Al día después de la sentencia del Procés se abren todas las posibilidades. De confrontación o de una solución a corto plazo, pero la pista de por dónde se puede ir será la macro encuesta real: las elecciones del 10 de Noviembre. Ese día calibraremos qué se piensa en Catalunya. Si el soberanismo y el independentismo mantienen o ganan votos, si el discurso revanchista de los del PP y Ciudadanos aumentan o disminuye en número de votantes, y si el pactismo centrado del PSC e incluso de los de Colau, aguantan la previsible radicalización.

La otra pata del conflicto, los resultados en el resto de España, marcarán las líneas de un posible pacto de Estado que pueda cerrar ese episodio radical de enfrentamiento entre instituciones políticas de Catalunya y el gobierno del Estado. Dependiendo del resultado, nos espera un cierre en falso y mayor confrontación en un futuro imprevisible, o una solución equilibrada, inteligente y viable.

El Procés ya ha entrado en la historia moderna de las seculares tensiones entre Catalunya y España. Un incidente más que añadir a la lista de reivindicaciones de los catalanes, una mayoría cualitativa de cerca del 80 por ciento, en post de preservar su identidad histórica. Y en ésta, viene a cuento traer a colación que la deriva independentista del Procés ha sido novedosa y ajena al historial de enfrentamientos políticos en el pasado. Desde el último momento de confrontación, con la exigencia de la autonomía cuando se tenía que redactar la Constitución y con la inclusión del término nacionalidades, hasta momentos convulsos del pasado reciente, en los que no se ponía en cuestión la entidad supranacional y estatal de España, el catalanismo más exigente siempre se vio formando parte del total español.

Desde la proclamación, per Lluis Company, del Estat Català dentro de la República Federal Española; o la del president Macià, dando la bienvenida a la República Catalana dentro de una futura Federación de Repúblicas Ibéricas, y aún remontándonos a la Primera República, la constante política de una futura Catalunya libre siempre se ha enmarcado en una estructura federal de España. Lo del Procés, según lo veo, ha sido una subida de tono, más fruto de la impotencia frente a un gobierno intolerante, de corte reaccionario y absolutista, y políticamente irresponsable, de Rajoy y, en eso, con continuidad en Casado, que de una convicción independentista enfrentada a la realidad política de España.

Después del ruido independentista y soberanista de los días post sentencia y hasta el 10-N, es de prever que se imponga la vuelta a la mesa de diálogo con el encuadre que determine el resultado electoral.

La incógnita relevante va a ser lo que suceda en el Senado. Si el PSOE reedita la mayoría absoluta es probable que repita como presidente Manuel Cruz, primer presidente de Federalistes d’Esquerres (2012), asociación creada para difundir la idea federal, e impulse desde el Senado una propuesta de reforma constitucional dejando la puerta preparada para que España, como Bélgica, se transforme en una monarquía federal.

Una propuesta del Estado integradora hacia el soberanismo pasa por un pacto federal, en Catalunya, que pueda extenderse, en su día, a otras Comunidades Autónomas con parecida masa crítica.