Salvo acuerdo in extremis, hasta el 9 de enero hay plazo para votar un presidente de la Generalitat, la disolución del Parlament y convocatoria de nuevas elecciones sería la mejor y providencial oportunidad para una salida intermedia y satisfactoria al soberanismo. Unas nuevas elecciones autonómicas paralizaría el proceso independentista y supondría un balón de oxígeno, una oportunidad de oro, para reconducir el conflicto Catalunya-España proporcionando tiempo para que un nuevo gobierno nacional propusiera un plan territorial capaz de convencer a los catalanes de que su mejor futuro está en España.

La relajación de la tensión con Catalunya no beneficiaría los intereses de PP ni de Ciudadanos, que se retroalimentan con el asunto catalán, pero en cambio sí favorecería al PSOE y a sus posibilidades de formar gobierno y a su apuesta por el federalismo como modelo territorial que se vislumbra como la única alternativa viable de entendimiento con los catalanes.

Aunque con sensibles diferencias sobre el tipo de federalismo, el PSOE podría ponerse de acuerdo en un modelo federal equilibrado en lo económico y amplio en lo político, con capacidad para interesar a los soberanistas catalanes, como en el caso vasco y navarro. A diferencia del federalismo de registro bajo, similar al sistema autonómico, el socialismo periférico ve en el estado federal la oportunidad para una refundación de España desde la pluralidad, y el respecto a las regiones con entidad nacional, que aleje los recurrentes episodios de enfrentamiento territorial. Se trataría de afrontar un salto cualitativo similar al que significó la Transición, esta vez, creyendo en la viabilidad de un Estado y un ser español sin las históricas imposiciones del españolismo de Corte, y de nostalgia del Imperio, que tan mal resultados ha dado para la convivencia.

La plurinacionalidad es un debate que está pendiente de resolverse desde la implantación del Estado moderno, siendo piedra de choque y enfrentamiento de cada generación política. La revolución liberal del siglo XIX, sus sucesivos gobiernos, y los intereses económicos que los apadrinaban, no quisieron ver la pluralidad regional y cultural de España esforzándose en uniformar el País para establecer la unidad de mercado y facilitar el progreso de la economía liberal con la creación de las provincias (1833). Con las diputaciones, el Estado dispuso de instituciones del poder para acabar con los vestigios de los fueros que habían sido el cuerpo legal, en los distintos reinos de la monarquía hispánica, antes de que fueran abolidos y sustituidos por los de Castilla (1715).

Tras las elecciones del 20-D los electores han mostrado que no quieren al partido conservador en el gobierno. De modo que la única mayoría, ideológicamente viable, es la que pudiera conformarse en torno al PSOE que, aún habiendo perdido 20 diputados, obtiene mejor resultado diferencial que el PP, que ha tenido 63 escaños menos. Pedro Sánchez se erige, así, en el encargado de conformar un gobierno por el cambio político y con el encargo de encauzar el diálogo con Catalunya. Pero eso solo será posible siempre que, por razones de Estado, cuente con el respaldo tanto del PSOE centralista como de Ciudadanos, que deberían liberarse del corsé de su anti nacionalismo visceral.