Dos factores contribuyen a cambiar las relaciones entre población y representación política, entre electores y políticos electos. De un lado, la crisis ha puesto en entredicho la capacidad y la solvencia intelectual de los representantes públicos para resolver las cuestiones políticas, obligando a la población a un sobre esfuerzo de entendimiento de qué se cocina y porqué en la política: la ciudadanía se ha alfabetizado políticamente. Del otro, las modernas tecnologías de comunicación, la instantaneidad con que la información se difunde y la interactividad que facilita, pero también induce, a respuestas rápidas a las problemáticas que se someten a discusión y a resolución.
La combinación de ambos, la mayor capacidad comprensiva del ciudadano y la facilidad de posicionarse y difundir su opinión al instante, en definitiva, la disponibilidad para asumir responsabilidades específicas en tiempo real, provoca que el ciudadano esté en disposición de pasar de ser elector ocasional (cada cuatro años) a referente permanente. En otra expresión, el ciudadano pasa de ser consumidor de una oferta, de un producto político presentado en un programa electoral, a convertirse en un consultor que produce programas y comparte servicios políticos, alineado con una matriz de ideas que se comparte con el partido: ideas genéricas, análisis, juicio político y programa de acción comunes.
Este cambio de paradigma en la democracia representativa de la, relativa, pasividad de las convocatorias electorales, a la permanente actividad, a través de las diversas redes sociales, merece tenerse cada vez más en cuenta porque formará parte del bloque de medidas que serán exigibles en un inminente saneamiento de la política. Conceptos como transparencia en la gestión y control de los dineros públicos, y de las actuaciones de quienes tienen responsabilidades públicas, políticas o sociales, tendrán que seguirse con una mayor permeabilidad de la sociedad hacia sus instituciones políticas. Se trata de implementar conductos adecuados para dotar de contenido a proposiciones como democracia deliberativa y participativa, y la política 2.0.
Para organizar y canalizar esa militancia cívica que se retroalimenta por la información y la autoformación, mediante los medios de comunicación social, y que tiene voluntad de participación y de responsabilidad en los procesos de decisión política, es preciso replantear el organigrama y el funcionalismo de los partidos políticos: asimilar las nuevas experiencias de expresión política, si no se quiere que éstas se manifiesten en novedosas plataformas sociales al margen o/y en contra de las fundamentos y presupuestos de la democracia representativa.
La democracia participativa que, grosso modo consistiría en plantear preguntas a la ciudadanía y recoger sus respuestas, o democracia deliberativa, un modelo normativo de toma de decisiones para la resolución de cuestiones, son modalidades que pueden incrementar la calidad del sistema político representativo.
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