural y de la igualdad de oportunidades…la institución monárquica está tan desfasada como las iglesias institucionalizadas, que se consideran mediadoras e interpretadoras de los mensajes divinales, sometiendo a sus fieles al mandato supremo de la obediencia o a la ceguera intelectiva; por mucho que enarbolen sesuda intelectualidad o determinación ascética culminante en inmolación espiritual o física. O, tan desfasada, como los mismos principios del derecho cuando considera al hombre naturalmente bueno y carga el peso de la responsabilidad, de sus males andares, en la sociedad; no importa cuántas tropelías, estafas, violaciones o asesinatos cometan, siempre se mima al trasgresor con la esperanza de una reinserción.

La monarquía, en su origen moderno, fue una institución revolucionaria en la formación de las naciones europeas oponiéndose al poder arbitrario de los señoríos feudales constituyendo, desde un inicio, el único poder nivelador y moderador de los poderes fácticos de entonces. En tierras de nadie, en España durante la Reconquista, la monarquía fundaba territorios y poblaciones: Villa-nuevas, Villa-reales, Villa-francas que, siendo adscritas directamente al poder real, gozaban de un estatus de libertad, individual y colectiva, inimaginables para aquéllas, otras poblaciones viejas, sometidas a la servidumbre del feudo o del señorío.

En la formación de los estados modernos las monarquías fueron garantía del progreso y de civilización contra caciquismos y tradiciones ancestrales que consideraban a la población como patrimonio propio del señor feudal; sin derechos y sujetos a la tierra que debían trabajar para su señor quien tenía, en su voluntad, el destino de sus siervos.

Desde el siglo XIX, la institución monárquica tras el impulso civilizador de las revoluciones burguesas, no exentas de calamidades y excesos como es bien conocido, adoptó el constitucionalismo como una reedición de aquella primera carta fundacional imaginaria, por la que la voluntad de Dios se ejercía a través del rey, ahora, trocada por la voluntad del pueblo, que a través del pacto constitucional, otorga al monarca el papel de valedor de las leyes constitutivas del sistema social de convivencia.

El debate sustancial está en la fortaleza de la sociedad civil. En la medida en que las instancias supranacionales están asumiendo el rol que antaño tuvieran los estados nacionales del constitucionalismo burgués del siglo XIX y primera mitad del XX, los  reinos, como las repúblicas, pierden soberanía no sólo por la potencia de la economía globalizada o de los compromisos geopolíticos, sino también, y no es poco, por el empuje de una conciencia mundialista empujada por las TIC, Internet principalmente, a la que no son ajenas las migraciones y la incorporación de nuevos ciudadanos procedentes de otras historias nacionales a la nacionalidad propia.

Las instancias políticas y las instituciones del sistema democrático y parlamentario siendo el referente, y principal instrumento de ejercicio del poder soberano por parte del pueblo, resultan insuficientes cuando la complejidad del sistema social, y la multiplicidad de instancias intermedias de decisión, pueden llegar a alterar el sentido de la voluntad de quienes ejercen el poder político, legítimamente delegado a través del sufragio universal. Decisiones económicas de grandes corporaciones financieras, fieles a los mandatos de los grupos de presión mayoritarios, pueden actuar en contra de políticas económicas del propio país o llevar a la banca rota a otros, actuando en sentido contrario a la voluntad de aquel liberalismo revolucionario de los teóricos del XIX que, liberando energías creativas, permitió el progreso de la civilización.

La sociedad ha evolucionado y el estado de derecho, de las libertades y de la división de poderes, requiere de mejores instrumentos de control y fiscalía, tanto de las decisiones de las administraciones públicas (Estado, Autonomías, Ayuntamientos…) como del mundo empresarial, para que el principio superior del bien común prevalezca sobre ese liberalismo depredador cuyo máximo exponente pudiera ser la especulación financiera.

Monarquía o república no es la cuestión. Si por experiencia fuera, ya se sabe que en política el refrendo de lo adecuado, o no, está en la bondad de sus resultados, la monarquía se ha demostrado como un sistema óptimo para nuestro país, más aún cuando la sociedad española está excesivamente sesgada hacia ideologismos, con programas y aspiraciones esencialmente divergentes, con lo que la función armonizadora de la Corona resulta del todo conveniente. Es más, posiblemente, el nuevo pacto entre monarquía y pueblo soberano, deba de ir en el sentido de la fortaleza de las instituciones civiles por encima de vaivenes y extremos políticos, como, de alguna forma, pudiera interpretarse que se dio cuando el Rey propició el cambio político; entonces, se erigió en representante de la sociedad civil de España, ante el poder político del régimen franquista, e impulsó la Transición al sistema político actual.

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