El mundo avanza hacia un autoritarismo de guante legal en beneficio del establishment, justificado en un Estado de Derecho que ha perdido su sentido jurídico para obedecer consignas políticas. China y Rusia están imponiendo sus reglas económicas y, detrás, el modo autocrático del poder que ahora se cierne sobre Estados Unidos.

El contagio se ha ido consolidando durante la crisis a medida que los gobiernos de las economías occidentales, las más encharcadas en el capitalismo financiero global, eligieron salvar a las grandes corporaciones bancarias mientras dejaban caer las economías familiares y el tejido productivo local. Del enojo social surgieron los populismo, desclasados e intergeneracionales y, ante el temor de que pudieran acceder a las instituciones políticas acostumbradas al control y la previsibilidad, se han empeorado las legislaciones sobre derechos, y la interpretación de las leyes se ha corrompido de ideologismo sectario.

El escándalo de que se consideren delitos la sorna, el chiste o la expresión de un deseo político, por mucho que pueda disgustar a algunos, es un atentado a lo más íntimo del derecho fundamental de la persona. La revolución contra el Antiguo régimen feudal, autoritario y autocrático, proclamó los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y estos están protegidos por la Constitución y en la Declaración Universal de Derechos Humanos. El caso de la chica de Murcia, para la que la Audiencia Nacional pide dos años y medio de prisión por un delito de opinión, por chistes de humor negro sobre el asesinato de Carrero Blanco por ETA, es una indignidad para el Estado de derecho y recuerda al Tribunal de Orden Público (TOP) del franquismo. Es como si se quisiera condenar, y con cárcel, a los redactores del semanario Charlie Hebdo porque a los musulmanes no les gusta que se hagan chistes sobre su profeta. Una sociedad de libertades no puede considerar delito la opinión de unos porque no guste a otros, y exigiendo que se reprima la libertad de expresión. Esa no es la España que queríamos en 1976.

Como es igualmente intolerable, para la salud de la democracia, los tics autoritarios de algunos que piensan que hacer públicos los atropellos del poder podría considerarse una invitación a rebelarse contra aquel. Entonces, toda la profesión periodística y la política de oposición serían culpadas. Esta autocensura del miedo a informar, sobre hechos que pueden desembocar en denuncias, es una dinámica perversa que conocimos bien en la dictadura; ningún presunto delincuente podría ser descubierto si no se parte de noticias inciertas, porque al inicio de cualquier indagación solo hay indicios. Luego, si el delincuente es hallado empantanado en sus enredos, y sufre vergüenza y descrédito, nada de ello debiera ser imputable a quien desenmascara y pone al descubierto las tropelías. No lo entendió señora política.

Si las opiniones y las intenciones, o los proyectos políticos democráticamente lícitos,  no pueden manifestarse libremente estaremos retrocediendo lustros en nuestro sistema democrático y el precio será dar crédito a subvertir el orden político.

Es evidente que resulta urgente derogar, o reformar profundamente, la ley mordaza para no dar cobertura legal a la consideración de delito, ni siquiera de falta, a manifestaciones que son de opinión y que no pueden enjuiciarse desde una discrecionalidad de servicio político.