(Publicado hoy, en UH)

Cuando se publique este artículo ya habrá tenido lugar la sesión del Parlament y el president Puigdemont habrá tomado la decisión más trascendental en la historia de la Catalunya contemporánea. Sea cual fuere, tiene ante sí un país dividido. No entre el soberanismo y el españolismo, que ese es el discurso que gusta a la parte de España donde electoralmente es rentable el anti catalanismo, sino entre quienes proponen un nuevo engarce de Catalunya en España y quienes pretende la independencia haciendo oídos sordos a la realidad política que, en tiempos de paz, no es otra que la economía.

Y es que, como explicitan las imágenes de la conversación entre Junqueras, Cuixart emitidas por TV-3, el paso del proceso independentista lo marca la CUP, el partido anarco socialista y leninista, que no quiere más que hacer su revolución de los claves. El anticapitalismo es un enfoque intelectualmente defendible pero políticamente demoledor por cuanto supone desengancharse del sistema económico y social en el que estamos inscritos, la economía globalizada, para sustituirlo por proyectos de contingencias, del a verlas venir, sin horizonte. Solo incógnitas.

El estado de la crisis catalana, al margen de lo que haya sucedido en la tarde del martes, es que el 1-O hubo un referéndum de independencia masivo, con el valor extraordinario de haberse realizado en una Catalunya ocupada policialmente por la Guardia Civil y la Policía Nacional, desplazada desde otras partes de España. Que las manifestaciones sucesivas, las favorables a impulsar la independencia, como la del domingo de mantener la unión con España, con desembarco de otras regiones y con regocijo de sectores neofranquistas, muestran una sociedad dividida por mitades no equiparables en número pero con la aquiescencia de las grandes y medianas empresas que, ante las bajas continuados en la Bolsa, han tenido que responder con el cambio de sede social fuera de Catalunya. A nadie se le escapa las repercusiones para las arcas tributarias en Catalunya y, más aún, la señal de miedo que se envía a los inversores y actores de la economía mundial; Mobile Congress incluido que está a tiempo de sustituir a Barcelona en el próximo febrero. Las empresas que se van difícilmente vuelven, al menos de manera inmediata. No hay más que fijarse en el, llamado, efecto Montreal cuando se temía que Quebec pudiera acceder a la independencia.

Esta crisis ha supuesto el naufragio del liderazgo de Junqueras. El historiador y doctor en Historia del Pensamiento Económico, al que se le suponía más conocimiento y pulsación de la realidad de la economía, ha fracasado en su gestión. Ha despreciado las señales que se le envían desde el empresariado globalizado de la economía catalana y con bisoñez rozando lo grotesco, embarcado en la CUP, forzó a la radicalidad del ahora PDeCAT.

El partido de Artur Mas, el Gobierno Rajoy haría bien en procurar que su inhabilitación se redujera a su paso por el Tribunal Supremo, es el interlocutor con mayor credibilidad en el soberanismo no visceralmente independentista. El PDeCAT estaría en disposición de recuperar el votante perdido de la Convergència del pragmatismo y a los catalanistas de Unió. Y es más que probable que también a una parte de los de Esquerra, que ahora se dan cuenta de la inutilidad practica de sus jefes de filas.

Ha crecido, y mucho, Ada Colau. Su posicionamiento por el soberanismo, no necesariamente independentista, la ha situado en un plano de intermediación de valor. Y su discurso del lunes no puede quedar en vacío para los interlocutores de esta crisis como, en sentido contrario los que rodean a Rajoy están mostrándose como los nietos de esa nacionalnacionalismo español del siglo XIX que apoyó el franquismo.

Tras la sesión del Parlament de ayer, cuando se escribe este artículo aún no ha comenzado, solo unas elecciones autonómicas en las que el PDeCAT debería marcar estilo propio pueden resolver el sudoku.

Xavier Cassanyes