Con la llegada de Feijóo a la presidencia del partido, los populares se proponen el asalto a la Moncloa con los votos, de una ley electoral que les favorece como ya expuse en  otros artículos, o buscando una modificación que les beneficie, como la exigencia de un plus de 50 diputados para el partido ganador para que les pueda llegar para alcanzar una mayoría.

Eso de premiar al partido ganador en votos, es una medida de pretendida estabilidad del sistema de partidos pero, en realidad, como cuando se equipara el Senado con el Congreso, que es más representativo, busca corregir el voto de los ciudadanos mediante una pirueta del tipo de sistema mayoritario. De tradición centenaria anglosajona, el sistema mayoritario por el que el ganador se lo lleva todo deja sin voz a las minorías en cada circunscripción que, por cierto, no tienen por qué ser grupúsculos sino solo mayorías que no consiguen, al menos por un voto, llevarse el escaño.

Un sistema similar se utilizó en la República y, en opinión de muchos especialistas, fue una de las razones fundamentales de su fracaso, pues, buscando la gobernabilidad al favorecer a, en aquel caso, las dos listas más votadas se encolerizó al ciudadano que veía como la política iba en contra del mandato de los votantes.

Obviamente, no participo de la opinión de que cualquier sistema electoral, por el hecho de haber sido votado por un parlamento, sea democrático, es decir, representativo.  No soy partidario del sistema mayoritario que deja sin voz a la mitad menos uno de los ciudadanos que hayan ido a votar. Porque es realmente antidemocrático marginar el voto de una parte de los ciudadanos y, más, en estas coyunturas sociales en que las opciones políticas están tan diametralmente divididas ideológicamente.

Cuando la sociedad está tan fragmentada entre quienes pensamos que el sistema actual está escorado al liberalismo económico más perverso y quienes pretenden perpetuarlo, favoreciendo la concentración de la riqueza y el desmantelamiento del estado de bienestar, no se puede facilitar que la dinámica de partidos esté por encima de la voluntad de los electores.

El presidente popular ha hecho números y sabe que ni con Vox tiene probabilidad, sí posibilidad, de conseguir una próxima mayoría de gobierno. De modo que solo podría tener cierta holganza con una modificación electoral con la que le bastara el voto más uno del total electoral y, de un plumazo, apuntarse esos 50 diputados de premio que le otorgaría la modificación de la Ley. Justo lo contrario de la propuesta que formulara Ciudadanos en su estreno como grupo parlamentario que, en buena lógica, promovía que esos 50 diputados se eligieran en circunscripción nacional, entre los restos electorales que no había sido utilizados para la asignación de escaños, de modo que no se perdiera ningún voto emitido por los  electores.

El partido socialista, la izquierda en suma, es especialista en tirarse del moño y dispararse al pie. La última vez, Rodríguez Zapatero. Dejándose llevar de las elucubraciones de los técnicos, creyéndose ingenuamente que son apolíticos, instaurando el voto rogado para supuestamente bajar el voto exterior en Galicia que parece era inducido por clientelismo de candidatos. ¡Vaya necedad! Si había fraude debía investigarse y procederse en consecuencia. ¿O es que para prevenir el delito es mejor mermar la libertad?

El voto rogado ha dificultado enormemente, no hay duda, la participación de los electores del exterior y ha provocado una desigualdad en oportunidades a la hora de ejercer el derecho al voto. Parece que la mayoría que apoya al gobierno está por la labor de derogar esa reforma de enero de 2011, probablemente sin el apoyo del PP que no está entusiasmado en volver al sistema anterior. Será que entiende que el votante exterior, sobretodo el que vive en Europa, no ve las cosas como se ven en el corral nacional.

Como se ha publicado en otras medios, hay coincidencia en que la LOREG, aprobada por decreto por el gobierno Suárez antes de las primeras elecciones democráticas, se hizo expresamente para favorecer a unos votantes sobre otros traduciéndose antes, como ahora, que la España interior está primada electoralmente respecto a la periférica. Eso, a todas luces, es una discriminación que debiera corregirse en una nueva Ley, como la anterior aprobada por decreto y, en todo caso por mayoría simple como ley orgánica que es, o alguien debiera llevarla al Tribunal Constitucional.