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En el discurso institucional, el rey don Juan Carlos desvela algunas claves que son reveladoras de las razones políticas de su renuncia. Ciertamente que ha manifestado que había tomado la decisión en enero, cuando su cumpleaños, pero a nadie se le escapa la coincidencia del porqué de su anuncio ayer, en plena resaca postelectoral.

 

El vuelco al sistema de partidos, que ha funcionado desde la Transición, y, en Catalunya, el refuerzo del soberanismo, habrían convencido al rey de la necesidad de adaptar la constitución a las exigencias y necesidades de hoy. Pero la cerrazón, en banda,  de un presidente de gobierno reformista que no quiere oír hablar de reformar la constitución, no habrían dejado otra salida que la abdicación. El Rey no ha tenido otra manera de marcar su posición que provocando el cambio desde arriba. Me voy, a ver ¿qué hacéis?

 

Si de la monarquía se espera una cometido es, precisamente, el de preservar el valor de las instituciones que dan entidad al Estado: las que lo configuran como tal y  en una democracia, que dan la medida de su capacidad para representar a la ciudadanía.

 

Lo uno y lo otro están en crisis, hay que decirlo, por la irresponsabilidad política de partidos que han actuado mirando el interés ideológico privativo, en lugar de buscar el interés general. La corrupción generalizada, me atrevo a decirlo, pues pocos de los que han tocado verdadero poder se escaparían en una auditoría rigurosa, ha dado al traste con la presunción de honestidad de los partidos y esa mancha de sospecha resulta insoportable para dar otra oportunidad, sin más, a un sistema de partidos dañado de raíz y que sólo puede aspirar a una refundación desde los cimientos.

 

Del otro lado, el esperpento que supuso la sentencia contra algunos artículos del Estatut de Catalunya, adoptados curiosamente en el de la Comunidad Valenciana sin  asomo de inconstitucionalidad, se interpretó (y no habría cómo argumentar lo contrario), como una humillación para Catalunya. Pues, ¿cómo si no se lee, políticamente, que un Tribunal, minusvalorado, mermado en el número de miembros y con magistrados con sospecha de estar al dictado político, enmiende un estatuto de autonomía, votado por el parlamento catalán, convertido en ley orgánica por las Cortes y votado en referéndum en Catalunya?

 

La crisis de las instituciones y la crisis del estado, con el debate soberanista en Catalunya, habrían sido las razones de peso político que sumaron para tomar la decisión, y el resultado electoral de las europeas, el catalizador. Pero más allá, cabe buscar responsabilidades en la poca altura de Estado de quienes podrían acometer la gran transformación, la actualización de la Constitución para adaptarla a las necesidades y exigencias de hoy. Como habría querido el Rey:

 

“Hoy merece pasar a la primera línea una generación más joven, con nuevas energías, decidida a emprender con determinación las transformaciones y reformas que la coyuntura actual está demandando y a afrontar con renovada intensidad y dedicación los desafíos del mañana.”

 

Lo publiqué ayer, en un post de urgencia, el Rey se va ahora sin haber podido, como le habría gustado, concluir su reinado con otra aportación crucial para el futuro de España: dejar encarrilada, lo que muchos llamamos, una Segunda Transición, recuperando el consenso constitucional que era el compromiso, no escrito, de avanzar hacia un estado federal, y que se truncó como efecto del Golpe del 23-F, que tuvo como consecuencia el enroque hacia la recentralización y la incorporación del tardofranquismo a las estructuras de poder.

 

Y ahora ¿qué?

 

Al nuevo rey le toca la tarea, con su inteligente claridad y la energía de su madura juventud, de trabar ese nuevo pacto constitucional. Tendrá que lidiar con el poder político que ha ninguneado a su padre, aunque se prodigue en elogios, y echar mano de su poder de persuasión y carisma para, si es preciso, llamar a la responsabilidad para con España por encima de las lealtades partidistas.

 

Tiene muchos argumentos Felipe VI, para que la ciudadanía vea en la nueva Corona el símbolo de la unidad de España en una modelo de estado federal, confederal o, como seria mi apuesta, un planteamiento de estado co-federal, similar al confederal con la excepción del hecho de la soberanía que, por demás, cada vez es menos patente en la medida en que la Unión Europea decide cuantitativa y cualitativamente más.

 

A mi modo de ver, el camino del cambio constitucional seria la reforma que he estado promoviendo desde este blog,  con la implementación de  Comunidades Autónomas de régimen federal.

 

El itinerario descrito en el artículo ¿Comunidades autónomas de régimen federal? permite una reforma exprés, que se podría culminar en seis meses a lo sumo, y no obligaría a desmantelar el actual estado autonómico, pero sí facilitaría que todas las comunidades autónomas pudieran repensarse  territorial, e históricamente, posibilitando nuevas entidades con mayor fortaleza social y competitiva con que afrontar los desafíos de este siglo.