En esta España sin monárquicos, la monarquía tendrá que validar su legitimidad histórica asumiendo un papel institucional propio, más allá de la representación totémica del Estado, de la que algunos quisieran no se apartara. Su padre Juan Carlos, legalmente elegido rey para continuar con el régimen anterior, se legitimó ante la sociedad cuando aportó un plus de compromiso personal, impulsando el cambio político, democracia parlamentaria y un sistema autonómico que buscaba, y eso es así, integrar a Catalunya y Euskadi principalmente históricamente inclinadas al independentismo, en un proyecto de España sólido y de futuro.

Felipe VI arrancó su reinado, también, con la doble dificultad de legitimizarse socialmente, que solo podría hacer promoviendo y dando cauce a espacios de consenso de largo alcance. Si constitucionalmente no puede tomar iniciativas de carácter político o ideológico, sí puede, en cambio, hacer gala de constitucionalismo y sin salirse del marco de la Constitución hacer pedagogía, a quien la necesita, y recordar que España es un estado en el que conviven nacionalidades y regiones, y que el término nacionalidad deriva de nación, y que nación no solo se refiere al concepto político, que se asimila a estado, sino también a la patria de origen, histórica, presente y futuro que está enraizada en algunas regiones en España y que pueden convivir en proyectos culturales y nacionales de mayor ámbito.

La sociedad española, los ciudadanos, al menos el sesenta por ciento que vivimos en las periferias, exigimos respecto territorial. Y ganaría, el rey Felipe, credibilidad para su reinado y estabilizando la monarquía como forma de Estado, si volviera a la idea símbolo de la unidad de España desde el consenso y, esta vez, haciendo hincapié en la concertación con todas las nacionalidades y regiones a que se refiere la Constitución. Esa es la unidad nacional que cuenta, la del acuerdo de futuro: una monarquía símbolo de la unidad en una España federal.

El Rey está ante su gran crisis de reinado, se junta el independentismo, la intolerancia del franquismo renacido y los populismos. La necesaria reforma constitucional tendrá que abordar estas tres cuestiones: Modelo territorial, sistema de partidos y sistema electoral, y reformas democráticas en las instituciones; También, en el poder judicial convertido en reducto conservador; no solo por la adscripción personal de las personas sino, y muy importante, por un sesgo ideológico de tradicionalismo, trasnochado, en la propia filosofía de fundamentos del derecho.

El modelo territorial que tenemos ha resultado ineficiente e insuficiente para conciliar a Catalunya y Euskadi en España, objetivo último del desarrollo autonómico. El sistema de partidos endogámico y descontrolado, mimado por un sistema electoral ad hoc, ha dado como resultado que los partidos han actuado mirando el interés ideológico privativo, en lugar de buscar el interés general, lo que ha posibilitado la corrupción generalizada. Y, en tercero lugar, tras la cuestión territorial y electoral, la reforma constitucional tiene que dar respuesta a la demanda social de mayor implicación entre política y ciudadanía; tiene que establecer mecanismos de la llamada democracia participativa, para que la sociedad sea consultada más allá de los referendos que constituyen las convocatorias electorales.

El Rey Felipe sigue teniendo, como cuando tomó posesión, y publiqué en un artículo (UH, 16/6/2014), estas tres cuestiones que podrían justificarle en el reinado. De su acertada resolución depende su aceptación y respaldo institucional y popular, y que se allana el futuro de la institución monárquica. Podría ocurrir, como en el reinado de su padre, que se le quisiera como rey en un país más bien republicano.