Cada vez que se convocan elecciones locales, e incluso autonómicas, los analistas tenemos que recordar que se trata de votar a quienes queremos que se ocupen de las administrar los ayuntamientos y los gobiernos regionales, más allá de planteamientos generales de política de Estado que se salen de sus competencias. El electorado, por su parte, vota mirando de reojo o con toda intención, a la actuación de tal o cual partido en sus responsabilidades de política nacional, sea en el gobierno o en la oposición. Las elecciones locales, y más las autonómicas y de grandes municipios, siempre acaban por traslucirse un voto de castigo o de premio a la política nacional.

Estas elecciones que se avecinan pillan al electorado en plena transición de un bipartidismo patrimonialista, sin espacio para otras formaciones con posibilidades de influir, excepto en Cataluña y Euskadi, donde el bipartidismo nunca fue hegemónico,  y un horizonte previsible de doble bipartidismo: dos partidos desde la derecha, Partido Popular y Ciudadanos, y dos desde la izquierda, Partido Socialista y Podemos.

Esa realidad política recuerda mucho a aquellas primeras elecciones municipales de la democracia en 1979, celebradas el 3 de abril, que se tuvieron lugar después de las generales del uno de marzo porque se temía que si se celebraban primero las locales, donde  se vota en clave de proximidad, se afectaría a las expectativas de los grandes partidos que con mayor presupuesto y menor militancia, se dirigen desde gabinetes de asesores de comunicación y de márquetin. Como, en efecto, se comprobó en las elecciones municipales de entonces, Unión de Centro Democrático y PSOE habían perdido un 4 y un 2 por ciento respectivamente de votos, y Coalición Democrática (Alianza Popular) la mitad de sus votantes (del 6 al 3 por ciento), mientras que el Partido Comunista aumentaba en 3 por ciento, y los nacionalistas CiU y PNV aumentaban, casi el uno por ciento. Los adelantos electorales en las elecciones generales han situado las municipales por delante de las generales y se han convertido en el test de los comicios de noviembre.

La previsiones apuntan a que, en efecto, las próximas elecciones del 24 de mayo, supondrán una primera vuelta de las generales y, ahora sí, va a tener sentido pensar el voto y votar más de cara a las repercusiones de política nacional que a la sola administración municipal, y aún autonómica.

Y en esa perspectiva, sobre todo por lo que se refiere a las autonómicas, va a ser determinante el análisis que haga el votante de las formaciones políticas que se presentan. El electorado tendrá que valorar que las cuatro formaciones que se presenta a nivel nacional no responden a un mismo esquema de ocupación del espacio político.

Mientras que el PSOE y Podemos, moviéndose ambos en la izquierda son extremadamente diferentes, el primero responde a un perfil socialdemócrata clásico en tanto que Podemos es un aglutinado heterogéneo con grandes incógnitas; en el lado de la derecha, el PP es perfectamente conocido y Ciudadanos se parece, cada vez más, a una marca blanca del partido popular y no precisamente de su componente más integrador y progresista. De modo que aquí en Baleares cobran, plenamente su sentido político partidos regionales como el PI  o los nacionalistas de Més.