Hace unas semanas, en las Jornadas sobre “El Futuro territorial del Estado Español”, organizadas por el Dr. Joan Oliver Araujo, catedrático de Derecho Constitucional de la UIB, presenté la comunicación “Una Segunda Transición: Un proyecto federal avalado por la Monarquía”. En ella, como ya he publicado en diversos artículos, expreso mi convicción de que España solo será viable como estado nacional desde un modelo federal asimétrico, con mayor grado de autonomía para aquellas nacionalidades con identidades nacionales, y que esta revisión constitucional tiene que liderarla el Rey.

Dado que los partidos políticos, que debieran impulsar la reforma de la Constitución, no están por esa labor presos de sus propias endogamias políticas y de un profundo desconocimiento de la historia de España y de los consensos constitucionales, recae en el rey Juan Carlos, motor y referente de la Transición, la responsabilidad de velar por aquellos consensos que aportaron estabilidad política a España. Estabilidad constitucional, hasta que el expresidente Aznar, en su empeño homogeneizador, expulsó a los nacionalistas de los órganos de ámbito estatal (desde el consejo de radio y televisión españolas a las instancias de gobierno de los jueces o las mesas del Congreso y del Senado), desencadenando la paulatina radicalización del nacionalismo hasta el soberanismo actual.

La Monarquía, arrastrada por el descrédito general de una clase política que ha gestionado con torpeza o maledicencia la situación económica y social, está hoy en el nivel más bajo de aceptación social. Solo un 53,8 por ciento de los encuestados se manifestaba, 2012, favorable a la monarquía como forma de estado; en 2007 era del 69 por ciento, y en 1998, diez años antes, del 72 por ciento. Entre los menores de 30 años la oposición a la institución monárquica es del 57,8 por ciento por lo que, si la Monarquía no es capaz de validarse como institución de progreso al servicio de España como hizo en la Transición, no es impensable que, a medio plazo, la presión popular haga inevitable un referéndum entre monarquía o república.

Ciertamente que el Rey no tiene funciones ejecutivas, como tampoco las tuvo antes de la muerte de Franco cuando preparaba en silencio los mimbres del estado democrático. Sin embargo, en el Título II de la Constitución, en los arts, 62 y 63, se hace referencia a otro tipo de funciones, y en el 64, aunque no se haga referencia alguna a sus funciones, se nos dice que sus actos serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, los Ministros competentes. De modo que, desde el punto de vista jurídico, el Rey sí tiene algún tipo de funciones ejecutivas si el gobierno las refrenda. El Rey ya usó de esas prerrogativas en el 23-F, cuando asumió un papel capital al desactivar el intento de golpe de Estado, actuando por encima del gobierno de Subsecretarios, en funciones. El Rey, hoy estaría legitimado para hacer oír su voz y convocar a las mismas fuerzas políticas, sociales y económicas que protagonizaron la Transición para trabar una nueva transición, y un nuevo consenso constitucional, recuperando la credibilidad social en la política y el favor de la Calle.

A la Corona, a la que no se ha votado pero se ha tenido como garante de la convivencia nacional, se le exige un plus, un valor añadido de responsabilidad social, de determinación y de coraje; un plus de esfuerzo, no menos gratuito que el privilegio de su estatus de condición hereditaria; y se le pide que desde su privilegiada situación, asuma un liderazgo de cambio que restablezca los dos grandes consensos que hicieron posible la Transición de la dictadura a la democracia: pacto en lo territorial y pacto en lo político; escollos entonces, y ahora, para que España pueda tener un proyecto creíble de país y recobre su autoconfianza y estima.

El rey Juan Carlos, con el Príncipe, tiene que dar el paso y saber atemperar tanto a partidos políticos como a la sociedad civil, y teniendo claro que la monarquía que no esta consolidada, pero sí de prestado porque supo aportar el valor añadido de impulsar el cambio necesario en la España de 1976, tiene ahora otra oportunidad de validarse y justificarse ante la sociedad.