Hace unas semanas la presidenta de Baleares, Francina Armengol, manifestaba que no es aceptable que las comunidades autónomas entren en una guerra de rebajas fiscales y más, en concreto, en el caso de Andalucía que es netamente receptoras de los fondeo de solidaridad. No es posible que con la aportación solidaria de todo el conjunto de España a Andalucía, luego se dedique a eliminar el impuesto a los más ricos, dijo la presidenta Armengol.

Desde la lógica de la buena administración, resulta razonable que tendría que establecerse unos mínimos de fiscalidad en el impuestos cedidos a la comunidades autónomas, para asegurar un suelo de servicios garantizados que de no garantizarse supondrían diferencias en la calidad de los servicios respectos a otras comunidades; faltando al precepto constitucional de la igual de derechos de la ciudadanía. Y para evitar graves distorsiones en la estabilidad presupuestaria del conjunto de las autonomías.

La razón de tal enloquecida deriva de desarme fiscal, pues es evidente que a menos recaudación por pequeña que sea en términos relativos, siempre es importante en valor absoluto y determinante a la hora de presupuestar el gasto social.  De la recaudación depende  disponer de más o menos profesionales atendiendo la sanidad, la educación o la inclusión social.

La estrategia de confusión que está lanzando la comunidad de Madrid, a lo Trump, es afirmar que la responsabilidad de la sanidad depende del Estado central de forma que, veladamente, está diciendo que si la sanidad funciona peor en la comunidad de Madrid es porque el Estado no invierte lo suficiente en la salud de los madrileños. La sanidad se transfirió a las autonomías en 2002, con el gobierno de mayoría absoluta Aznar. De modo que no hay excusa para que las autonomías no se responsabilicen de lo bueno o de lo malo que se haga en la sanidad.

El caso de Madrid es paradigmático de cómo los gobiernos de la Comunidad están trabajando para desmantelar, y desprestigiar, la sanidad pública en favor de impulsar las empresas de sanidad privada.

Como resulta notorio, la sanidad orientada al grueso de la población es la atención primaria; primera instancia del sistema sanitario dónde se acude cuando se tiene un problema de salud. Es ese nivel el que atiende a la mayoría de la población y el que tiene una mayor dimensión social. Pues bien, el gasto sanitario público consolidado del sector fue en 2018 de 65.911 millones de euros, el 5,5% del PIB nacional, con un gasto per cápita medio de 1.416 euros. En Madrid, con 8.389 millones, invirtió el 3.6 % de su PIB, y el gasto por habitante era de 1.274 euros.

En el conjunto del gasto sanitario, en los presupuestos de 2021, la comunidad de Madrid invirtió 1207 euros por habitante, la peor de las 17 CC.AA. por detrás de Catalunya 1267. Baleares invirtió 1576 euros por habitante.

Pero es que además, la comunidad de Madrid tiene una estrategia marcada para la privatización del sector buscando dejar la sanidad pública como “residuo asistencial de último recurso”.

En los últimos cuatro años, la inversión de la Comunidad en sanidad privada creció en Madrid un 19,4%, mientras que solo lo hizo un 6,4% en la pública.

La pregunta que se suscita es si los ciudadanos de Madrid se encuentran en situación sanitaria con menos derechos que los del resto de España, y si eso no puede suponer una discriminación de atención sanitaria respecto al de otras comunidades autónomas, y si resulta que eso podría atentar contra el espíritu y la letra de la Constitución. La trampa, naturalmente, está en que un gobierno autonómico, Madrid el más escandaloso, esté incrementando los convenios con la sanidad privada, menor dotada y con peores condiciones laborales, para atender la asistencia sanitaria que una sanidad pública infradotada no puede cubrir.

La política sanitaria de Ayuso, continuidad de los anteriores presidentes del partido popular, está en desmantelar la sanidad pública madrileña transfiriéndo pacientes, con los recursos correspondiente a la sanidad privada, mediante los seguros privados y convenios  de asistencia sanitaria que favorecen la privatización del sector.

Y eso, sin entrar en estrategias desorganizativas que buscan encolerizar al usuario contra el sistema sanitario público para desprestigiarlo en favor de los seguros privados. La última de la presidenta madrileña: si una urgencia no se puede atender en un centro de atención primaria el ciudadano siempre puede acudir a los hospitales. (En una entrevista de ayer en TV)

¿Cabe la posibilidad de intervenir una comunidad autónoma por demostrada rebeldía por ineficiencia manifiesta o sesgo ideológico que dañan los intereses de sus ciudadanos?

¿Habría argumentos para aplicar el 155 a la comunidad de Madrid?