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Ciertamente, la deriva soberanista catalana tiene sus arraigos inmediatos en errores de políticos que han antepuesto su ideología, y su idea de España, a la comprensión de la realidad y que, lejos de gobernar desde el pragmatismo, han pretendido acomodar la sociología a las convicciones propias. En ese sentido resulta muy preocupante que ABC, diario monárquico que pretende servir a la Corona, jaleara en portada que los asaltantes a la sede de la Generalitat en Madrid, falangistas y otros grupos de ultraderecha, eran patriotas alentando, seguramente sin buscarlo, el encono contra quienes en Catalunya quieren que se les pregunten sobre la forma de engarce de Catalunya con España; consulta que como es obvio no prejuzga el resultado y que, con las informaciones que se disponen, se decantaría por un modelo federal.

La oportunidad de preguntar a los ciudadanos de Catalunya sobre su futuro sería el mayor acierto que podría tener el gobierno Rajoy para adquirir credibilidad ante una situación que, a pesar de tenerla atemperada porque tiene mayoría absoluta y las circunstancias internacionales, podría estallar fuera de control en unos años con una geopolítica distinta.

La consulta soberanista no prejuzga ningún intención de resultado. Es más, pactar la batería de posibles respuestas conviene al gobierno de España porque podría aprovechar este envite para reforzar la querencia de los catalanes en permanecer en el Estado Español siempre, naturalmente, que la oferta reformista fuera en sentido federalista. No se trataría de una reforma constitucional a la medida de Catalunya sino a la medida de las

El Federalismo es el mejor modelo para España porque simplifica las competencias de las regiones o estados federados: una competencia una administración y las responsabiliza de la marcha económica en su ámbito territorial. Es una perversión de teoría económica que durante decenios el crecimiento de regiones como Catalunya, pero también Balears, Comunitat Valenciana o Madrid, hayan visto mermado su crecimiento y su capacidad económica, por tener que transferir parte importantes de los recursos que recaudaban al Estado central, resultando de ello déficits financieros insostenibles; de más del 8 por ciento (12 por ciento en el caso de Balears), cuando en países solventes en saber de organización, como Alemania, se considera que la solidaridad interregional no debería ir más allá del 4 por ciento y ésta,  sujeta además a programas de inversión bajo supervisión estatal con la participación de las regiones donantes.

Cada Comunidad Autónoma debiera tender a equilibrar sus presupuestos por sí misma y el fondo de solidaridad tiene que tener sus límites. El famoso déficit cero, no se puede presupuestar más allá de lo que se genera, que es bueno para las administraciones públicas, no parece serlo a la hora de aplicarse al esfuerzo de las comunidades autónomas; sus bienes y servicios deberían de pagarse con los recursos propios que generan, asegurándose un mínimo igualatorio para todo el territorio español.

El ciudadano que contribuye a la riqueza de su comunidad espera que su esfuerzo revierta en mayores servicios, y calidad de vida, en el entorno donde vive y trabaja. Así, resulta un contrasentido que los dineros migren a otros territorios para que un presidente populista y oportunista, como el extremeño, impulse prebendas que se niegan en las regiones donantes.

Querer desvincular ciudadanía y territorio ha resultado un ardid contable que ha facilitado opacidades y una burocracia política institucionalizada e injustificada, además de mantener la falacia de administraciones autonómicas sobredimensionadas, insolventes e insostenibles. La ciudadanía catalana está muy sensibilizada en esta cuestión.

Si hace diez meses una encuesta, mostraba que el voto por la independencia bajaría del orden de un 10 a un 15 por ciento entre los indecisos, si Catalunya obtuviera un pacto fiscal similar al concierto vasco hoy, tras la masiva asistencia a la cadena soberanista, la Vía Española pasaría por un régimen federal, incidiendo especialmente en las relaciones económicas, educación y cultura y que Catalunya pudiera tener presencia diferenciada en la Unión Europea y en los foros europeos e internacionales.