Me ha parecido oportuno reproducir este artículo que publiqué en UH en 25-Mayo-2010

El descalabro en la credibilidad de los partidos políticos por los casos de corrupción, mala gestión o despilfarro obligan a replantear la entidad de los partidos políticos en  su funcionamiento y organización. Como institución esencial del sistema democrático, los partidos políticos tienen la capacidad, y obligación, de canalizar la participación de la ciudadanía en la dirección política de la sociedad y, como institución que forma parte de del sistema político deben, y son, fiscalizados por los poderes del Estado.

La proliferación de casos de corrupción, y de prácticas de deficiente gestión o de irresponsables, ha puesto de manifiesto tanto las debilidades, por inexistencia o déficit, en los sistemas de control de los poderes públicos, como la fiabilidad en la buena arquitectura de los partidos; con estructuras excesivamente piramidales, y corporativas, fácilmente presas de grupos de presión de intereses ideológicos, económicos o financieros.

Las encuestas y estudios de opinión muestran cómo el interés de la ciudadanía respecto a la política está en cotas muy bajas y  podría no recuperarse si no somos capaces de saltar el listón del desolador panorama actual, para hacer un esfuerzo hacia la objetividad, separando las responsabilidades penales, que deben de dirimirse en las instancias judiciales, de la funcionalidad y validez de los partidos políticos, y de sus líderes, como indispensables para garantizar la pervivencia del sistema político democrático.

Conviene, aquí, recordar que desde que se dieron las primeras revoluciones democráticas, y en especial la Norteamericana, los partidos, pasaron a ser elementos consustanciales con el sistema político parlamentario democrático. Tocqueville, el imprescindible teórico de los sistemas políticos, reflexionaba en “La democracia en América” (1835), afirmando sobre las asociaciones políticas (los partidos), que “a pesar de que aspiran a “imponer” sus puntos de vista en la comunidad, en la práctica la interacción entre ellas ha contribuido al surgimiento de normas de tolerancia y de institucionalización de los derechos democráticos”. Esto es evidente para los constitucionalistas, como E.E. Schattschneider, que en 1941 “Régimen de Partidos”, enfatizaba “que los partidos políticos crearon la democracia y la democracia moderna es impensable en otros términos que en los de los partidos”.

La ciudadanía distingue entre líderes corruptos y partidos políticos y se da cuenta que los Partidos no son responsables, como entidades jurídicas que son, de las prácticas de sus dirigentes, por mucho que estos hayan sido capaces de mimetizarse y camuflarse en la imagen pública de la entidad política. La ciudadanía, sabe distinguir también, entre decisiones acertadas, aunque con malas prácticas de ejecución, y decisiones equivocadas tomadas por empecinamientos ideológicos, o por clientelismos para contentar a sectores a fines, por mucho que puedan gozar de popularidad.

Esta crisis de moralidad ha emplazado a la clase política para que disponga los medios que eviten que hechos, como los que están en la mente de todos, puedan volver a producirse. Se está demandando, desde la sociedad, una revolución en los partidos políticos para que se doten de transparencia y permeabilidad; para que, aproximándose a lo que resaltaban los teóricos citados, sean catalizadores de las aspiraciones de la sociedad en su sentido más genuino. Desde su matriz de valores, sin duda, cada formación política deberá tener la mirada puesta en una sociedad que evoluciona al unísono, sea cual sea el punto de partida ideológico; de forma que ya no pueden valer apriorismos que estriban en las incertidumbres y miedos de la Transición, exigiéndose, ahora, la modernización de los discursos políticos e ideológicos, revisándose su validez para dar respuestas a la problemática de la sociedad moderna y en su futuro inmediato.