En las elecciones del domingo se terminó con el bipartidismo entrando en liza dos nuevos partidos que, con génesis distintas, se proponen una limpia y una regeneración completa del espectro político español.

Ciudadanos comenzó con timidez a escala nacional buscando representar el espacio de centro liberal a imagen de otros modelos europeos, pero vio enseguida que si quería tener cierto recorrido y no convertirse en bisagra al estilo del FDP alemán, tenía que aspirar a reemplazar al PP como referente del centro derecha. Pero hollar en el partido popular, con un electorado extraordinariamente fiel, pasara lo que pasara, no era tarea sencilla por lo que prefirió mellar en los caladeros socialistas. Las encuestas respondieron bien hasta que excesos verbales descubrieron a la opinión pública que el partido de Rivera tenía más de liberal conservador que de demócrata liberal.

TRAS LOS RESULTADOS Ciudadanos sabe que en un adelanto electoral reduciría su número de diputados. Probablemente, a casi la mitad, ABOCADO A CONVERTIRSE, CON TODA PROBABILIDAD, EN UN partido bisagra, sin capacidad para SER el referente de centro (derecha) Y DESPLAZAR AL PP.

Apoyar un gobierno de transición presidido por Pedro Sánchez, si bien pudiera enemistarle con parte de su electorado, si consiguiera implementar alguna de sus promesas estrella: REFORMA DE LA LEY ELECTORAL, (ley orgánica que no necesita mayorías cualificadas) RACIONALIZAR LA ADMINISTRACIÓN, iniciar el proceso de estudio para ELIMINAR LAS DIPUTACIONES (en todo caso que dependiera de las CC.AA), y medidas de racionalidad tributaria de los autónomos, podría presentarse ante las nuevas elecciones con avales suficientes para aportar credibilidad a un mayor electorado. 

El liderazgo de Pedro Sánchez, por su parte, tiene a remolque la presión de Susana Díaz,  exconsejera del investigado Manuel Chaves, representante de la vieja política que Podemos se propone apartar de las instituciones. En el PSOE coexisten, pues, dos sensibilidades: la España cañí, de los antiguos algoritmos ideológicos que preferiría ceder la presidencia de gobierno al partido antagonista, y la que podría entenderse con los nacionalistas en un proyecto federal para el Estado.

Para el PSOE, unas nuevas elecciones supondría  un varapalo en beneficio de Podemos.

Pedro Sánchez tiene ante sí el reto de imponerse a los barones más centro-españolistas y que asuman el federalismo fundacional. Un PSOE capaz de entender y asumir la cuestión de los nacionalismos, especialmente Catalunya, sería su mejor aval para recuperar el terreno perdido frente a Podemos y el nacionalismo no independentista y le convertiría, otra vez, en el referente de la izquierda dentro del sistema de partidos europeo.

Una reforma electoral que armonice la representatividad de los escaños y una redistribución de distritos electorales para el Congreso y el Senado le favorecería, incluso electoralmente. Si algo han puesto al descubierto las elecciones del 20-D es que los cáculos miméticos de otras elecciones fallan.

España vive aires de cambio importante, de refundación. No sería acertado utilizar la calculadora para diseñar una nueva ley electoral a beneficio de parte, como hizo UCD y pretendiera hacer el PP gratificando con 20 escaños la lista más votada. Quien tenga dudas que repase la ley electoral republicana que estuvo en los orígenes de la permanente inestabilidad que acabó en el enfrentamiento civil.

Podemos ha sabido conectar con el descontento social y proyectar la esperanza de que existe otra política económica posible. Un posibilismo del que Ada Colau sería una excelente representante. Mostró, al frente de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, cómo la movilización social junto al trabajo en los despacho de la justicia europea, “a Dios rogando y con el mazo dando”, lograron modificar las leyes españolas sobre los préstamos hipotecarios. Un hito que se reconoce poco pero que indica el camino a recorrer cuando se trata de reivindicaciones social y jurídicamente argumentables.

Por un lado, Podemos y los nacionalistas, y el PP, serían los que más tendrían que ganar en unas nuevas elecciones.

Unos y para otros,  plantearían sus campañas como del voto útil frente a la falta de flexibilidad de los partidos competidores y la «recurrida» inestabilidad institucional.

Como saben quienes conocen, a los mercados,  a la política internacional, no les preocupan los cambios (salvo de sistema económico: el plante)  sino no saber  a qué atenerse: qué cambios, cuándo y cómo; temen la incógnita, lo desconocido.

Unas nuevas elecciones como resultado de la frustración, de la incapacidad de unos y otros para olvidar sus líneas rojas y actuar con pragmatismo beneficiaría a aquellas formaciones que se han posicionado claramente por opciones maximalistas y excluyentes:

El PP, en lo económico y constitucional; Podemos, en lo social, transparencia y nuevo orden constitucional y los Independentismos, no creyendo en la capacidad de los partidos nacionales para plantear una nueva ordenación territorial capaz de absorber sus reivindicaciones, buscan lisamente la independencia.

El PP recuperaría voto cedido a Ciudadanos y Podemos acabaría con buena parte de las expectativas de futuro del PSOE. A Izquierda Unida le esperaría el mismo fin que a UPyD y Unió. Los nacionalistas saldrían reforzados ya que podrían argumentar que los partidos nacionales o no les entienden o no tienen margen de negociación.

Las elecciones del domingo han constituido el primer acto en ese nuevo proceso de transición política que la sociedad está demandando en estos últimos años y, con mayor intensidad, desde las elecciones Europeas.

¿Qué va a pasar ahora? La ciudadanía ha votado cambio, pero el PP tiene mayoría absoluta en el Senado y la reforma del cambio es inviable.

(Sin olvidar los 58 Senadores de designación autonómica)

Lo razonable, a la vista de la voluntad de las urnas, sería un voto de confianza a la segunda lista más votada, un gobierno socialista con el apoyo de Podemos, y con una agenda pactada con el horizonte de elecciones anticipadas en 18 meses. El soporte de Ciudadanos escenificaría su centrismo ideológico y, aún si no contara con los soberanistas catalanes, pero sí con el apoyo de IU-Unidad Popular y el PNV, habría mayoría suficiente para acometer la deseable reforma de las circunscripciones y de la ley electoral y un panel de medidas de urgencia con intervención de cada una de las candidaturas coaligadas.