Hace unos días la segunda institución más importante del país, los seis grandes del sistema bancario, hicieron una provisión de fondos extraordinaria para hacer frente al aumento exponencial de la morosidad que se producirá este año. Sin esas provisiones, la falta de liquidez provocaría la caída en picado de las cotizaciones en bolsa y, a parte de la pérdida de patrimonio de autocartera y para los accionistas, dejaría al sistema a merced de inversores globales y de fondos soberanos; vendiéndose paquetes accionariales a precios de saldo, como en 2008.

Las crisis, todas, desde las económicas o esta sanitaria, hasta las sociales o bélicas tienen siempre su coste político porque la sociedad demanda de la política protección ante la adversidad y estabilidad, para que las relaciones sociales y la economía del día a día fluyan sin sobresaltos. ¿Qué vamos a hacer, pues, para blindar la estabilidad política?

Tras veinte años de estar gobernados por ese bipartidismo imperfecto y acomodado, en el que se han sucedido gobiernos políticos pero no gobiernos de Estado y que nos ha llevado a esta polarización suicida, es preciso repensar cómo continuar. La sociedad se ha cansado. Ya no está dispuesta a ser manejada a conveniencia de corporaciones económicas, sociales o políticas. El sistema ha estallado porque se ha visto descubierto en su trama, un status quo trabado en el consenso de la transición: un guión de democracia política tutelada por una derecha filofranquista, clasista y antiliberal que supo imponer sus líneas rojas, con diques que impedían que el sistema se modernizara y evolucionara.

Nada de tocar a las familias que se habían enriquecido con la dictadura: continuidad económica y salvaguarda de su impunidad. Nada de tocar los cimientos ideológicos de la dictadura: estado unitario, y en forma de monarquía con prerrogativas de intocabilidad, un ejército con capacidad constitucional para intervenir, leyes muy interpretables para que un tribunal constitucional decidiera a conveniencia y un aparato electoral que favoreciera a la política ortodoxa, de la continuidad; bajo barnices ideológicos que no tocaran la medular de los principios que sustentaron la Dictadura.

La crisis del covid-19 ha puesto de relieve que la sociedad, y el Estado, estaban desamparados ante este tipo de contingencias y la opinión mayoritaria responsabiliza a los políticos porque estos están para garantizar la buena salud y el futuro de la sociedad. Y cabe esperar que este divorcio entre sociedad y política vaya en aumento, espoleado por los extremismos ideológicos hasta que las urnas determinen.

Antes de esa nueva cita electoral, este gobierno tiene la responsabilidad de Estado de no dejar caer el sistema democrático y liberal, y blindarlo ante los ataques que va a recibir de quiénes querrían volver a un autoritarismo de guante blanco; a la polaca, a la húngara o la turca.

Y la clave está en la reforma de una ley electoral, promulgada antes de las primeras elecciones democráticas para beneficiar a UCD, y que prima la representatividad política de las provincias más conservadoras; que siguen actuando hoy como plus para el tradicionalismo.

Para blindar la pluralidad del sistema democrático es preciso dar más protagonismo a la sociedad frente al dirigismo de los partidos, porque es preciso implicar más a la sociedad en las elecciones de sus representantes, y eso, supone una  reforma profunda de la ley electoral que, entre otras, permita a los electores priorizar, con listas desbloqueadas, la elección de sus candidatos de mayor confianza.