La nueva gestora del PSOE prefiere votar la investidura de Rajoy antes que ensayar un gobierno socialista con apoyo de Podemos y los nacionalistas e independentistas. Continuando con la tradición del socialismo del PSOE, compartiendo la visión jacobina del nacionalismo español que se impusiera entre los movimientos y partidos liberales tras la guerra napoleónica, el PSOE ha imposibilitado un entendimiento con los nacionalistas. La cuestión de Catalunya, como advertía hace un año tras las elecciones catalanes que dieron la mayoría de gobierno a los independentistas, fue la cuestión determinante en las dos últimas elecciones generales, tanto en el 20-D, como en el 26 de junio, aunque no en las campañas electorales, sino imposibilitando un gobierno alternativo al popular.

Ahora el PSOE se debate en cómo concretar esa abstención para que Rajoy siga en el gobierno. Y parece que lo más sensato, o menos dañino, va a ser que 11 diputados se abstengan en la investidura, ahorrándose la crisis de obediencia que supondría que no solo el PSC sino otros muchos diputados en otras autonomías rompieran la disciplina de voto. Un voto socialista fragmentado daría todos los argumentos para un enfrentamiento ideológico puerta a puerta con Podemos que ya tiene, con toda probabilidad, la batalla ganada en Andalucía: Marea atlántica.

Con la abstención programada del PSOE, Mariano Rajoy, sin acuerdo de gobierno, se enfrentará a una legislatura difícil porque va a tener que trabajarse cada una de las iniciativas legislativas que quiera a impulsar pero, también, porque va a estar pendiendo de la amenazante moción de censura, que abocaría a que esta legislatura fuera singularmente corta. Pero, aún así, una gobierno de medio ciclo no sería ningún drama institucional dada la excepcionalidad del momento político, en que deberá darse una solución, el sentido común dice que negociada, a la voluntad secesionista en Catalunya.

Este nuevo gobierno de Rajoy, con la debilidad de no tener un grupo mayoritario que lo sostenga, tendrá en cambio la oportunidad de reconciliarse con la opinión pública, si es capaz de revisar algunos excesos políticos e ideológicos que han resultado nefastos para la convivencia nacional. Una legislatura en que tendrá que mostrarse fuste y altura de Estado, liderando reformas institucionales que ya están en el debate político y para las que podría contar con el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios. Reformas de calado institucional como la ley electoral, la reforma del Senado y una revisión del actual modelo territorial que prevea una solución para Catalunya capaz de persuadir a la mayoría de los independentistas.

La reforma de la ley electoral sería un buen comienzo. Sin tocar la Constitución, se puede revisar el actual sistema de listas cerradas y bloqueadas; la ley d’Hondt; establecer un mecanismo para que los llamados restos electorales, que actualmente se dejan sin representación, se contabilicen a escala nacional en otra lista, como sugería UPyD, y el restablecimiento de las condiciones del voto rogado previo a la reforma que impulsara el gobierno de Zapatero.

En cuanto a Catalunya, urge una salida institucional, constitucionalmente viable a corto plazo, como la vía del artículo 167 de la Constitución, y suficiente para rehacer los vínculos rotos abriendo un mutuo periodo de reflexión.